Corrupción e impunidad: pestes sin cura

La pandemia de covid-19 no logró opacar a otros virus más antiguos y hasta el momento sin cura ni vacuna en nuestro país: la corrupción e impunidad. Antes de que termine el año, se dio el mayor blanqueo: una pena ínfima a los acusados del caso Audios Filtrados, liderados por Óscar González Daher. Lo que nos enseñó también este año es que la miserabilidad de los corruptos no perdona ni siquiera la peor situación sanitaria y económica en mucho tiempo, ya que no solo intentaron robar dinero destinado a insumos, sino arriesgaron la vida de muchos con compras defectuosas. Así lo demuestran casos como el de los “Tapabocas de oro”, del “Agua Tónica de Petropar” o de los “Insumos Chinos” del Ministerio de Salud.

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ABC COLOR

La Justicia de nuestro país no pudo haber elegido mejor fecha que el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, para que con la sentencia del Caso Audios, se cerrara con “broche de oro” un año donde los casos de corrupción fueron tan virales como el propio covid-19. El blanqueo solapado con una irrisoria condena, que ni siquiera hará pisar la cárcel a Óscar González Daher y los demás responsables de uno de los casos más alevosos de corrupción y tráfico de influencias destapados, no es un hecho aislado, ya que a otros ni la pandemia impidió que, desde instituciones del Estado, buscaran llevarse plata a los bolsillos y en vez de estar presos, organizan fiestas y actos políticos.

Pasaron tres largos años desde que se destapó uno de los casos más escandalosos en nuestro país, que no hizo más que confirmar que la justicia estaba sometida a políticos y a todo aquel que sea o amigo o socio de ellos. Con el centenar de audios filtrados se evidenció cómo el exsenador y expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Óscar González Daher, junto al exsecretario del JEM, Raúl Fernandez Lippmann, el exministro del Interior, Carmelo Caballero y otros señalados como el exsenador Jorge Oviedo Matto, presuntamente sometían a fiscales y jueces desde dicha institución.

Una cuestionable labor del Ministerio Público durante el juicio oral y público hacía esperar lo que finalmente se dio: Una sentencia que fácilmente puede catalogarse como el mayor blanqueo del año. González Daher fue condenado a apenas 2 años de prisión, aunque en realidad no pisará la cárcel, ya que se le aplicará la suspensión de la ejecución de la pena. Para él se pedía una condena de 7 años por los delitos de tráfico de influencias y asociación criminal, sin embargo, según el Tribunal solo se probó el primer delito.

Adicionalmente se lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por 7 años, sin embargo, en estos últimos tiempos González Daher ha demostrado seguir muy cerca de los más influyentes, tal como se apreció en el almuerzo que días atrás mantuvo con el expresidente Horacio Cartes, que tiene amplia influencia sobre los legisladores colorados y también, según se especula constantemente, también sobre la Fiscalía.

OGD pretendía volver en el 2023

Antes de terminar la producción de las pruebas, Óscar González Daher se mostraba confiado en su absolución alegando que la Fiscalía no presentó elementos probatorios en su contra. “Ustedes vieron todo lo que presentó el Ministerio Público, no tiene nada en mi contra, estoy tranquilo”, había manifestado.

El entonces acusado por tráfico de influencias y asociación criminal confirmó además que su deseo es volver a la arena política en el 2023. “Sí, volveremos con más fuerza que nunca”, respondió el exsenador colorado. Sin embargo la condena por tráfico de influencias y la pena adicional de 7 años de prohibición para ejercer cargos públicos truncan su intención de retomar el poder político.

Los otros acusados justo con González Daher, Fernández Lippmann y Caballero también recibieron condenas irrisorias, pero quién mejor parado salió del juicio es el exsenador Jorge Oviedo Matto, que fue completamente absuelto por el Tribunal, que no solo lo consideró inocente del “tráfico de influencias”, sino que también remitirán a la fiscalía los antecedentes por “declaración falsa” a los denunciantes y testigos del caso, la fiscala Casse Giménez y el defensor público, Fermín Bogado.

Si bien la Fiscalía anunció que analizará una eventual apelación a la condena, su trabajo durante este juicio no solo dejó mucho que desear, sino incluso hace sospechar que haya actuado de mala manera adrede para favorecer a los acusados. De hecho, el Tribunal anunció la remisión de los antecedentes de la actuación de los agentes del Ministerio Público al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y a la Fiscalía General del Estado.

Defensa amedrentó a periodista de ABC

En la audiencia del 23 de noviembre la periodista de ABC Mabel Rehnfeldt declaró ante el Tribunal de Sentencia, como testigo propuesto por el Ministerio Público, y ratificó que tras la divulgación de los audios por ABC Cardinal, entrevistó a los involucrados en esas grabaciones, a excepción del exlegislador por la ANR, y ninguno de ellos negó que fueran sus voces las que se escuchan en las conversaciones filtradas, como el caso del exsenador Jorge Oviedo Matto y los abogados Carmelo Caballero y José Domingo Almada.

Al momento de las consultas, la abogada Sara Parquet, defensora de OGD, consultó a Rehnfeldt si al momento de difundir los audios en su programa tuvo en cuenta que eran instrumentos lícitos que no vulneran derechos fundamentales. La periodista resaltó que “nunca hubiese ocultado bajo la alfombra esas grabaciones”, teniendo en cuenta que en las mismas se habla de la comisión de hechos punibles, en algunos casos incluso con flagrancia, y que por eso resolvió, junto con su equipo de periodistas, divulgar los materiales que le habían hecho llegar.

Agregó que el artículo 10 de la Declaración de Libertad de Expresión y de Prensa habla de que hay valores supremos que tienen que ver con el interés público, como en este caso, ya que en las grabaciones se evidencia la corrupción en el manejo de la justicia del país.

No obstante, la sentencia en mayoría de los jueces María Fernanda García de Zúñiga y Héctor Capurro, en la condena por tráfico de influencias en el caso Electrofácil dejó sentada una importante jurisprudencia sobre todo en garantía de la libertad de expresión y de Prensa. Si bien la magistrada recordó que no tomaron en cuenta en el juicio los audios filtrados como pruebas, tampoco se puede perseguir a la prensa por su divulgación.

“La vida privada de las personas que ejercen determinadas conductas en representación de la institución (del Estado) es sometida al control constante para establecer y dar seguridad jurídica. Siempre y cuando estas conductas no formen parte del fuero íntimo familiar, necesariamente son sometidas al control y el escrutinio ciudadano por la relevancia del poder que ejercen”, comenzó indicando la magistrada.

“El derecho a la intimidad cede al derecho de la información, cuando se trate de actos de corrupción que afectan a la Nación”, insistió en su argumentación, que fue respaldad por Capurro. Si bien indicó que existen artículos legales que garantizan el derecho a la inviolabilidad de la intimidad y las comunicaciones “dicha norma expresa en forma general la protección de las comunicaciones y la esfera privada, pero existen criterios de preponderancia de intereses de orden superior, los generales y los públicos, los cuales priman respecto a los particulares”.

“El servicio justicia es el pilar del sistema republicano de gobierno y en este caso particular se lo estaba pervirtiendo, por lo que nos resulta inadmisible que los acusados se escuden en mencionar su derecho a la intimidad, que se ha visto conculcado en detrimento del interés general de todos los ciudadanos de la República”, enfatizó la magistrada.

Audio filtrado en pleno juicio

Durante la audiencia del martes 17 de noviembre se filtró una breve charla entra las fiscalas Natalia Fúster y Sussy Riquelme. En el vídeo viralizado en las redes sociales se escucha a Fúster preguntar: “¿Qué le pasa a esta vieja de mierda? (sic)”, a lo que Riquelme responde: “No sé”.

Días después la agente del Ministerio Público aclaró que se trató de un “exabrupto” por las “declaraciones falsas” de la testigo Alma Alvarenga ante el Tribunal de Sentencia. Fúster dijo que pidió disculpas a la afectada y aclaró a la abogada Sara Parquet que no la aludió en ningún momento.

Papelón de la Fiscalía en producción de prueba

El 17 de diciembre finalizó la etapa de producción de pruebas con un desacierto del Ministerio Público, cuyos agentes no pudieron extraer los datos de un DVR (digital video recorder) del circuito cerrado de la sede del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados porque no tenían la contraseña del equipo que fue incautado en diciembre del año 2017.

Ante la imposibilidad de acceder a la información del DVR que se ofreció como prueba de la acusación en contra de los procesados, la fiscala Sussy Riquelme se limitó a resaltar la ubicación de las cámaras del circuito cerrado del JEM. “Acceso principal, recepción, pasillo, pasillo, escalera, Oliva, escalera, pasillo, pasillo”, puntualizó la agente.

La corrupción gozó de buena salud en Paraguay durante la pandemia

Parecen lejanos los tiempos del inicio de la pandemia, casi tantos como aquellos en cuales muchos se referían al ministro Julio Mazzoleni como “capitán”, como el que comandaba una frágil nave en medio de una tormenta. Sin embargo, muchos de los miembros de la “tripulación”, incluidos varios muy cercanos a él, se encargaron de convertir este gobierno casi en un barco pirata.

El primer gran escándalo en las compras en el marco de la pandemia salpicó a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), encabezada entonces por Édgar Melgarejo. El ente adquirió tapabocas sobrefacturados y vencidos a una empresa ligada al propio titular del ente.

El caso saltó cuando el empresario Ignacio Pidal denunció que Melgarejo le había regateado los precios para conseguir los barbijos a unos G. 2.700 la unidad, pero que finalmente el ente terminó adquiriendo 4.000 tapabocas a G. 30.000 cada uno. La Dinac adquirió los tapabocas de la empresa de maletín Proyecto Global SA, representada por la joven “empresaria” Katherin Toñánez, mediante una adjudicación directa, alegando “urgencia impostergable”.

Por este caso está procesado Melgarejo junto a otros cuatro funcionarios de la institución; y también por otra licitación, en ese caso para prestar “servicios aeronáuticos”, por la que se pagó alrededor de G. 1.800 millones.

El fiscal Osmar Legal, quien encabezó la investigación del caso conocido como “Tapabocas de oro” había determinado mediante las primeras diligencias que habían nexos directos Melgarejo con la firma Proyecto Global, ya que el propio extitular de la Dinac realizó las negociaciones para la adquisición de tapabocas a nombre de la empresa proveedora del Estado, que por cierto, también detectaron que era “de maletín”, ya que las oficinas y depósitos declarados nunca aparecieron en el sitio que decían estar.

Se realizaron allanamientos, se incautaron tapabocas, entre otros diligencia y lo peor es que no solo se pagó de más, sino que los mismos estaban vencidos. “Lo que hicieron inicialmente fue vender los tapabocas por G. 15.000 cada uno. El producto iba subiendo de precio de empresa a empresa, hasta que llegó al último comprador, que fue la Dinac. a G. 29.960 cada uno”, había explicado el agente fiscal explicando el modus operandi utilizado.

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No solo la Fiscalía detectó irregularidades, también la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) emitió un dictamen lapidario donde uno a uno detalló las irregularidades del proceso, que estuvo mal desde el inicio, ya que ni siquiera correspondía la “urgencia impostergable” que habían argumentado para direccionar la licitación a favor del Proyectos Global.

ABC Color terminaría revelando, ya en abril pasado, que en realidad la firma de maletín utilizada para la provisión de tapabocas y servicios aeronáuticos a la Dinac formaba parte de un viejo esquema de empresas contratistas que pagaban coimas a cambio de contratos entidad y que tenía a Omar Jaén Bohorques como la cabeza.

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La empresa Proyecto Global tenía mismo número de teléfono y declaraba la misma dirección que varias de las empresas ligadas a Jaén Bohorques, que ya tenía denuncias como antecedente de pago de coimas, pero tras aquel caso, todo quedó en la nada y simplemente habría optado por crear empresas de maletín nuevas que no llamaran la atención.

Finalmente, Melgarejo, viéndose descubierto y antes de una inminente destitución, se apresuró en presentar renuncias. El el proceso judicial, logró medidas alternativas a la prisión e incluso hace unos meses ya retomó las actividades sociales a pleno, participando de un mitin político de seccionaleros de la ANR y también festejó con todos los lujos su cumpleaños.

Inmunidad, pero no para la corrupción

El segundo gran caso de corrupción plenamente confirmado en compras de coronavirus fue el de Petróleos Paraguayos (Petropar), cuando su titular era Patricia Samudio. La misma era aportante de la campaña del Partido Colorado, venía acumulando numerosos cuestionamientos mientras ocupó la presidencia del ente, pero lo que terminó de hundirla es el caso conocido como del “Agua Tónica”.

También, aprovechando la excusa de la “urgencia impostergable” y diciendo creer que la quinina que contiene el agua tónica era inmunizante contra el covid-19, compró cientos de litros de la bebida. No solo eso, también adquirió tapabocas vencidos, pero los más grave del caso, es que los mismos supuestamente fueron donados para personal de blanco del sistema de Salud, para batallar contra el virus.

El informe de Contraloría fue lapidario: “Se puso en riesgo la salud del personal de blanco destinado a la lucha contra el covid-19”, indicaba el informe. El ente contralor dio a conocer en junio pasado el informe final de una Fiscalización Especial Inmediata (FEI) en el que presentan media docena de observaciones con respecto a compras por G. 357 millones realizadas por Petropar en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.

Tapabocas vencidos...

Uno de los puntos más graves hace referencia a la compra de mascarillas tipo N95 que Petropar entregó como donación al Ministerio de Salud Pública. Según el informe, los tapabocas habían vencido ya en diciembre de 2017, más de dos años antes de que la petrolera estatal se las comprara a la empresa Solumedic SA.

Si bien las cajas de los tapabocas no tenían consignadas la fecha de vencimiento y de fabricación, se constató con la propia empresa brasileña proveedora que el lote ya se encontraba vencido. Lo peor es que en Petropar admitieron esos insumos defectuosos.

...y sobrefacturados

Los tapabocas no solo estaban vencidos, sino que se pagaron G. 39 millones de más, según el precio de referencia fijado por el propio Ministerio de Salud.

De acuerdo al informe de la Contraloría, se estima que hubo una sobrefacturación en las compras que en relación con los precios de referencia podría totalizar una diferencia de G. 101 millones.

La CGR señala que si bien las mascarillas y otros insumos pudieron haber sufrido variaciones de precios, no existe justificación para haber inflado la mayoría de ellos.

Otro de los insumos en los que se encontraron pagos por encima del precio real fue en el agua tónica. El ente contralor detectó que se pagaron alrededor de G. 19 millones de sobreprecio por la compra del agua tónica. “Se privó de haber obtenido precios más ventajosos por un total aproximado de G. 62.649.200”, destaca una de las conclusiones del informe sobre el total estimado sobrefacturado.

Al igual que Melgarejo, Samudio decidió adelantarse a una eventual destitución y terminó renunciando. Tras ser imputada, también logró medidas alternativas a la prisión y su caso sigue sin mayores novedades pese a la claridad de los informes técnicos.

Sinfín de irregularidades

Finalmente, el mayor caso de corrupción en el manejo de los fondos públicos para la compra se dio en el Ministerio de Salud Pública. El ente encabezado por Mazzoleni, el mismo al que el gobierno vendía como “el capitán”, no pudo hacer un solo llamado a licitación sin irregularidades. Ya antes de que los insumos llegaran al país, se cuestionó que la cartera de Estado hubiera adjudicado la millonaria licitación a las empresas Insumos Médicos SA y Eurotec SA en un mismo llamado, ya que ambas son de los mismos propietarios: Justo Ferreira, Roque Dagogliano y Carlos Borrel.

Con la llegada del primero de los varios cargueros en los que se importaron los insumos del clan Ferreira, saltaron las primeras alertas. Los diputados de la comisión de control alertaron que insumos que no iban a ser entregados al Ministerio de Salud llegaron en cajas con logo del gobierno. De todas formas se intentó justificar la cuestión, alegando de que era para que no se incautaran por el camino, pero una semana después se llegaría al punto más grave de la cuestión: los insumos fueron rechazados por no cumplir con las especificaciones técnicas requeridas en la licitación.

Tal fue la gravedad de la cuestión, que el Poder Ejecutivo anunció la creación de la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras covid-19 que tendrá como misión monitorear los procesos de compra de instituciones públicas en el marco de la emergencia sanitaria. Este organismo encabezado por el ministro de la Senad, Arnaldo Giuzzio, terminaría de dar la noticia que todos ya veíamos venir: la corrupción había dejado sin insumos al personal de blanco y no había responsables visibles.

Usaron logo oficial para pedir trato especial

Documentos internos de la Dirección Nacional de Aduanas a los que tuvo acceso ABC Color confirmaron que las empresas Eurotec e Imedic, utilizaron el logo oficial del Ministerio de Salud Pública y del Gobierno Nacional para solicitar trato especial para insumos médicos que no pertenecían al Estado.

Es así que el 18 de abril arribó al aeropuerto Silvio Pettirossi un avión carguero proveniente de Hong Kong, China. En el interior del enorme Boeing 747 llegaron 46.000 kilogramos de productos, de los cuales 45.000 pertenecían a las empresas Eurotec e Imedic.

Las empresas de Justo Ferreira habían sido adjudicadas días antes con más de G. 80.000 millones, pero se pagó un adelanto de G. 17.000 millones para proveer insumos médicos y equipos de bioseguridad al Ministerio de Salud Pública para la lucha contra el covid-18 durante la pandemia. Sin embargo las empresas habrían aprovechado la ocasión para traer mercaderías particulares pero con logos el gobierno. Como ejemplo, llegaron 400 camas hospitalarias, de la cuales apenas 50 eran para el Estado.

Según dijo Justo Ferreira a ABC en aquel momento, trajeron 350 demás porque sabían que se necesitarían más camas. Aunque su abogada, Rocío Rodríguez, dijo que también eran para el sector privado.

Todo el cargamento de insumos llegó en cajas que tenían impreso el logo oficial del Ministerio de Salud Pública, el Gobierno Nacional y el lema “Paraguay de la Gente”.

Tributación también detectaría irregularidades en el pago de tributos por las mercaderías ingresadas y la Comisión Especial legislativa seguía de cerca todo el proceso. El escándalo iba subiendo de tono, mientras Paraguay seguía sin los insumos necesarios para reforzar el sistema de salud y mientras tanto, se mantenían las restricciones estrictas para no circular.

Sin registro y no aptos para uso médico

La CESC terminaría recomendando la rescisión del contrato, además de alertar numerosas irregularidades. La Contraloría también haría lo propio y se sumó contrataciones públicas.

Entre las irregularidades más graves destacaban que las cajas originales de las mascarillas tipo N95 entregadas por las empresas de Ferreira indicaban que no eran aptas para uso médico, e incluso se comprobó que en la empresa se procedió a reempaquetar los barbijos, así como colocar marcas a otros elementos de protección.

“Según registros de Aduanas, las mascarillas KN95 llegaron de origen en tres cajas, consignando distintos fabricantes y sin marca; no obstante, fueron entregadas al Parque Sanitario del MSPyBS, en una caja similar pero con la marca HK”, indicaba parte del informe de la CESC.

“Además los trajes de protección biológica no contaban con registro sanitario; también observamos que los paquetes y etiquetas de los que llegaron al aeropuerto diferían de los que fueron entregados en parque sanitario”, agrega el documento de 36 páginas que fue remitido a Mazzoleni.

Según los videos publicados en ABC TV el remarcaje de los insumos se realizaba en el interior del depósito de la firma Imedic, ubicado en Fernando de la Mora. El video fue presentado ante la Fiscalía, que a raíz de todo el escándalo, inició no una, sino dos investigaciones contra las empresas del Clan Ferreira.

También se consultó con la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) sobre los registros sanitarios de los insumo. “Consultada (la titular de Dinavisa) por las mascarillas y por el traje responde que no tenían registro sanitario con la salvedad que estaban en proceso. Faltaban datos como fecha de fabricación, fecha de vencimiento y tipos de tejidos”, indicaba el informe de la CESC que además sentenciaba: “Consultada por la certificación de marca de las mascarillas y traje HK, responde que no solicitó, pero que lo haría”.

Las mascarillas N95 que las empresas de Justo Ferreira entregaron al Ministerio de Salud Pública llegaron en cajas en las que se alertaba que no eran aptas para el uso médico, destacó una vez más el informe de la Comisión Especial de Compras

Presionados para firmar

La cosa se terminaría de completar cuando funcionarios de la Unidad Operativa de Contrataciones denunciaron públicamente haber sido presionados para firmar la adjudicación a las firmas del clan Ferreira. Pablo Lezcano, exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) del Ministerio de Salud Pública, habría sido quien presionó a los funcionarios del Comité de Evaluación de la institución para “blanquear” el proceso de adjudicación por el cual la cartera pretendía entregar unos G. 85.000 millones a Imedic y Eurotec.

Lezcano fue sindicado por Pedro Adrián Santander, uno de los dos abogados que conformaban el Comité de Evaluación, que incluso precisó que el 6 de abril de este año, Lezcano se presentó en su oficina y dejó la resolución por la cual se adjudicaba a las empresas de Ferreira con la cuestionada licitación..

“Él nos llevó el expediente y explicó la particularidad del proceso. Nos pidió que firmemos, en vista de que la mercadería ya estaba en Aduana”, manifestó Santander a la 730 AM. Según el relato, Lezcano les había dicho que “esto ya estaba adjudicado, con resolución de la máxima autoridad, con dictamen de la máxima autoridad, con contrato firmado y con autorización del pago del anticipo”. Esto hay involucraría al propio Mazzoleni.

Pablo Lezcano delegaría la responsabilidad al exdirector administrativo, Alcides Velázquez; quien a su vez pateó la pelota hacia el ministro Mazzoleni y a su entorno directo en el MSP.

Otro hecho sumamente llamativo es que cuando la cartera publicó en la página web de Contrataciones Públicas el proceso de licitación, había establecido que no se pagaría adelanto alguno, sin embargo desembolsaron G. 17.000 millones sobre la marcha. Finalmente el gobierno tuvo que rechazar el 100% del cargamento y anular el contrato, mientras el sistema sobrevivía en base a donaciones.

Blanqueo administrativo y camino a otro más

El caso de los “insumos chinos” terminó revelando todo un esquema de empresas ligadas al clan Ferreira, creadas para facturar con el Estado y que tienen hasta denuncias de contrabando de medicamentos delicados. Por ello, Aduanas y Contrataciones Públicas sancionaron con multas elevadas y la mayor suspensión nunca vista a empresas contratistas, pero igualmente otras empresas el clan Ferreira pueden seguir operando tranquilamente con el Estado.

Sin embargo, el caso corrió anda más por el camino de la impunidad que por castigar a los responsables de que en plena crisis sanitaria, escasearan los insumos para el personal de blanco. Los funcionarios involucrados ligaron como sanciones apenas suspensiones sin goce de sueldo y nunca fueron denunciados ante la Fiscalía.

El Ministerio Público, por su parte, si bien imputó por dos causas distintas a miembros del clan Ferreira, igualmente realizaron acciones que favorecieron a los imputados por entregar insumo de pésima calidad y no los imputaron siquiera por el intento de estafa o el posible lavado de dinero, sino apenas por contrabando de camas hospitalarias.

La corrupción gozó de buena salud en la pandemia, al igual que la impunidad y lo peor es que no hay indicios de cura aparente; mientras que la ciudadanía sufría los embates no solo sanitarios, sino también económicos.