Contraloría se niega a oficializar dictamen de tragamonedas

El contralor Camilo Benítez se niega a proporcionar el dictamen N° 388 con el cual calificó de ilegal la Resolución N° 34 de Conajzar, que autoriza el uso y explotación de tragamonedas en comercios no exclusivos de juegos de azar.La institución instaló “una mesa de trabajo para diligenciar” la entrega del documento público.

Facsímil del resumen del dictamen de Contraloría que califica de ilegal que Conajzar permita el uso de tragamonedas en sitios que no sean exclusivos de juegos de azar. El contralor Camilo Benítez se niega  entregar el dictamen completo.
Facsímil del resumen del dictamen de Contraloría que califica de ilegal que Conajzar permita el uso de tragamonedas en sitios que no sean exclusivos de juegos de azar. El contralor Camilo Benítez se niega entregar el dictamen completo.Archivo, ABC Color

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A principios de setiembre, a través del portal de Acceso a la Información Pública (AIP), ABC solicitó a la Contraloría General de la República (CGR), cuyo titular es Camilo Benítez, la copia del Dictamen N° 388 en el cual analiza la Resolución N° 34 de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), presidida por José Antonio Ortiz Báez, con la cual autoriza la explotación de tragamonedas en despensas, bares y otros comercios no exclusivos de juegos de azar. Se trata del expediente N° 46.424, a lo que la institución respondió que conformó una “mesa de trabajo para diligenciar” la solicitud y se reiteró el pedido con el expediente N° 47.999, pero todavía no se obtiene una copia del dictamen.

En el último pedido, Contraloría respondió con un link y contraseña, bajo la promesa de que en el adjunto se encontraba el dictamen solicitado. Sin embargo, sólo se aprecia el resumen del dictamen, que es la nota N° 4.878, que es un comunicado a una firma que había solicitado el parecer de la institución con relación a la decisión de Conajzar, informe que fue socializado a fines de agosto. El documento contiene parte del dictamen.

Consultada al respecto, la directora de Integridad, Mercedes Vera, se limitó a responder que “ya está proporcionado en la página pertinente. Si desea que se le explique cómo pueden acceder, llamen por favor al 6200436. Con gusto le ayudaremos”, sin que se proporcione el documento requerido hace más de un mes.

Por su parte, Federico Legal, abogado y activista por el libre acceso a la información en poder del Estado, cuestionó las maniobras a las que recurrió la institución a cargo de Camilo Benítez para evitar proporcionar el documento. “En el portal aparece como respondida la solicitud de información, pero no se proporciona de forma fehaciente el dictamen, con los fundamentos y la parte resolutiva”, dijo. Recalcó que es un derecho solicitar el documento en sí, no sólo un resumen, ya que está contemplado también en la Ley N° 5282 de Transparencia Gubernamental. Legal es también gerente de Proyectos del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA).

¿Por qué es tan importante el dictamen de Contraloría?

Conforme se pudo apreciar en el resumen del dictamen N° 388 de Contraloría, en tres puntos, la institución “fulmina” los argumentos de la Conajzar y la decisión de ésta de permitir el uso de tragamonedas en sitios no exclusivos de juegos de azar. Para la cuestionada “legalización” de máquinas, contrató de manera directa a la empresa iCrop SA, representada por Ariel Peña Flores.

Javier Balbuena, asesor jurídico y extitular de Conajzar, opinó que es sospechoso el ocultamiento del documento clave de la institución Contraloría, ya que su parecer es de cumplimiento obligatorio, conforme se establece en la Ley N° 276/94. “El dictamen es lo que establece la disposición, si se estipula la anulación de la Resolución N° 34 de Conajzar o que intervenga el Ministerio Público. Sin embargo, se desconoce si se cumple o no porque ni se sabe qué es lo que recomienda”, explicó.

En el resumen se pudo apreciar que se cuestiona el mecanismo de contrato aplicado, confirma la exposición a las máquinas de apuestas a los niños y adolescentes, y el peligro de que el sector caiga en la adicción al juego, y la violación a la Ley N° 1016/97 de Juegos de Azar y el Decreto N° 3083/15 que establece los parámetros para los sitios donde se pueden habilitar las tragamonedas.

Obtener ilícitamente recursos y lavar dinero

Senadores habían denunciado que sospechan que el organismo que tiene a su cargo regular los juegos de azar en el país creó una estructura para obtener recursos ilícitos y para lavado de dinero ante la comitiva del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y el Ministerio Pública, investigación a cargo de la fiscala María Estefanía González.

Conforme al plan aprobado a iCrop SA, la empresa tiene una expectativa de “legalizar” 50.000 máquinas en todo el país, y por las gestiones cobra entre G. 300.000 y G. 450.000 por máquina al mes y de ese monto el valor de un jornal mínimo diario (G. 88.051) es lo que llega al Estado. De esta manera, la expectativa de recaudación mensual supera los US$ 2,1 millones y de ese monto, sólo 30% (US$ 652.229) irá al fisco, mientras que el 70% (US$ 1,5 millones) se quedará para la firma.

Ante esta situación, se “desempolvó” un proyecto de ley que regula las máquinas, cuenta con media sanción del Senado y fue aprobado con modificaciones de forma en Diputados, ayer, miércoles. El proyecto apunta a anular el contrato entre iCrop SA y Conajzar.

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