Las familias supuestos “sin techos” ocuparon el predio ubicado en el barrio Juan Pablo II de la ciudad de Pilar. Al respecto Heidy Espinoza presidenta de la comisión de los sin techos denominados “La unión hace la fuerza”, explicó que son más de 50 personas, quienes invadieron el terreno con el objetivo de conseguir un techo digno para sus familias.
Indicó que ellos manejan la información que el terreno es propiedad de la Municipalidad de Pilar y no pertenece al Ministerio Público de la regional Ñeembucú, e insistió en caso de que sea del Ministerio Público que se presenten con los documentos auténticos. “Esto era un yuyal, era un peligro para los vecinos, por eso decidimos ocupar, estamos pacíficamente, no queremos violencia, es nuestro derecho”, indicó.
También solicitaron la presencia del intendente Cristóbal Stete y del gobernador Luis Benítez. “Queremos hablar con ellos para saber la realidad si es cierto que el terreno es de la fiscalía o no, y si así fuere que nos busque otro lugar para vivir con dignidad”, expresó la mujer.
Aquí no hay ni una construcción, no se hizo nada, estamos haciendo olla popular para comer todos juntos, refirió.
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Por su parte Marcelo Ferreira, encargado del Catastro Municipal de Pilar, señaló que el predio era de dominio municipal, pero que ahora es propiedad privada del Ministerio Público.
También el fiscal penal Solano López aseguró que el terreno pertenece al Ministerio Público y ya se está realizando la diligencia legal para accionar contra los ocupantes. Resaltó que en el Registro Nacional de Catastro se puede ver que efectivamente el terreno pertenece a la Fiscalía.
Antecedentes
Según la ex fiscal delegada Luz Franco, en aquel tiempo la primera parte del predio se compró de la municipalidad, lo que estaba destinado para el Ministerio Público, luego se compró también un pedazo más, que inicialmente estaba reservado para sede del Registro Civil, pero como ellos no mostraron interés, y la futura sede de la fiscalía necesitaba mayor espacio, por ese motivo se solicitó esa fracción que estaba al lado mismo y se completó. Añadió que incluso año tras año el Ministerio Público, como persona jurídica propietaria de dicho inmueble, paga impuesto inmobiliario correspondiente.
En otro momento indicó que la fiscalía había contratado a una empresa para la construcción de la sede, pero hubo rescisión de contrato, se llegó a hacer algunos trabajos, pero se judicializó el tema.
La superficie del terreno en conflicto, posee 5772 metros cuadrados y el valor del mismo, se calcula en G. 82.760.152