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La Contraloría General de la República (CGR) remitió el miércoles último al gobernador de Central, Hugo Javier González (ANR, cartista), el informe preliminar sobre el uso de G. 6.382 millones (US$ 1.000.000 al cambio de finales del año pasado) del fondo de emergencia por el covid-19. El dinero debía ser destinado a la reactivación económica de aquel departamento, el más poblado de nuestro país.
La institución departamental, sin embargo, decidió transferir dichos recursos a dos organizaciones sin fines de lucro: El Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), ONG presidida por Tadeo Álvarez Cristaldo, que recibió G. 5.105 millones, y el Consejo Regional de Salud, a cargo de Hugo Cabrera, que acogió G. 1.276 millones.
Una fiscalización especial del ente contralor confirmó la serie de irregularidades en el manejo de los fondos, tal como denunciaron en julio último la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).
La primera observación de la CGR, precisamente, dice que el Ministerio de Hacienda depositó G. 6.382 millones en la cuenta bancaria de la Gobernación de Central en el Banco Nacional de Fomento (BNF). Sin embargo, según los registros, la entidad departamental elaboró varios cheques a favor de CIAP y del Consejo Regional de Salud que no fueron depositados en cuentas bancarias, en contravención a las disposiciones legales vigentes.
Uno de los cheques, el Nº 07524978 por G. 1.276.400.000 que era a la orden del Consejo Regional de Salud, por ejemplo, fue efectivizado en ventanilla en su totalidad el 18 de febrero de 2021 por el tesorero de la organización, Aníbal Andrés Delvalle Cogliolo.
Delvalle Cogliolo es funcionario del Ministerio de Salud Pública (MSP) pero está comisionado a la Gobernación de Central. Ocupa el cargo de secretario de Salud de la institución departamental y a su vez es tesorero del Consejo Regional de Salud, de acuerdo al último acta de asamblea publicado por la CGR.
La ONG CIAP, en tanto, recibió los G. 5.105 millones a través de cuatro cheques retirados el 5 de febrero de 2021. La ONG efectivizó el primer cheque, Nº 07524976, por G. 2.297.520.000, el 10 de febrero.
La efectivización estuvo a cargo de Nicolás Eduardo Álvarez Doria, síndico de CIAP y sobrino de Tadeo Álvarez.
Los restantes tres cheques, Nº 07524980, de G. 1.531.680.000; Nº 07524977, de G. 765.840.000; Nº 07524979, de G. 510.5600.000, fueron cobrados el 12 de febrero de 2021 por Paulino de los Santos Palacios Recalde, tesorero de CIAP. Este último es también árbitro y abogado, además tiene dos demandas por deudas impagas, según registros comerciales.
Los auditores de la CGR también confirman que la naturaleza de la ONG CIAP no condice con el servicio prestado para la Gobernación de Central. “Se constató que la Gobernación (…) transfirió fondos a CIAP para la ejecución de los proyectos de construcción y mantenimiento de espacios públicos y pavimentación asfáltica tipo empedrado, sin que la misma esté contemplada en los objetivos de la ONG según el acta de constitución legal”.
El principal objetivo de la fundación de acuerdo a su estatuto social es el de formar profesionales en diferentes disciplinas mediante la educación de valores.
Verificación de obras y donaciones
CGR asimismo constató el incumplimiento de varios ítems de los contratos para la realización de obras. La falta de cumplimiento arroja una diferencia de más de G. 42 millones, según el informe.
En cuanto a las donaciones hechas por el Consejo Regional de Salud se encontraron en los hospitales de Capiatá, Villa Elisa y Ñemby varias sillas rotas al poco tiempo de haber sido adquiridas (menos de seis meses).
El gobernador Hugo Javier González (ANR, cartista) tiene un plazo de cinco días (hasta el martes) para presentar su descargo ante el informe.
Rendición a destiempo
El ente contralor igualmente observó que CIAP y el Consejo Regional de Salud presentaron con atraso de 17 días sus rendiciones de cuentas por G. 6.382 millones, incumpliendo con las disposiciones legales vigentes. Dichas justificaciones debían ser presentadas de forma bimestral posterior a la transferencia hecha en febrero pasado; sin embargo, recién lo hicieron en mayo, según la fiscalización.
Además, la Gobernación de Central no presentó la rendición de cuentas al respecto en los meses de febrero y abril, tal como lo indica la Ley Nº 6641/2020 de Emergencia Sanitaria por covid-19. La institución departamental presentó posterior al escándalo de las facturas clonadas denunciada por la Senac y la SET.
Otra observación de la CGR tiene que ver con las facturas presentadas por CIAP. Según los auditores, la actividad de las empresas no se relacionan con el servicio prestado por el proveedor.
Los fiscalizadores hacen mención a “Asunción Ofertas” de Édgar Arriola. CIAP presentó facturas de dicha empresa por G. 777 millones en concepto de gastos administrativos, estudio de impacto ambiental, gastos por servicios de conexión eléctrica, gastos por trámites de licencia ambiental, estudio de impacto de tráfico, etc. Sin embargo, su rubro comercial es otro.
El Consejo Regional también presentó una factura de la firma “Grupo Metalúrgico y Publicitario MG”, por G. 593 millones en concepto de compra de vitrinas metálicas con llave, tandem de cuatro asientos, fichero metálico, basurero metálico, percheros, carros de metal, porta suero, escalera, mesas para inspección, sillas giratorias. Sin embargo, la empresa se dedica a la fabricación y reparación de semi-remolques.
La auditoría confirma que en los contratos de obras entre la ONG CIAP y los distintos contratistas no se estipulan los plazos de ejecución de las obras en contravención a las normativas legales vigentes. También existen incongruencias entre la fecha de celebración del contrato, el inicio y la culminación de los trabajos.