La Gobernación de Central recibió en diciembre de 2020 G. 6.382 millones en el marco de la Ley Nº 6641/20 de Emergencia Sanitaria a causa de la pandemia de covid-19, dinero remitido para ayudar al gobierno departamental a generar fuentes de trabajo.
Sin embargo, el gobernador colorado Hugo Javier González, repartió el dinero, entreando al Consejo Regional de Salud, representado por Hugo Cabrera, la suma de G. 1.276 millones para el proyecto “Mantenimiento y refacción de Entidades Primarias de Salud”.
Además, la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidida por Tadeo Álvarez, fue beneficiada con G. 3.063 millones para “construcción y mantenimiento de espacios públicos”; y otros G. 2.042 millones para “pavimentación asfáltica tipo empedrado”. En total, el CIAP recibió G. 5.105 millones.
El gobernador González ignoró el hecho de que el CIAP no es apto para realizar ningún tipo de construcción, ya que su naturaleza, según su estatuto social, solo le permite formar profesionales en diversas disciplinas.
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Respecto al Consejo Regional de Salud, tampoco se tuvo en cuenta que no está reconocido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, entre muchas otras muchas anomalías detectadas en torno al uso del millón de dólares.
Carece de control interno
La primera observación de la Contraloría se refiere a la inexistencia de componentes que garanticen un eficaz control interno de los fondos que recibe la administración de Hugo Javier González, en “carácter preventivo”.
Los auditores evaluaron la “valoración del riesgo” dentro de la institución y descubrieron que la Gobernación de Central “no construyó sus mapas de riesgos”; es decir, carece de un “plan que involucre puntos de control de carácter preventivo, procedimientos y responsables de los procesos”.
Tampoco existen indicadores que permitan medir la eficacia y efectividad de los controles aplicados, ya que la entidad no ha definido indicadores que le permitan medir la gestión institucional, y tampoco existen procedimientos específicos para manejar los riesgos identificados.
“No ha diseñado herramientas que faciliten la acción del control social. No involucra a los usuarios y a la sociedad en general en la revisión de los planes, proyectos y programas a ser ejecutados por la entidad. No tiene manuales de funciones. No existen procedimientos debidamente adoptados por la entidad para el desarrollo de cada una de las actividades misionales y de apoyo”, dice el informe.
Agrega además que “la oficina de control interno y/o auditoría interna no participa activamente en el diseño, desarrollo e implementación de controles a ser aplicadas en cada uno de los procesos ejecutados por la entidad”.
No tienen inventarios
La Gobernación de Central no cuenta con un manual de procedimiento para ejecutar el proceso presupuestario y de tesorería. Tampoco posee un manual de procedimientos para el área de contratación, no está definida la facultad de delegación para celebrar contratos dependiendo de la cuantía y modalidad.
Tampoco existe un manual de procedimientos para el manejo de inventarios. La Gobernación no posee inventario físico actualizado y valorizado de bienes, inmuebles, muebles y elementos devolutivos por área y responsable.
Los valores fiscales inmobiliarios no se actualizan de acuerdo a las leyes vigentes. Los rodados y maquinarias no están inscriptos en el Registro del Automotor.
Estados contables
Las “actividades de control contable” de la administración del gobernador González no incluyen tomas físicas de inventarios y su conciliación de saldos con contabilidad. No existen políticas relacionadas con la incorporación de inmuebles, vehículos y demás bienes del patrimonio de la entidad, incluyendo seguimiento de legalización y valoración actualizada.
“La institución no ha identificado actividades que sirven para monitorear la efectividad del control interno generando en desarrollo del quehacer institucional. No existen indicadores para medir el impacto del funcionamiento del sistema de control interno frente a los objetivos misionales. La Unidad de Control Interno no ha elaborado un plan general de evaluación y verificación de las actividades de control implementadas. No cuenta con un sistema integrado de información que contribuya a una efectiva toma de decisiones”, dicen los auditores.
Sin imputados
El escándalo de las facturas clonadas que aparecen en la rendición de cuentas de la Gobernación de Central sobre los G. 6.382 millones tomó estado público en junio.
El 8 de julio la Subsecretaría de Estado de Tributación y La Secretaría Nacional de Anticorrupción (Senac) presentaron una denuncia penal ante la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.
Fueron designados para investigar la causa los fiscales Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera y Luis Said. En septiembre, la Senac y Auditoría General del Poder Ejecutivo expidieron el informe final de auditoría confirmando una serie de irregularidades.
Sin embargo, hasta la fecha, nadie fue procesado aún. El fiscal Estigarribia, alegó al respecto que “un buen trabajo lleva tiempo”.