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Los manifestantes están desde ayer en la rotonda de acceso a la ciudad de Villa Ygatimí, bloqueando el tramo que une Curuguaty con Ypejhú por largo rato. La medida continúa hoy, martes, y anuncian que lo harán cada día con mayor intensidad.
El líder de Itanarami, Rubén Vera, dijo que existen cinco puntos que reclaman y que desembocaron en la manifestación: la construcción de un sistema de agua potable para el barrio 8 de Diciembre de la mencionada localidad y la contratación de un trabajador para la comunidad por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), cuyo expediente N° 43 309/20 se encuentra en dicha institución.
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Asimismo, el cumplimiento del compromiso asumido el año pasado con la Itaipú Binacional sobre trabajo de preparación de suelo, destronque y mecanización de 10 hectáreas de tierra a cada familia. Al respecto, existe un convenio con la comunidad desde el año pasado.
Igualmente, la contratación de un guía familiar para la comunidad Itanaramï, cuyo expediente N° 06330/21 también se encuentra en el Ministerio de Desarrollo Social, y el cumplimiento de la Ley N° 6.279 de la obligatoriedad de incorporar a indígenas en la función pública.
Endurecerán la protesta
El dirigente aseguró que, de no obtenerse estos puntos, la medida de fuerza no se levantará. Muy por el contrario, aseguró que más comunidades se sumarán a la manifestación en apoyo a sus reclamos.
Las manifestaciones con cierre de ruta en Canindeyú se volvieron un hábito de un tiempo a esta parte. Según los informes policiales, centenares de hechos similares se registran cada año, en la mayoría de los casos incluso sin un objetivo claro sobre lo que reclaman. En la zona baja, los cortes son con mayor asiduidad, donde las reivindicaciones que les mueven tienen relación con la asistencia del Estado. En la zona alta, sin embargo, los cierres de rutas se dan por problemas judiciales que afrontan algunos líderes por invasión de propiedad ajena o extorsión a los productores.
La Asociación de Transportistas y Productores de la región reclaman la intervención del Estado para aminorar los cierres de ruta, ya que provocan multimillonarias pérdidas, por las largas horas que deben aguardar para seguir viaje.