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Este miércoles, los concejales departamentales del PLRA acudieron a la Fiscalía zonal para presentar una denuncia contra el gobernador Hugo Javier González por la desaparición de G. 18.000 millones pertenecientes al rubro 800, de transferencias.
El dinero sencillamente se esfumó y la Gobernación no dispone de ningún documento respaldatorio para justificar en qué gastó esta suma.
El concejal Roque Ávalos explicó que ya en julio del año 2019 ellos habían pedido una auditoría a la Contraloría General de la República sobre este dinero; sin embargo, la institución nunca les respondió hasta ahora, un año después, cuando en su reporte de resultados le recomienda a la Gobernación que “diligencie las gestiones ante el Ministerio Público para esclarecer los hechos”.
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Comprobaron inconsistencia pero no denunciaron
Es decir, la Contraloría constató irregularidades pero no derivó las denuncias al Ministerio Público en cuanto a estos gastos. Ahora, la institución contralora pretende que la propia Gobernación sospechosa sea la que se denuncie a sí misma.
La denuncia por este dinero va por cuerdas separadas con el caso del millón de dólares por los cuales Hugo Javier presentó facturas falsas, para intentar maquillar una justificación, pero de acuerdo a las denuncias de los concejales, este dinero también fue dilapidado.
A los concejales les llama poderosamente la atención que recién ahora, un año y tres meses después, la Contraloría les responda a su pedido de auditoría y que pretenda que la Gobernación se “autodenuncie”, cuando la misma Contraloría debía haber derivado la denuncia al Ministerio Público.
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No hay ningún papel que respalde dinero
Los ediles sostienen que los G. 18.000 millones que no tienen ningún respaldo documental son fondos que la Gobernación transfiere a las ONG para que estas realicen obras que son imposibles de verificar.
“Entendemos que la Contraloría es tan irresponsable que ni siquiera hizo un reporte para hacer llegar estas observaciones de irregularidades que cometió la administración de Hugo Javier”, expresó el concejal Roque Ávalos.
“Es vergonzoso cómo actúa la Contraloría y le hacemos responsable a esta institución por esta malversación de dinero. Ni siquiera encontramos la rendición de cuentas, mucho menos las obras”, lamentó el concejal.
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Hay más recursos
Puntualizó que en este caso se están centrando solo en los fondos destinados a transferencias, pero que en realidad en el 2019 la Gobernación dispuso de unos G. 89.000 millones.
El edil sostuvo que existe “una connivencia para robar: la Contraloría no hace su trabajo y la Fiscalía mucho menos”.
“Lastimosamente, ellos le dan una licencia para robar a esta gente”, afirmó.
El concejal Billy Vaesken reclamó que no se pueda realizar ninguna verificación in situ, así como tampoco una auditoría de las obras que supuestamente realizó la Gobernación con el dinero.
“¿Por qué tardaron tanto?”
Así también, al edil le llamó la atención que la Contraloría demore de febrero a octubre en auditar a la Gobernación para decir finalmente que no hay documentos respaldatorios. “¿Por qué tardaron tanto?”, se preguntó Vaesken.
En estas condiciones, los concejales denunciantes apelaron a la ciudadanía y a los organismos internacionales para de alguna manera devolver ese dinero público a la Gobernación.
“Hacemos la denuncia formal y dejamos a los organismos extrapoderes que hagan lo que tengan que hacer y esa plata queda devolverse al departamento Central. Creo que está confirmada la sospecha que teníamos el año pasado. En el 2020 le volvimos a rechazar el balance de su ejecución presupuestaria (a Hugo Javier) y en el 2021 nos topamos con la sorpresa del millón de dólares. Necesitamos que los organismos del Estado hagan que la plata pública llegue a donde tenga que llegar”, aseveró el concejal Vaesken.