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La Contraloría General de la República notificó la semana pasada al gobernador Hugo Javier González sobre los hallazgos de la auditoría sobre el gasto de G. 6.382 millones destinados por el Gobierno para generar fuentes de trabajo en el departamento Central durante la pandemia del covid-19.
El gobernador González transfirió durante los primeros meses de este año al Consejo Regional de Salud, representado por Hugo Cabrera, la suma de G. 1.276.400.000 para ayudar a hospitales. Ese organismo no está reconocido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
La ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidida por Tadeo Álvarez Cristaldo, fue beneficiada con G. 5.105.600.000 para realizar obras de infraestructura. La fundación realizó obras chapuceras aprobadas y aceptadas por la Gobernación de Central, a pesar de no ser apta para el servicio prestado.
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Ignoraron las facturas clonadas
El equipo auditor de la Contraloría está conformado por Emilio Ferreira, Derlis Riquelme, Óscar Hermosilla, Syrley Pereira, Araceli López, Marcia Benegas y Emilio Carreras. Llamativamente, entre sus observaciones no aparecen las facturas clonadas, incluso aquellas denunciadas ante el Ministerio Público y la Subsecretaría de Estado de Tributación por los propios propietarios de los comercios afectados.
Los auditores no piden explicaciones a Hugo Javier González sobre las facturas clonadas y denunciadas ante la Fiscalía por la Distribuidora Santo Domingo, ubicada en la ciudad de Piribebuy, departamento de Cordillera.
El CIAP incluyó en su rendición de cuentas dos facturas de esa empresa por un valor total de G. 277 millones. La fundación adquirió artículos eléctricos por un valor de G. 208 millones, según la factura Nº 0005477; y materiales de construcción por G. 69.621.813, según la factura Nº 0005479.
Sin embargo, la empresa negó que el CIAP sea cliente suyo y aseguró que los comprobantes son falsos. La firma se dedica a la venta mayorista de artículos de ferretería y calefacción.
AR Electricidad tampoco aparece en el informe de auditoría.
Esa empresa se dedica a la venta de materiales eléctricos. Sin embargo, en la factura presentada se detalla que se adquirieron materiales de construcción para empedrado por el monto de G. 14.600.000. Los propietarios de AR también negaron que el CIAP sea cliente suyo.
Ingeniería S.A. también denunció la clonación de sus facturas. Los comprobantes Nº 0003774, del 8 de febrero de este año en concepto de “fabricación de caseta móvil para personal administrativo en obra” es por G. 20.500.000, y la Nº 0003778, del 5 de febrero en concepto de “contratación personal para trabajo de asfalto” es por G. 16.200.000. La dueña negó que la fundación sea cliente suya.
Millonario pago por estudio ambiental
CIAP presentó varias facturas por más de G. 904 millones en concepto de trámites de licencia, estudio de impacto ambiental, contratación de seguridad, instalación de sistema eléctrico, entre otros servicios.
La firma proveedora es Asunción Ofertas, cuyo propietario es Édgar Arriola, quien según fuentes está fuera del país desde 2015.
La firma se dedica al rubro de ramos generales, pero no existe en la dirección señalada, la calle Leonismo Luqueño casi Mayor Echauri de la ciudad de Luque.
Los auditores solo informan sobre G. 777 millones (G. 127 millones menos) y no sobre el total mencionado. Destacan que el rubro de la firma es inconsistente con el servicio prestado, ya que en los registros de la Subsecretaría de Estado de Tributación, Asunción Ofertas se dedica a la venta minorista de bebidas.
Pero olvidaron que Édgar Arriola no es consultor ambientalista, según los registros del Ministerio del Ambiente de Desarrollo Sustentable.
Otro dato llamativo olvidado es que el vencimiento del timbrado era el 28 de febrero de este año y las facturas fueron emitidas del 15 al 18 de febrero consecutivamente.
No auditaron facturas a crédito
El titular del equipo auditor, Mario Florenciáñez, exdirector de Rendición de Cuentas de la Contraloría, mencionó que las facturas a crédito sin recibos de cancelación “no sirven”, pero en el informe final no mencionan el caso.
En la rendición de cuentas aparecen facturas a crédito sin boleta de cancelación a nombre de CIAP por más de G. 3.500 millones; es decir, figuran como pagadas.
Sueldos pagados con fondos para covid
En el informe final tampoco mencionan las facturas de pagos de salarios con fechas de entre octubre de 2020 y febrero de 2021, anteriores al desembolso de G. 6.382 millones, que forman parte de la rendición de cuentas de la Gobernación de Central.
El perjuicio sería de G. 10.500.000. Los funcionarios confirmaron los cobros y afirmaron que las facturas fueron expedidas a nombre del CIAP.
Varias observaciones sobre las irregularidades hechas por la Secretaría Nacional Anticorrupción y la Subsecretaría de Estado de Tributación, que denunciaron el caso el pasado 8 de julio, no fueron tenidas en cuenta por la Contraloría.
También hicieron caso omiso al informe final de la auditoría hecho por la Secretaría Nacional Anticorrupción y por la oficina de Auditoría General del Poder Ejecutivo.