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Por causa de inhibición con el abogado Andrés Casati, quien asumió la defensa del gobernador Hugo Javier González (ANR - cartista), el juez especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás se apartó de la causa por el caso de las “obras fantasmas” en la Gobernación de Central.
“Por imposición del superior jerárquico y por razones de decoro y delicadeza, separome de entender en la presente causa, en consecuencia, remitase estas actuaciones al Juzgado que sigue en orden de turno”, señala Delmás en su escrito de inhibición.
El expediente se remite ahora al juez especializado en Delitos Económicos del 2° Turno Humberto Otazú, quien debe resolver si admite o impugna la inhibición de su colega. Si se da la impugnación será la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la que resuelva qué Juzgado atenderá la causa abierta por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza, producción y uso de documentos no auténticos, declaración falsa y asociación criminal.
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Además del gobernador de Central, en la causa están procesados Tadeo Andrés Álvares Cristaldo, Javier Marcelo Rojas Giménez, Paulino de los Santos Palacios Recalde, Nicolás Eduardo Emmanuel Álvarez Doria, Lourde Verónica Lezcano Decoud, Armando Adolfo Soler Espínola, Luis Eduardo Allende Araujo, Édgar José Zaracho Quintana, Guido Rolando Portillo Torres, Modesta Valente Escobar, José Félix Grau Fernández, Óscar Morel Oses, Óscar Laureano Gaete Gómez y Adalberto Benítez Aguilera.
La audiencia de imposición de medidas cautelares para los 15 presuntos involucrados en el caso de las “obras fantasmas” está fijada para este miércoles 10 y jueves 11 de noviembre. El Ministerio Público pidió medidas alternativas a la prisión para los imputados, pero solicitó que los mismos tengan prohibición de ingresar a la sede de la Gobernación de Central.
Si el juez Humberto Otazú admite la causa la diligencia estará a su cargo, caso contrario será Delmás quien resuelva lo peticionado por los fiscales Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera y Luis Said, atendiendo que se trata de una cuestión urgente.
Perjuicio oscila los G. 1.700 millones “por el momento”
Según la imputación, Hugo Javier repartió todo el fondo de emergencia a dos organizaciones sin fines de lucro. La fundación CIAP recibió G. 5.105 millones y el Consejo Regional de Salud unos G. 1.276 millones.
En las rendiciones de cuentas aparecen facturas clonadas, obras pagadas con otros fondos, pago de salarios, facturas a crédito sin recibo de dinero y otras groseras irregularidades.
El acta de imputación detalla algunas de las supuestas obras realizadas por la ONG CIAP en fecha anterior (mínimo dos meses antes) al desembolso de los fondos de emergencia que tuvo lugar en diciembre de 2020 por parte del Ministerio de Hacienda a una cuenta de la Gobernación de Central.
El presunto perjuicio sería por un total de G. 1.676.891.126, por el momento, esto “sin que obste a que existan otras supuestas obras en la misma situación, lo cual se determinará en la etapa investigativa”.
Bloqueo de bienes
Por expreso pedido del fiscal Rodrigo Estigarribia el juez José Delmás decretó la inhibición general de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles para el gobernador de Central Hugo Javier González.
El agente del Ministerio Público argumentó que orden judicial es “para garantizar la reparación del daño e impedir que los hechos punibles que se investigan surtan consecuencias perjudiciales en el patrimonio del estado paraguayo, lo cual debe ser precautelado por el Ministerio Público, conforme a las sospechas descriptas en el acta de imputación”.
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En el caso del gobernador de Central y los demás 14 procesados en juez de Garantías José Delmás considera que existen motivos suficientes para presumir que sus bienes muebles e inmuebles “podrían ser trasferidos para ocultar sus orígenes” y aclara que resolvió ordenar “medidas preventivas” en caso de comprobarse los supuestos hechos descritos en el acta de imputación fiscal.