Expropiar Pindó será premiar a criminales, advierte la agroganadera

Si se diera curso al proyecto de ley que busca expropiar la estancia Pindó sería como premiar a criminales y violentos. Sus propietarios vienen sufriendo desde hace nueve años un sistemático hostigamiento, con invasiones, ataque violentos, destrucción y depredación ambiental causados por parte de grupos radicalizados, según informaron desde la agroganadera.

Una de las fotografía del atentado que perpetraron los "sintierras" a la Estancia Pindó, en marzo de 2016, a los que el Frente Guazú busca premiar ahora con la expropiación.
Una de las fotografía del atentado que perpetraron los "sintierras" a la Estancia Pindó, en marzo de 2016, a los que el Frente Guazú busca premiar ahora con la expropiación.

La estancia Pindó era una empresa agropecuaria, con más de 50 años de antigüedad, ubicada a 70 km. al este de Curuguaty, sobre la Ruta 10, con dirección a Salto del Guairá. La misma se dedicaba a la producción de ganado Brangus de élite, desarrollado en 1.500 hectáreas de pastura, 1.000 hectáreas de agricultura y poseía 2.780 hectáreas de monte virgen aproximadamente, inscriptas como reserva forestal, según informó la abogada de la empresa, Maragarita Colmán.

Indicó que de hace nueve años está invadida e inclusive fue violentada con quema de viviendas y vehículos por parte de los supuestos “sin tierra”. También manifestó que dentro de la estancia Pindó, desde el 2015, fueron deforestadas cerca de 1.500 hectáreas de bosques nativos.

En ese contexto, un informe reciente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP) señala que en el lapso de los nueve años, los invasores han talado y extraído todas las especies forestales utilizables comercialmente, dentro de una superficie de 2.786 hectáreas, lo cual representa un monto aproximado de G. 203.000 millones, unos US$ 29 millones, que fueron robados con total impunidad por los invasores. Acorde con los datos, en el inicio la invasión a Pindó fue propiciada por un maderero, quien instó a los campesinos a ocupar la propiedad. Agregó que todas las mejoras existentes, que hicieran los invasores, constituyen solo una milésima parte de lo que han extraído, y que sirve de lucro a ciertos grupos que los impulsan desde la clandestinidad.

También señaló que posteriormente los parlamentarios Sixto Pereira, Hugo Richer y Pedro Santacruz fueron realizando visitas periódicas instando a resistir con la invasión. “Desde el inicio, el único fin de los invasores fue hacerse del alto valor de la madera”, expresa. Menciona que la incursión siempre tuvo carácter muy violento.

Por eso, el Infona amplió la denuncia realizada en 2018, luego de la cual siguió tranquilamente la deforestación. En ese contexto, la abogada Colmán relató que el 28 de marzo de 2016, 200 campesinos encapuchados de la Organización de Lucha por la Tierra (OLT) asaltaron con mucha violencia el casco principal de la estancia, destruyeron las instalaciones y quemaron una camioneta y maquinarias y la mantuvieron secuestrada; las pérdidas fueron multimillonarias, cerca de US$ 500.000.

Este jueves se trata en Senado

Este jueves, la Cámara de Senadores tratará la expropiación de Pindó. Figura como proyecto de Ley “Que declara de interés social y expropia a favor del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) para los fines de la reforma agraria, para ser transferidos a sus actuales ocupantes la finca Nº 5.603 Padrón 4.284 del distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú”, presentado por los senadores Sixto Pereira, Esperanza Martínez, Hugo Richer y Carlos Filizzola (EXP. N° 14-6658).

Al respecto, la profesional del derecho explicó que dicha propiedad es una reserva forestal privada, y aunque ya fue en gran parte deforestada no puede ser expropiada, según establece el artículo 10 de la Ley N° 1863/ 2002; además, si se expropia se estaría premiando a los invasores, en contra de lo que establece el estatuto agrario, que dispone en su artículo 98, que deberán ser desestimados los expedientes de expropiación a favor de los invasores sobre inmuebles que sean objeto de invasión u ocupación ilegítima y que hayan tenido intervención judicial.

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