Según el proyectista, el fin de la norma es establecer penas más duras, elevando a crímenes aquellos hechos cometidos por funcionarios públicos corruptos.

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Se establece que un funcionario público, autoridad de elección popular, estatales o municipales perciba o no remuneración del Estado o de la Municipalidad respectiva y cometa lesión de confianza, la pena será de 5 a 15 años. Mientras que para los casos de cohecho pasivo señala: el que solicitara, se dejara prometer o aceptara un beneficio o cambio de una contraprestación proveniente de una conducta propia del servicio que haya realizado o que realizará en el futuro, será castigado con pena privativa de libertad de dos a ocho años, entre otros castigos.