Diputados definen si liberan declaraciones juradas sin orden judicial

La Cámara de Diputados analiza en la sesión ordinaria de la fecha, convocada para las 8:30, si liberan las declaraciones juradas (DD.JJ.) de los funcionarios públicos sin necesidad de obtener una orden judicial. El proyecto de ley modifica varios artículos de la Ley 5033/13.

El diputado Ever Noguera (Añetete), imputado por el caso vaso de leche conversa con Ulises Quitana (ExAñetete) acusado por lavado.
El diputado Ever Noguera (Añetete), imputado por el caso vaso de leche conversa con Ulises Quitana (ExAñetete) acusado por lavado.Gustavo Machado

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La Comisión de Asuntos Constitucionales volvió a introducir modificaciones a la versión original presentada por la Contraloría General de la República (CGR). En un primer dictamen omite la publicidad de las declaraciones juradas de bienes y rentas.

Ahora elimina el requisito de la “autorización judicial previa” para la publicidad de las declaraciones juradas presentadas por los funcionarios al ingreso y egreso de la función pública.

Actualmente, la ley establece que cualquier ciudadano que quiera acceder a las declaraciones juradas debe tener una sentencia judicial para ello. La Contraloría propuso eliminar esa traba y liberar el acceso no solo de las DD.JJ. sino también de documentos ligados a las mismas, como los dictámenes de correspondencia e información de la presentación realizada.

Constitucionales plantea como modificación el establecimiento como deber y atribución la publicación en los medios digitales de toda información sobre las declaraciones juradas.

Sin embargo, mantienen la modificación en el artículo 14 donde dan la posibilidad de que el funcionario pueda de manera voluntaria rectificar datos de su declaración jurada, en cualquier momento, ante la CGR.

También se disminuyen las sanciones de multa aplicadas por la CGR a quienes incumplieron con la obligación de presentar sus declaraciones juradas, estableciendo multas proporcionales al salario y ya no multas en 300 jornales mínimos.

Según sostienen en la comisión el monto vigente de las multas resulta descomunal para quienes perciben salarios no tan elevados dentro de la función pública, de un monto aproximado de G. 25 millones.

La Contraloría sugirió una serie de cambios alegando que la Ley 6355, que modificó la 5033, introdujo figuras que colisionan con la interpretación constitucional brindada por la Corte.

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