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Se trata de la licitación para el “Servicio de Tercerización de Personal Profesional”, que se adjudicó a la empresa La Offi SA (representado por Rodrigo Pangrazio), por G. 238.800.000. La duración del contrato es de 12 meses, según documentos a los que accedió este diario.
“Se trata de la contratación de contadores junior para hacer un trabajo de ordenamiento en el área de contabilidad. Son 4 contadores junior por 12 meses”, manifestó a ABC Color el titular de la empresa, Ernesto Benítez, cuando se le consultó sobre la adjudicación.
Estos contadores se sumarán a los 1.050 funcionarios que tiene la empresa (685 permanentes y 365 contratados), que al parecer no dan abasto para el funcionamiento de la cementera. La empresa estatal actualmente está en crisis financiera y técnica, pero se da el lujo de contratar más personal.
“Contratamos este servicio porque en el plantel todos aquellos que tienen conocimientos en la materia están ocupados en otras labores y, además, no están todos en la central, donde está la oficina de contabilidad”, expresó Benítez.
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Empresa está en crisis y piden la destitución de su presidente
Según los datos, la empresa estatal registra una pérdida de casi G. 44.000 millones en lo que va de este año, mientras la deuda a corto plazo de la firma representa G. 443.671.219.169, pero Benítez adelantó que incluso lanzarán otra licitación para seguir tercerizando la mano de obra en la cementera, que “también se está gestionando”.
Estas contrataciones se realizan pese a que la ley de presupuesto del presente ejercicio prohíbe los procesos de contratación de funcionarios, pero la INC está burlando esta disposición con la maniobra de la tercerización.
Ante la denuncia de mala gestión en INC, el presidente de la empresa, Ernesto Benítez, comienza a desvincular a los obreros que sacan a la luz las anomalías, pero contrata a más obreros a través de la tercerización.
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La estatal no produce el clínker y el cemento que necesita para al menos cubrir sus gastos, porque diferentes máquinas de las plantas de Villeta y Vallemí registran fallas, pese a las millonarias inversiones.
Según denuncias, los obreros son obligados a firmar una nota de apoyo a Benítez, a quién responsabilizan de la actual crisis técnica, financiera y de gestión en la cementera del Estado. Pese al pedido de destitución, el Gobierno de Mario Abdo Benítez hace la “vista gorda”, mientras la firma solo acumula pérdidas y deudas multimillonarias.