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La jueza de Garantías de Crimen Organizado Rosarito Montanía postergó la audiencia preliminar para Cristian César Turrini Ayala y Alberto Antonio Ayala Jacquet (propietario de Carbosur), acusados como autores de tráfico de drogas y tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes, por el cargamento de 2.906 kilos de cocaína hallado en octubre de 2020, escondido en bolsas de carbón vegetal en el Puerto de Terport.
La diligencia se había fijado para hoy, a las 9:00, pero la fiscal Elva Cáceres, de la Unidad Especializada en Lucha Contra el Narcotráfico, solicitó la suspensión porque le coincidía con un juicio oral que le fue notificado con anterioridad.
La acusación del Ministerio Público sindica a Turrini Ayala y Ayala Jacquet como responsables de los 2,096 kilos de cocaína encontrados en bolsas de carbón vegetal que estaban listos en contenedores del Puerto de Terport, Villeta, para ser enviados a Bélgica de allí a Israel.
Agrega como antecedente la incautación por parte de la Policía Federal de Ambéres (Bélgica) de una carga de 3.406 kilos de cocaína que estaban mimetizados entre bolsas de carbón vegetal, de 20 kilos cada una, el 25 de junio de 2020.
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La empresa responsable del envío de dicho cargamento de droga fue Bascar SA y la embarcación se produjo el 28 de abril de 2020, desde el Puerto Fénix, Puertos y Estibajes SA.
La investigación fiscal pudo establecer que Cristian Turrini organizó en connivencia con Alberto Ayala el envío de un cargamento de cocaína simulada con carbón vegetal, que pretendía ser enviado a través de la empresa “Tres A”.
La Corte rechazó chicana de Turrini
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechazó in límine, la semana pasada, la acción de inconstitucionalidad planteada por la defensa de Cristian César Turrini Ayala en contra del Auto Interlocutorio N° 16 del 25 de febrero de 2021, dictado por el Tribunal de Apelación en Delitos Económicos y Crimen Organizado.
Los ministros César Diesel, Antonio Fretes y Víctor Ríos, miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, rechazaron sin estudio la acción debido a una negligencia del abogado Jorge Marcial Ortiz Oviedo, teniendo en cuenta que el profesional del derecho patrocinó la presentación, pero no acompañó el escrito con el poder que le otorgó Turrini Ayala para promover la inconstitucionalidad.
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“La tesis sostenida por esta Sala es la obligatoriedad que tiene todo aquel quien pretende promover una acción de inconstitucionalidad, de acreditar la representación invocada mediante poder especial o general. En el caso de autos, se constata que el accionante no ha cumplido con tal requisito”, resalta el fallo de la Sala Constitucional.