Los distritos afectados como Mbuyapey, Acahay, San Roque González y Carapeguá. En esta última ciudad, el intendente fue reelecto. Para justificar el atraso en el pago de servicios básicos como agua, luz y salarios a profesionales, funcionarios nombrados y contratados, como también a concejales municipales, argumentan que la falta de recursos municipales es debido a la pandemia de la covid-19.
En Mbuyapey la falta de liquidez imposibilita al nuevo intendente Carlos Rojas (ANR) cumplir con el presupuesto anual y los más afectados son los funcionarios, y exconcejales municipales, quienes están con atraso en el cobro de sus respectivos salarios.
Manifestó que es indignante que el exintendente Luis Aponte (PLRA), no se interesó en pagar tan siquiera los servicios básicos. “Es una vergüenza, si el pueblo te da esa confianza al elegirte como intendente para administrar los recursos, no se puede dejar vacía la Municipalidad”, dijo Rojas.
En su caso específico dijo que recibió un fondo de G. 684.000 del rubro ingresos genuinos y de Fonacide y Royalties, un poco más de G. 30 millones, pero dichos rubros están comprometidos con deudas contraídas por la anterior administración.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: Luciano Cañete deja millonaria deuda en la municipalidad de Carapeguá, pero aspira el rekutú
Comentó también que a la ANDE se adeuda G. 14 millones, y por agua un poco más de G. 1 millón. Lo que pagó es a la Dirección Nacional de Catastro G. 10 millones, que debieron saldar para destrabar los recursos de royalties y Fonacide que deben llegar al distrito, aunque los recursos están comprometidos para pagar deudas contraídas durante la gestión de Aponte.
Asimismo, la Municipalidad de Carapeguá, que viene de ser administrada hace 6 años por el reelecto intendente Luciano Cañete (ANR), desde que asumió en el 2015 y fue reelecto el pasado 10 de octubre, está teniendo déficit económico en su gestión. No logra mejorar sus ingresos y se justifica diciendo que los bajos ingresos se debe a la pandemia.
Actualmente, en este distrito siguen sin el servicio de agua potable un total de cinco plazas cuyo suministro del vital líquido fue desconectado de la red por falta de pago. A la fecha sigue sin regularizarse; la Junta de Saneamiento había desconectado a nueve plazas, de las cuales faltan aún pagar el suministro de cinco plazas cuyo monto supera los G. 1 millón.
Cañete comunicó a la Junta Municipal que va realizar un préstamo para cubrir las deudas pendientes de pago. Además del salario de funcionarios y concejales, también adeuda por transferencias G. 398 millones, que debe realizar a favor del Ministerio de Hacienda, Catastro y Gobernación. Ante la falta de pago, el Ministerio de Hacienda retuvo desde junio la transferencia de royalties y Fonacide que corresponde a este distrito.
Lea más: Trabajadores municipales de Carapeguá reclaman pago de salarios
A su vez el intendente de Acahay, Aldo Lezcano (Alianza), explicó que a los funcionarios se le adeuda más de G. 30 millones por el salario de los meses de octubre y noviembre, también se debe más de G. 44 millones al Ministerio de Hacienda y Gobernación, en concepto de impuesto inmobiliario que no se pagó y que está dificultando que Hacienda transfiera los fondos.
Similar problema está teniendo la Municipalidad de San Roque González, donde el intendente Emmanuel Morán (PRF) manifestó que también está sin recursos, hay atraso en el pago a funcionarios y ex concejales.
“Se viene encima el aguinaldo y la comuna está sin fondos, lo que preocupa y se está viendo cómo mejorar la recaudación para cubrir las deudas”, dijo Morán.
La Municipalidad de San Roque adeuda un total de G. 314.501.391 de los cuales precisa de recursos propios G. 93.037.787 para cubrir sueldo, dieta de concejales que salieron y de los que ingresaron, salario del intendente. Asimismo, está pendiente de pago de los recursos de Royalties G. 156.279.787 y de Fonacide G. 65.183.619.
La falta de transferencia de los 15 por ciento de impuesto inmobiliario, que cobran las municipalidades al contribuyente y no deposita al Ministerio de Hacienda y la Gobernación, constituye un hecho de malversación de fondos que nadie investiga y tampoco los mismos concejales cuestionan, mientras siguen avalando que se endeude más a las comunas.