Los camaristas Stella Marys Zárate, Andrea Vera y Gustavo Auadre integraron la Sala Penal que rechazó la recusación promovida por la abogada Gessy Ruíz Díaz, en representación del exsenador colorado Víctor Bogado en contra del ministro Manuel Ramírez Candia y el magistrado Gustavo Santander.
El fallo resalta que no existen motivos para que el ministro del máximo tribunal y el camarista se aparten de entender en el recurso presentado por Bogado. La defensa del exlegislador colorado había fundamentado que Ramírez Candia “arengaba hasta con tono amenazante a magistrados inferiores a denegar todas las peticiones e imponer la condena”.
Sin embargo los integrantes de la Sala Penal argumentan que el recusante “no refiere el momento ni lugar en el cual se dio dicha cuestión, tampoco refiere los nombres de los magistrados que hace referencia y tampoco aporta material probatorio alguno al respecto. En lo que hace a la crítica de la resolución recaída en el Recurso Extraordinario de Casación, es sabido que la disconformidad con las resoluciones judiciales no configura causal de separación”.
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Con esta resolución la Sala Penal de la Corte Suprema ya no tiene impedimentos para resolver el recurso extraordinario de revisión que presentó Víctor Bogado contra dos fallos que confirman su condena por complicidad en el cobro indebido de honorarios del caso de su “niñera de oro” Gabriela Quintana Venialgo.
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Debe pagar G. 480 millones
El 25 de octubre de 2013, el entonces senador colorado Víctor Bogado fue imputado por los fiscales René Fernández, Liliana Alcaraz, Claudia Criscioni y José Dos Santos por los delitos de cobro indebido de honorarios y estafa.
La imputación fue presentada luego de que saliera a la luz el caso de su “niñera de oro”, Gabriela Quintana, quien en un mismo periodo, figuraba como funcionaria de la Cámara de Diputados y de Itaipú, donde ingresó a pedido del propio Bogado.
El 24 de abril de 2014, tras meses de investigación, la Fiscalía presenta acusación por los delitos de cobro indebido de honorarios y estafa contra Bogado y Quintana, y solicita juicio oral. Recién luego de más de 4 años, debido a las innumerables chicanas de las defensas, el 2 de octubre de 2018, la jueza Penal de Garantías Rosarito Montanía elevó la causa a juicio oral y público.
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El 3 de mayo de 2019, el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Elio Ovelar, Juan C. Zárate (con votos por la condena) y Víctor Medina (voto en disidencia por la absolución), declaró culpable a Bogado por el delito de cobro indebido de honorarios y le condenó a 1 año de prisión con suspensión a prueba de la ejecución de la condena.
El 24 de setiembre de 2019, la Cámara de Apelaciones, integrada con los camaristas Pedro Mayor, Cristóbal Sánchez y Mirtha González, por unanimidad, confirmó la condena de Bogado, quien debe pagar la suma de G. 480 millones a 10 entidades de beneficencia.