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El juez penal de garantías en Delitos Económicos Humberto René Otazú Fernández había advertido que aplicaría sanciones dispuestas en la ley y en acordadas de la Corte Suprema de Justicia, que refieren sobre la obligación de litigar de buena fe, en la causa caratulada N° 72/2016 “Francisco de Vargas y otros s/ h.p. de lesión de confianza y otros”. Sin embargo, la audiencia preliminar prevista para este jueves y viernes, fue suspendida porque el miércoles 15 de diciembre, un día antes de sustanciar la audiencia, el abogado Gustavo Gorostiaga renunció al mandato de la defensa del acusado Antonio Salvador Pereira Fretes.
Los demás ocho acusados comparecieron con sus abogados, es así que el procesado Javier Benítez estuvo acompañado de su defensor Juan Carlos Ruffinelli; Silvia Jara Acha, con la defensora pública Blanca Ramos; Jéssica Paola Reyes, de la defensora pública Cynthia Giménez; el acusado Alberto Daniel Ferreira Martí, con su abogado Carlos Montañez; Hugo Danilo González Rodríguez estuvo asistido por los abogados Héctor Cáceres y Tarek Tuma; Francisco José de Vargas Benítez, acompañado por sus abogados Osvaldo Granada y Mario González Planás; Luis Alberto Rojas, con el abogado Mario Elizeche; y en el caso de Silvio Alcides Amarilla Torales, no consta de la presencia de su abogado en la frustrada audiencia.
Advirtió con aplicar sanciones
El juez Otazú Fernández por Auto Interlocutorio (AI) N° 787 del 12 de noviembre de 2021, convocó a los procesados y en la citada resolución también dispuso, ante las reiteradas chicanas que plantean las defensas, que se notifique a las partes bajo apercibimiento de las disposiciones contenidas en la Acordada N° 709/11 “Por la cual se aprueba el reglamento que regula el sistema disciplinario del Poder Judicial”, su modificatoria la Acordada 961/2015 en sus Artículos 4° y 16°, la Acordada N° 1057/2016 a través de la cual se aprueba el “Manual de buenas prácticas para los juzgados penales de garantías y demás auxiliares de justicia”, y lo dispuesto en los Artículos 106, 112, 113 y 114 del Código Procesal Penal “De los Deberes de las Partes” y de lo dispuesto en el Art. 243 Inc. 4 del Código Procesal Penal “Comportamiento de los imputados”, a objeto de evitar futuras suspensiones de audiencias y dilaciones en el marco del presente proceso.
El caso
El entonces fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Martín Cabrera imputó por lesión de confianza el 18 de noviembre de 2016 al exministro de la Senad Francisco José de Vargas, porque en el 2012 compró para esa institución, de la firma Televox SRL, el equipo denominado “sistema de rastreo sensitivo móvil”, por el que “pagó G. 9.406.120.000, por un bien que de ninguna manera justificaba dicho desembolso”, según señaló el Ministerio Público.
La investigación fiscal corroboró que los equipos de espionaje telefónico eran inservibles y que posiblemente habían sido sobrefacturados. Incluso, se mencionó que estos equipos, lejos de ayudar al combate del crimen organizado o el tráfico de drogas, entorpecieron las labores.
Luego de tres años, en el 2015, el entonces ministro de la Senad, Luis Alberto Rojas, realizó una nueva compra, denominada “equipos tácticos de comunicación”, por el que pagó G. 1.250.000.000, nuevamente a la empresa Televox. También fue procesado por lesión de confianza.
La investigación de la Fiscalía sostiene que dichos equipos no se pudieron utilizar en la labor de la Senad, y que De Vargas y Rojas, como administradores, tenían la obligación de cuidar del patrimonio de la institución a su cargo.
Rojas, además, fue quien direccionó las dos compras de equipos hacia la empresa Televox SRL.
Televox tiene como representantes a Nicasio Bóbeda y Alfredo Javier Bóbeda, quienes fueron imputados por producción de documentos no auténticos y contrabando.
Por su parte, la contadora de esta firma, Silvia Jara Acha, fue procesada por producción de documentos no auténticos.
Televox solicitó ser proveedora del Estado recién el 8 de agosto de 2012 y solamente realizó las dos ventas a la Senad (2012 y 2015), y en Aduanas registró esas dos importaciones.
También fueron imputados por lesión de confianza (complicidad) seis exfuncionarios de la Senad. Alberto Ferreira Martí, exencargado de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC); Jessica Paola Reyes, exasesora jurídica de la Dirección Administrativa; Antonio Pereira, exdirector administrativo; Silvio Amarilla, agente especial y exdirector de Inteligencia; Hugo González, coordinador de la UOC, y Adalberto Benítez, exdirector de Administración.
El actual fiscal de la causa es Luis Lionel Piñánez, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, quien presentó la acusación correspondiente en diciembre del 2018 contra todos los procesados.