En la fecha se desarrolló la etapa de presentación de alegatos finales, oportunidad en la que la representante del Ministerio Público explicó sus argumentos con relación al proceso y los datos que arrojó la investigación por la cual solicitó la aplicación de las penas para los 10 procesados, entre ellos ocho ex agentes policiales y dos civieles. Así también, los abogados de la defensa expusieron sus alegatos para evitar que sus clientes vayan a la cárcel.
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Los enjuiciados son el suboficial mayor Roberto Lezcano Martínez, al oficial inspector Francisco Antonio Díaz Ibarrola, al suboficial mayor Cirilo González Carmona, al suboficial inspector Marcial Flores Gauto, al subcomisario Edgardo Daniel Acosta, al oficial primero Darío Bernardo Pimienta Estigarribia, al oficial inspector Hugo César Ortiz y al suboficial primero Osmar Eustaquio Zaracho, por asociación criminal, tráfico, tenencia y comercialización de drogas y cohecho pasivo agravado.
A su vez, los civiles José Manuel Sugo Dafonte y Joel Leiva Acosta están acusados por tráfico, tenencia y comercialización de drogas.
Pedido de penas
En tal sentido la fiscala Lorena Ledesma solicitó una pena de 16 años para el suboficial mayor Roberto Lezcano, para el presunto narco Joel Leiva peticionó que sea condenado a 16 años, para el suboficial primero Osmar Zaracho solicitó una pena de 15 años de prisión, en tanto que para el oficial inspector Francisco Díaz pidió una condena de 13 años de cárcel. Esto en cuanto al pedido de altas condenas.
La representante el Ministerio Público peticionó al Tribunal que se apliquen condenas de 6 años para el subcomisario Edgardo Acosta y de 5 años para el oficial primero Darío Pimienta.
En tanto que el supuesto narco José Manuel Sugo y el oficial inspector Hugo Ortiz, el pedido fue de 4 años, 7 meses y 26 días de cárcel; mientras que para el suboficial mayor Cirilo Carmona y el suboficial inspector Marcial Flores, Ledesma pidió que sean condenados a 3 años de prisión, cada uno.
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Tras escuchar a la representante del Ministerio Público, el Tribunal de Sentencia, conformado por María Luz Martínez (presidenta), Darío Báez y Víctor Alfieri, dispuso un cuarto intermedio.
De acuerdo con la acusación presentada por la agente del Ministerio Público, tras cobrar US$ 200.000 para “liberar” a dos personas detenidas con un camión con 8.622 kilos de marihuana, los uniformados se organizaron para escoltarlos con la droga hasta su destino final, que sería Argentina.
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El 10 de mayo del 2017 el grupo fue interceptado por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en territorio nacional, en Misiones, ocasión en que se produjo la aprehensión de varios uniformados.