Juez ordena arresto de comerciantes vinculados a Kassem Hijazi

El juez de Garantías José Agustín Delmás dictó el arresto domiciliario de ocho empresarios paraguayos de origen libanés, relacionados con Kassem Hijazi, acusado de lavar dinero proveniente del narcotráfico por la justicia de Estados Unidos. Los mismos están procesados por supuesto contrabando y evasión de impuestos.

Kassem Hijazi (izq.), ante el juez José Agustín Delmás y el fiscal  Manuel Doldán, en la audiencia.
Kassem Hijazi (izq.) en audiencia ante el juez José Agustín Delmás y el fiscal Manuel Doldán.Archivo, ABC Color

El arresto domiciliario ordenado por el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás es para Khalil Ahmad Hijazi (sancionado por la Justicia de EE.UU), Ibrahim Khalil Hijazi Colman, Zulma Damiana Fernández de Hijazi, Laila Khalil Hijazi Fernández, Hamze Ali Hijazi, Carlos Hussein Ghaleb Hijazi, Víctor Javier Espinoza Ríos y Juan Carlos Sorazabal Rodríguez.

Los mismos fueron imputados por la fiscal Estefanía González por la supuesta comisión de los hechos punibles de contrabando, producción de documentos no auténticos y evasión de impuestos en Ciudad del Este.

En la audiencia de imposición de medidas la agente del Ministerio Público solicitó la libertad ambulatoria de los procesados, sin embargo el juez Delmás consideró que existen peligro de fuga y peligro de obstrucción a la investigación, debido a que la investigación está en etapa incipiente y que varios de los investigados tienen antecedentes penales.

En consecuencia el magistrado dispuso el arresto domiciliario con control permanente de la Policía Nacional para los procesados, a excepción de Ibrahim KhaliL Hijazi, Hamze Ali Hijazi y Víctor Javier Espinoza Ríos, para quienes dispuso que el control policial sea de manera aleatoria.

Asimismo Delmás impuso otras medidas, como prohibición de salir del país, prohibición de cambiar de domicilio, caución juratoria y la obligación de presentar caución real con todas las documentaciones que la validan, en un plazo máximo de 15 días hábiles.

La caución real de cada uno de los procesados debe cubrir la suma de G. 2.500 millones y en caso de incumplimiento en el plazo establecido, el Juzgado de Garantías advierte que se revocarán todas las medidas alternativas impuestas y los mismos irán a prisión.

Según la imputación presentada el 30 de diciembre pasado, todos los procesados serían dueños de grandes empresas importadoras de productos electrónicos en Ciudad del Este, capital de Alto Paraná.

Argumentos del Juzgado

En la audiencia de imposición de medidas, las defensas se sumaron al pedido de libertad ambulatoria que hizo la fiscala del caso y presentaron como fianzas varios inmuebles, valuados en millonarias sumas.

Sin embargo, Delmás señaló que de las constancias anexadas al expediente judicial se puede observar que los documentos no cumplen con los requisitos exigidos por las normativas atinentes, es por ello que el peligro de fuga no ha podido ser desvirtuado en su totalidad.

En el mismo sentido agregó que el peligro de obstrucción a la investigación no se ha podido desvirtuar puesto que se debe considerar el relato fáctico, a más de que algunos de los imputados poseen antecedentes penales por hechos punibles similares, por lo que concluyó que existe una alta probabilidad de obstrucción, así como un alto peligro de fuga.

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