Pipo entregó más de G. 1.800 millones para obras a ONG con fin incompatible

El gobernador de Caazapá, el velazquista Pedro “Pipo” Díaz Verón, entregó más de G. 1.800 millones a la Asociación Interdistrital de Caazapá, presidida por Yonny Guzmán Florentín, para realizar obras diversas. Sin embargo, la ONG tiene un fin completamente distinto a la crisis por pandemia, el cual es proteger a los asentamientos, según el acta de constitución del 26 de octubre de 2018.

Pedro Díaz Verón
Pedro “Pipo” Díaz Verón (ANR, velazquista), gobernador de Caazapá y hermano del acusado exfiscal Javier Díaz VerónGustavo Machado, ABC Color

Pedro “Pipo” Díaz Verón (ANR, velazquista), gobernador de Caazapá y hermano del acusado exfiscal general Javier Díaz Verón, repartió en el año 2021 los dos millones de dólares del fondo covid a ONG. Tal como lo hicieron sus colegas y correligionarios de Central y Canindeyú, los cartistas Hugo Javier González y César “Tigre” Ramírez, respectivamente.

En el caso de Pipo, la plata pública terminó en manos de al menos siete entidades “sin fines de lucro”. Una de ellas es la Asociación Interdistrital de Caazapá, presidida por Yonny Guzmán Florentín, que recibió más de G. 1.800 millones para realizar obras de empedrados, perfilado de calles y la famosa remodelación de la exestación de Moisés Bertoni, según los documentos presentados ante la Contraloría General de la República (CGR).

Los papeles también evidencian que esta ONG consiguió la plata pese a que en su acta de constitución no establece la realización de obras. Y más bien sus principales fines eran fortalecimiento socioambiental y sociocomunitario de los territorios sociales marginados, según el acta de creación con fecha 26 de octubre de 2018, dos meses después de la llegada de Díaz Verón al gobierno departamental.

El documento igualmente menciona que el objetivo es mejorar la calidad de vida de los pobladores de los asentamientos, mediante la ejecución de programas y proyectos sociales.

Llamativamente, la Asociación Interdistrital de Caazapá cobró G. 465 millones para la remodelación de la exterminal ferroviaria. Una obra delicadísima, atendiendo que la construcción se trata de un patrimonio nacional.

Los trabajos, finalmente, no se realizaron porque no existía la autorización de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) y Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa), de acuerdo a los registros documentales.

Doble transferencia

Al no realizarse la remodelación y luego de cuatro meses entregar la plata pública, Díaz Verón resolvió direccionar los G. 465 millones a otras obras. Lo sorpresivo es que los trabajos beneficiados ya fueron gerenciados ante la institución departamental por el Consejo Regional de Salud, a cargo de Roque Javier Vera Lugo.

Algunas obras, incluso, ya recibieron el desembolso total por las tareas. Es el caso de la Unidad de Salud Familiar (USF) de la compañía San Agustín, cuya construcción ya se pagó el monto global de G. 800 millones, pero Pipo Díaz Verón volvió a entregar más de G. 65 millones para esa misma obra, de acuerdo a los papeles.

Investigación fiscal abierta

Los fiscales Osmar Legal y Jorge Arce, encabezaron el viernes último un allanamiento en la sede de la Gobernación de Caazapá en el marco de la investigación abierta por el presunto mal uso de los fondos covid. En la ocasión, se incautaron documentos referentes a la utilización de los dos millones de dólares entregados por el Poder Ejecutivo para la reactivación económica.

También se requisaron ordenadores y aparatos celulares de los funcionarios más cercanos al gobernador Pedro “Pipo” Díaz Verón, detalló entonces el fiscal legal.

Añadió que la siguiente etapa investigativa será verificar la veracidad de los documentos para luego recorrer cada uno de los lugares donde supuestamente se invirtió el dinero público.

Apoyo de la SET

El viceminsitro de Tributación, Óscar Orué, adelantó el sábado último a ABC que el Ministerio Público solicitó el apoyo de la institución a su cargo para controlar la documentación adjunta en la rendición de cuentas del gobernador de Caazapá. El fisco verificará sí las facturas que justifican los gastos son correctas, que no sean falsas o clonadas, y la constitución de las empresas.

Sobre este último punto, Orué comentó que los indicios del fisco al realizar este tipo de control es que muchas veces las empresas se constituyen exclusivamente para prestarle servicio a una gobernación o un municipio sin tener la experiencia. Dijo que también hay casos en que se contratan a empresas de rubros completamente distintos.

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