Dos diputados contestan acción de Itaipú e insisten en conocer quienes son los abogados contratados

Este artículo tiene 4 años de antigüedad
La diputada Kattya González (PEN) y el diputado Edgar Acosta (PLRA), contestaron la excepción de inconstitucionalidad al amparo para tener datos sobre abogados externos.
La diputada Kattya González (PEN) y el diputado Edgar Acosta (PLRA), contestaron la excepción de inconstitucionalidad al amparo para tener datos sobre abogados externos.Captura de video

Los diputados Kattya González (PEN) y Édgar Acosta (PLRA) presentaron la contestación a la excepción de inconstitucionalidad planteada por la Itaipú Binacional y piden que sea rechazada por improcedente. El ente hidroeléctrico se mantiene en su postura de negar la divulgación de la contratación de abogados externos.

Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Los diputados opositores quieren saber los millonarios contratos adjudicados por la hidroeléctrica a abogados externos cuando que en su plantilla tiene a varios. Piden que se revelen los contratos suscritos por Itaipú Binacional (lado paraguayo), Asesoría Jurídica o cualquier otra dependencia para la contratación de asesores jurídicos externos a la institución entre agosto de 2018 y diciembre de 2021.

Magnolia Mendoza, esposa del senador colorado cartista Silvio “Beto” Ovelar, está al frente de la Dirección de Asesoría Jurídica de Itaipú.

Solicitan los antecedentes documentales, montos, nombres y apellidos de los contratados y/o integrantes de las sociedades o corporaciones e indicación si dichas contrataciones -sean individuales o corporativas- se realizaron en el marco de la norma general de licitaciones, y en su caso qué instrumentos internos y reglamentarios fueron utilizados, entre otros detalles.

En la contestación a la excepción de inconstitucionalidad al amparo planteado por los diputados de la oposición, señalan que la Itaipú presenta el recurso de inconstitucionalidad fuera de plazo y sin citar ninguna disposición de nuestra ley fundamental que haya sido violentada o esté en peligro de serlo por nuestra petición.

Refieren que el Código Procesal Civil es muy claro cuando establece el plazo para recurrir a la acción y a la excepción de inconstitucionalidad: imprescriptible cuando un acto normativo es de carácter general y seis meses, cuando es particular.

Los diputados de la oposición piden en el escrito dictar resolución rechazando de manera a limitar esta excepción de inconstitucionalidad por extemporánea.

Asimismo, solicitan subsidiariamente remitir el expediente de la excepción de inconstitucionalidad y su contestación a la Corte Suprema de Justicia, a fin de que oportunamente dicte sentencia rechazando la excepción de inconstitucionalidad por improcedente.