Acusan a Quiñónez de encubrir a HC en denuncias de lavado y corrupción

El libelo acusatorio sostiene que la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, encubre denuncias de corrupción y actúa en forma discrecional y sin independencia en procesos de contrabando, lavado de dinero y crimen organizado, especialmente los vinculados a Horacio Cartes, su gobierno y su movimiento.

LIBELO ACUSATORIO
LIBELO ACUSATORIOArchivo, ABC Color

El libelo contra Quiñónez consta de 89 páginas y 2.400 fojas de pruebas documentales. La principal acusación es mal desempeño de funciones y encubrimiento en procesos vinculados mayormente al gobierno de Horacio Cartes (2013-2018) y su círculo político y empresarial. También se la acusa de inacción en denuncias contra una red de lavado de dinero atribuido al expresidente.

En el texto, redactado principalmente por la diputada Kattya González (PEN), se acusa a la titular del Ministerio Público de actuar en forma “discrecional y sin independencia en casos de contrabando, lavado y crimen organizado”.

Así también, la acusan de debilitar las fiscalías barriales y especializadas de combate a la corrupción y crimen organizado.

En el documento también la acusan de incumplir con la obligación de disponer de un programa de protección de testigos, víctimas y funcionarios que denuncien corrupción.

Repudian además que Quiñónez declaró a la Fiscalía “inauditable” ante la Contraloría.

En la acusación se citan nueve casos emblemáticos como 1) el fraude del metrobús y 2) la impunidad a Messer “por falta de voluntad política y abierto encubrimiento de quien dice ser el hermano del alma del doleiro, Dario Messer, recayendo en evidente mal desempeño de sus funciones”, dice textualmente.

Igualmente se cita 3) la inacción en el caso de Roque Fabiano Silveira, intermediario de Cartes y Messer.

Le sigue 4) la denuncia del Ministro del Interior Arnaldo Giuzzio contra Cartes por un esquema de lavado y 5) la inacción fiscal en el caso Pandora Papers contra Cartes. Se cita además 6) la falta de resultados en esclarecer la orden de atacar la sede del PLRA el 1 de abril de 2017 y 7) presuntas irregularidades en la ejecución presupuestaria de la Fiscalía.

También la acusan 8) de brindar “impunidad a intendentes y gobernadores” denunciados de desviar fondos de emergencia.

9) Concluyen acusándola por “inacción o negligencia” en casos como Essap; EMPO; en el MAG durante el gobierno de Cartes; la Mega incautación de cigarrillos; la firmatón por la reelección y las denuncias de tortura por oficiales de la Armada.

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