Auditoría forense de Contraloría analiza presuntos hechos punibles en caso de facturas clonadas

En diciembre de 2021 se convocó la conformación de una mesa de trabajo entre auditores y asesores jurídicos de la Contraloría General de la República para analizar las observaciones, evaluaciones, descargos y ratificaciones del informe final de auditoría sobre la ejecución de un millón de dólares que la Gobernación de Central supuestamente desvió a través de organizaciones no gubernamentales. En caso de confirmarse algún indicio de hecho punible, se informará al Ministerio Público.

Hugo Javier González, gobernador de Central.
Hugo Javier González, gobernador de Central.

La Contraloría General de la República aseguró que actualmente el informe final de auditoria sobre el uso de 6.382 millones de guaraníes que la Gobernación de Central recibió del Poder Ejecutivo en 2020 como estímulo económico por la pandemia de covid-19 se encuentra siendo evaluado por asesoría forense.

El análisis permitirá confirmar o descartar, de acuerdo al criterio de los auditores y asesores legales, si durante la ejecución del dinero existió malversación. En el caso de confirmarse un hecho punible, el ente contralor deberá comunicar inmediatamente al Ministerio Público el hallazgo.

En febrero se dio a conocer el informe final documental. Aún queda pendiente otro informe de fiscalización de obras, donde se investiga el caso de “obras fantasmas” que presume la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.

En el marco de la investigación, la Fiscalía imputó a 16 personas incluyendo al gobernador de Central, Hugo Javier González (ANR, Partido Colorado), por los presuntos hechos de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.

La pesquisa derivó de la sospecha de una serie de irregularidades detectadas por la Secretaría Nacional de Anticorrupción, la Auditoría General del Poder Ejecutivo y la Subsecretaría de Estado de Tributación, en la rendición de cuentas de la institución departamental y de dos oenegés que recibieron los recursos.

El legajo documental está plagado de facturas clonadas o anuladas, de empresas y proveedores fantasmas, entre otras irregularidades.

El Centro Integral de Apoyo Profesional, presidido por Tadeo Álvarez - también imputado en la causa - fue beneficiado por el gobernador González con 5.105 millones de guaraníes para la construcción de obras de infraestructura en espacios públicos a pesar de que la entidad no está habilitada para la realización de construcciones. No era la primera vez que recibía fondos de la Gobernación.

También el Consejo Regional de Salud, representado por el doctor Hugo Cabrera, recibió 1.276 millones de guaraníes. En su rendición de cuentas aparece una factura proveída por un taller de fabricación, ensamble y reparación de carrocerías para camiones de gran porte, por la supuesta compra de mobiliarios hospitalarios.

El informe final de auditoría concluyó con quince observaciones cuyos descargos a cargo de las oenegés beneficiadas y del gobernador González, son descabellados.

A pesar de ello, el equipo auditor de la Contraloría apeló a la sensibilidad del administrador departamental y le recomendó implementar estrategias que activen e intensifiquen el control interno sobre las transferencias de recursos económicos que realice la Gobernación a entidades sin fines de lucro, además de velar por el dinero en su carácter de ordenador de gastos.

Además, aconsejaron a González que su administración verifique de forma más efectiva las documentaciones respaldatorias presentadas luego de cada ejecución.

Ninguna de las quince observaciones que constan en el informe final fue refutada por Hugo Javier González y los auditores se ratificaron en cada una de las reflexiones.

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