“Olvidos” en las DDJJ, una práctica común de políticos

El diputado cartista Erico Galeano es el último de una larga lista de casos en los que funcionarios públicos “olvidan” incluir sus activos en sus declaraciones juradas. Desde departamentos en la playa, pasando por empresas de portafolio, cuentas bancarias e inmuebles municipales que quedaron en manos de políticos. Son numerosas las historias de bienes que fueron escondidos por sus propietarios y muchos siguen impunes.

En el edificio Continental Exclusive Residence, frente a la playa de Itapema,  los Zacarías-McLeod compraron departamentos en 2017.
En el edificio Continental Exclusive Residence, frente a la playa de Itapema, los Zacarías-McLeod compraron departamentos en 2017.Archivo, ABC Color

Departamentos en la playa, cuentas bancarias, millonarios préstamos, inmuebles y empresas de portafolio.

La lista de cosas que algunos políticos “olvidan” incluir en las declaraciones juradas (DDJJ) que deben presentan ante la Contraloría General de la República (CGR) es extensa. Así como también es largo el listado de los políticos que omitieron información en sus manifestaciones de bienes.

El último en sumarse a esta tendencia de “errores involuntarios” fue el diputado cartista Erico Galeano, quien no declaró inmuebles y cuentas bancarias.

Antes estuvieron otros como el mismísimo Horacio Cartes, expresidente y líder del movimiento Honor Colorado, del que forma parte Galeano.

También aparece otro diputado cartista, Basilio “Bachi” Núñez, quien realizó varias rectificaciones a las apuradas ante la CGR. Todos casos que no fueron investigados.

La offshore olvidada del expresidente Cartes

El expresidente de la República Horacio Cartes manejó durante los años de su mandato una empresa de portafolio en Panamá que no incluyó en sus declaraciones juradas sino hasta que desde Washington le realizaron consultas para una publicación.

Creada en 2011, Dominicana Acquisition SA, la offshore del expresidente Horacio Cartes no figura en tres declaraciones juradas presentadas desde que asumió el poder en 2013 hasta su salida, en 2018. Recién un día después de ser consultado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) sinceró su declaración.

La creación de Dominicana Acquisitions SA, data del 9 de noviembre de 2011, un año antes de que Cartes ganara las internas del Partido Colorado para las presidenciales, pero cuando ya claramente tenía intenciones de postular a la presidencia.

Según los documentos que constan en la Contraloría, desde que asumió el poder en 2013 hasta que lo dejó en 2018, Cartes presentó 3 declaraciones juradas, incluso una actualización al nuevo formato que estableció el ente contralor.

El 21 de agosto de 2013, entre otros activos, declaró acciones en 25 empresas, pero entre ellas no aparece la offshore panameña.

Conforme al artículo 104 de la Constitución Nacional, declaro bajo fe de juramento que la presente declaración de bienes y rentas es fiel reflejo de mi situación patrimonial y no omito dato alguno que deba contener”.

El mismo párrafo agrega que el firmante acepta las sanciones establecidas en la Ley en el caso de incumplimiento.

En 2014 hace dos presentaciones, una de ellas de adecuación al nuevo formato. En ninguna de ellas consigna la offshore.

A su salida de Palacio de Gobierno realiza otra declaración jurada, donde reporta acciones en 34 empresas, pero ninguna de ellas la cuestionada Dominicana Adcquisitions SA.

El 24 de septiembre pasado, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ-por sus siglas en inglés) remite por primera vez una batería de preguntas al exmandatario, donde una de ellas puntualmente requería que indique si declaró o no la offshore estando en el poder.

El 29 de septiembre se vuelven a reiterar las consultas, y esa en específico, recibiendo únicamente una respuesta evasiva.

Al día siguiente, el 30 de septiembre, sabiendo ya de las inminentes publicaciones periodísticas, el expresidente realiza una declaración rectificativa ante la Contraloría vía digital. De esta manera, luego de ser descubierto de que en tres ocasiones omitió declarar la offshore, finalmente la termina admitiendo como propia.

Cartes alegó un “error involuntario” para presentar su rectificación. En el nuevo documento declaró que poseía acciones por G. 58 millones en la empresa de portafolio, equivalentes a US$ 10.000 al cambio de la época en la que se creó la firma. Sin embargo, en los documentos de creación de Dominicana Acquisition, Cartes hizo constar que la misma se usaría para manejar inmuebles en Estados Unidos por alrededor de US$ 1.000.000.

La Fiscalía no se movió en el caso, pese a las denuncias presentadas.

La vida de playa que no fue declarada

El senador excartista Javier Zacarías Irún y su esposa, Sandra McLeod destituida exintendenta de Ciudad del Este, también forman parte la lista de políticos que “olvidaron” declarar sus activos.

Las cabezas del clan que gobernó durante casi dos décadas la capital del Alto Paraná escondieron varios inmuebles que tenían a su nombre en Itapema, Brasil. Esto generó que ambos afrontaran un proceso judicial.

El senador Javier Zacarías Irún rectificó su declaración jurada de bienes cuatro veces, reportó la posesión inicial de apenas cinco vehículos, y “olvidó” reportar cinco más que están a su nombre en el Registro de Automotores.

En su primera declaración jurada del 13 de julio del año pasado, antes de asumir como senador, reportó nueve inmuebles. De los nueve, reconoció uno solo en Brasil, el único que hasta ese momento había encontrado nuestro diario en Meia Praia (Itapema, Santa Catarina). Declaró G. 9.255.800.000 solamente en inmuebles.

Reportó además solamente cinco vehículos por valor de 1.194 millones de guaraníes y un avión, que según él, vale apenas unos G. 187 millones de guaraníes. Reportó acciones por valor de 6.715 millones de guaraníes y deudas de tarjetas de crédito, créditos de cooperativas, financieras y bancos. Detalló que supuestamente le debía a su propia empresa, Gestiones del Este, unos G. 606 millones de así como a concesionarias de automóviles.

El 1 de agosto del 2018 rectificó por primera vez. En esa ocasión ya se acordó de reportar los otros inmuebles que ya habían adquirido en Santa Catarina, Brasil. El senador Zacarías Irún agregó los dos departamentos que había “olvidado” incluir en su primer reporte además de un panteón que tampoco reportó. La suma inicial de inmuebles subió de nueve a 12. Y también hizo constar más deudas; según él, debía por su departamento en Santa Catarina cuatro cuotas de casi 69 millones de guaraníes mensuales.

El 29 de agosto del 2018 rectificó por segunda vez. Agregó más inmuebles y la cifra trepó a G. 12.534 millones así como aumentó su monto en acciones que llegó a G. 7.840 millones. Reportaba que sus activos iban bajando.

El 12 de setiembre del 2018 volvió a rectificar, por tercera vez. Bajó la cantidad de activos, lo ubicó en más de G. 4.528 millones, mantuvo la cantidad de inmuebles, vehículos y su aeronave.

El 3 de octubre del 2018 rectificó por cuarta vez su declaración jurada de bienes y rentas. Aumentó con la compra de un inmueble más. Mantuvo la cantidad de vehículos y sus acciones.

Sandra McLeod también rectificó al menos tres veces su declaración jurada y nunca consignó la propiedad de los departamentos y cocheras en Brasil, pese a que aparece como co-propietaria, según los brasileños. Aunque llegó a reportar la propiedad de seis inmuebles, según la Fiscalía “olvidó” reportar otros cuatro: Tres de ellos en Ciudad del Este y uno en Asunción, en el barrio Recoleta. Tampoco consignó como pasivo un préstamo de la Cooperativa universitaria por valor de G. 500 millones a 12 meses.

“Bachi” y las llamativas subvaloraciones

El diputado Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista) no declaró varios inmuebles a su nombre como también en condonimio con su actual pareja, Nidia Lorena Cabrera Zaracho, según los registros del Servicio Nacional de Catastro (SNC). El político también habría subvalorado una sus propiedades en su DD.JJ.

Unas cuatro propiedades ubicadas en el distrito de Villa Hayes no figuran en la declaración jurada presentada ante la Contraloría General de la República por el diputado Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista). Se trata de inmuebles a titulo personal del legislador como también en condonimio con su actual pareja y exconcejal de Villa Hayes, Nidia Lorena Cabrera Zaracho (ANR, cartista).

Uno de los terrenos que figura a nombre de ambos está identificado con el Padrón N° 9728 y tiene una superficie de 2.500 metros cuadrados. El lote está ubicado en Villa Hayes y fue inscripto el 1 de julio de 2016. El trámite para la escritura ante la institución estuvo a cargo de la escribana María Teresa Ramón Román, según la página web del Servicio Nacional de Catastro (SNC).

La otra propiedad que está a nombre de la pareja tiene el Padrón N° 9485 y tiene también una superficie de 2.500 metros cuadrados. La inscripción también tuvo lugar el 1 de julio de 2016, por parte de la escribana María Teresa Ramos Román, de acuerdo a los registros.

Los otros dos inmuebles que serían del legislador y que no figuran en sus declaraciones juradas tienen padrón N° 15.174 y 15.149. Ambos también están Villa Hayes y cuentan con una superficie de 649 y 8.000 metros cuadrados, respectivamente. La inscripción tuvo lugar en el año 2016, por parte de la escribana María Inés de la Paz Mendoza Garcia.

El ente contralor publicó cuatro DD.JJ del diputado colorado, de las cuales dos corresponden a rectificaciones a la documentación del 14 de julio de 2018 cuando ingresó a la Cámara Baja. Bachi realizó las correcciones el 22 de junio de 2019 y el 18 de junio de 2020 argumentando que consignó mal algunos bienes y el valor, según la observación. Curiosamente, en la primera manifestación de bienes del diputado en 2018 sí figuran dos de las propiedades.

Los inmuebles incluso fueron valorizados en G. 300.000.000 y G. 100.000.000, según la documentación.

La DD.JJ del legislador en el año 2018 consignaba 11 propiedades por un total G. 3.240 millones, mientras que en las rectificaciones la cifra bajó a 6 lotes, por G. 1.912 millones. Esto dejó una diferencia de G. 1.328 millones solo en inmuebles, según el comparativo de las documentaciones.

El político pasó de ser un modesto médico cirujano a un acaudalado político de Villa Hayes. Antes de ser diputado fue asesor del expresidente de la República Horacio Cartes y exintendente de Villa Hayes.

El legislador colorado también declaró una de sus propiedades por un valor menor al fiscal, según el registro del Servicio Nacional de Catastro (SNC). Se trata del inmueble ubicado en la zona de río Verde de Villa Hayes y está identificado con cuenta corriente N° 30-1177-30. Tiene superficie de 5,8 hectáreas. Bachí manifestó en su DD.JJ que el precio de dicho inmueble era de G. 270 millones Sin embargo, el precio fiscal es de G. 624.022.000.

Cartistas ahora buscan impunidad de cambios

La Cámara de Diputados debe analizar un proyecto de modificación de la ley que regula la presentación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Renta.

Casualmente, el cartismo busca eliminar las sanciones penales a quienes “olviden” incluir activos o pasivos en sus manifestaciones de bienes y las rectifiquen.

La modificación a la ley propuesta por los diputados, que fue eliminada por el Senado, establece que los funcionarios públicos podrán “rectificar” en cualquier momento su declaración jurada de bienes.

Igualmente, el proyecto también elimina la facultad de la Contraloría General de la República de denunciar ante la fiscalía las declaraciones juradas que contengan datos falsos.

Estos artículos fueron eliminados por el Senado, por lo que ahora la Cámara Baja debe definir si se ratifica o acepta los cambios.

No es la primera vez que desde el Congreso se intenta despenalizar declaraciones juradas falsas.

En junio de 2020, el Ejecutivo vetó una ley que planteaba ese objetivo. En ese entonces, se intentó blanquear “errores” u “omisiones”, y que sean considerados errores administrativos sin hacer ningún proceso penal.

Contralor pide mantener

El contralor general Camilo Benítez recordó días atrás que el proyecto de ley que habían presentado para facilitar la publicación de DD.JJ. no recomienda eliminar las sanciones penales a los que rectifiquen o falseen datos.

“En cuanto al delito de declaración falsa, en el anteproyecto presentado por la CGR no se hace referencia al mismo, pero no estaría de más establecer a través de una ley, los criterios que las instituciones deberían de tener para determinar dicho hecho punible”, afirmó.

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