Cobro indebido de subsidios: IPS recuperó apenas el 6% de los G. 1.100 millones

La gerente de Prestaciones Económicas del IPS, Cecilia Rodríguez, reveló hoy que -hasta el momento- han logrado recuperar G. 65 millones de los G. 1.140 millones que fueron perjudicados mediante el cobro indebido de subsidios por contratos suspendidos, que alertaron las propias empresas. Igualmente, comentó que el monto total perjudicado podría ascender, pues indicó que hay otras 271 firmas en la mira.

Muchos trabajadores no pueden acceder al subsidio porque sus empleadores nunca les inscribieron en IPS. En tanto, desde la previsional aclaran que el subsidio no se computará en el aguinaldo.
Muchos trabajadores seguían percibiendo el subsidio por contrato suspendido pese a que ya estaban en operación.Archivo, ABC Color

Dieciséis empresas habían alertado -algunas de forma reiterada- al Instituto de Previsión Social (IPS) que sus trabajadores seguían percibiendo el subsidio por contrato suspendido, pese a que ya fueron restablecidos en lo laboral. El total del perjuicio económico de dicho “error” ascendió a G. 1.140 millones, según precisó la gerente de Prestaciones de la previsional, Cecilia Rodríguez.

En conversación con ABC Cardinal, Rodríguez reveló este lunes que el IPS hasta el momento ha logrado recuperar solo G. 65 millones del monto total mencionado, aunque aclaró que siguen gestionando la devolución de lo acreditado.

Agregó que estas empresas no serán sancionadas, ya que el Consejo de Administración del IPS autorizó, mediante la resolución CA/03/2022, a estas patronales la devolución de estos conceptos acreditados erróneamente por la previsional y la posibilidad de reintegrarlo en fraccionamiento de 12 cuotas.

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“Buena fe” de las empresas

En ese sentido, refirió que la resolución responde a la “buena fe” de estas empresas que comunicaron sobre la acreditación irregular y que manifestaron su predisposición para devolver los fondos. “Todas estas empresas actuaron de buena fe y avisaron en su momento, en 2020 y 2021, que recibieron erróneamente los subsidios”, sostuvo.

La gerente de Prestaciones del IPS remarcó en varias ocasiones que “estos pagos se realizaron antes de esta administración”, atendiendo a que asumió en reemplazo de Pedro Halley a mediados del 2021.

Con relación a una presunta falta de verificación de los trabajadores a ser acreditados por parte de la previsional, indicó que el IPS realizó el pago de las compensaciones económicas por contratos suspendidos de acuerdo a los datos brindados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS). “El IPS siempre estuvo pagando en base a los datos que enviaba el Ministerio de Trabajo. No se pagó ningún subsidio si no contaba con la resolución del Ministerio”, subrayó.

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Pedido de devolución estaba “cajoneado”

Desde el IPS remitieron un comunicado y señalaron la empresa Grupo Aquino ejecutó la devolución de G. 60.448.726, aunque no supieron precisar si se trataba del monto mencionado previamente por Rodríguez.

Igualmente, explicaron que la empresa en cuestión había solicitado ya desde el año pasado ejecutar la devolución vía nota, pero que la misma había sido “cajoneada” por la administración anterior, a cargo de Halley.

“Cabe mencionar que la nota donde se mencionaba el error y la intención de la patronal de devolver el dinero se encontraba cajoaneada sin darle trámite alguno, hasta que la nueva autoridad, la ingeniera Cecilia Rodríguez, tras un corte administrativo encontró el documento e inició los trámites correspondientes para el efecto”, señala el comunicado remitido por la Previsional.

Así también, revelaron que a son siete las empresas que ejecutaron la devolución de las acreditaciones irregulares.

Hay más empresas en la mira

El perjuicio patrimonial por pago “erróneo” de subsidios por contratos suspendidos podría ascender, ya que Rodríguez comentó que la Dirección de Aporte Obrero Patronal del IPS tiene en la mira a unas 270 empresas que presuntamente hacían operar a sus trabajadores, mientras los hacían figurar en los registros para recibir la compensación económica.

Acotó que, a diferencia de las firmas que se pusieron a disposición por las acreditaciones erróneas, estas empresas serán investigadas por presunción de fraude y, en caso de confirmarse, se remitirán los casos al Ministerio Público para una prosecución penal.

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