Cae por tierra la intención cartista de mantener a Hugo Javier en el cargo

El sector cartista opera en forma intensa para lograr que el imputado gobernador de Central, Hugo Javier González, no cumpla con lo estipulado en la Carta Orgánica del gobierno departamental de comunicar su ausencia y dejar el cargo. El argumento que se pretende instalar es que el exanimador cumplirá su arresto en el mismo distrito asiento de la institución, es decir, Areguá. Sin embargo, mapas satelitales echan por tierra esta versión.

HUGO JAVIER Y SU ARRESTO
HUGO JAVIER Y SU ARRESTOArchivo, ABC Color

El presidente de la Junta Departamental, el liberal dionisista Mario Aguilera, en un intento por defender su falta de postura sobre el arresto domiciliario para el imputado gobernador Hugo Javier González, señaló que la Ley 426/94 “Carta Orgánica del gobierno departamental” establece que el asiento de la institución debe ser la capital del departamento, por ello “existía una confusión sobre la medida judicial contra el exanimador”.

Al mencionársele a Aguilera que el exclusivo barrio cerrado Costa Lago está entre los distritos de Itauguá e Ypacaraí, ensayó una tímida respuesta de que ahí sí habría impedimento.

La postura inicial del presidente de la Junta es la que el sector cartista pretende instalar. Y es de que el jefe departamental cumplirá su arresto en el mismo distrito de la sede departamental.

El abogado Fausto Portillo en el pedido de cambio de domicilio para Hugo Javier indicó que era con el fin de seguir ejerciendo su cargo de gobernador y cumplir en forma con su rol de padre.

Sin embargo, la vivienda en el barrio cerrado no está ubicada en el distrito de Areguá. Es más, está dentro del distrito de Ypacaraí, en el límite con Itauguá, según mapas satelitales.

A metros de la playa

El exclusivo barrio cerrado Costa Lago dista cinco kilómetros en línea recta de la sede departamental. Está situado sobre la ruta conocida como Areguá-Ypacaraí o desvío Patiño.

El complejo se encuentra a metros de la Playa Municipal de Ypacaraí y a menos de dos kilómetros del empalme de la citada vía con la ruta PY02 “Mariscal Estigarribia”, centro urbano de Ypacaraí.

Es decir, la simple comprobación echa por tierra el argumento que pretenden utilizar los cartistas para que el imputado gobernador continúe ejerciendo su cargo y no cumpla con lo estipulado en el Art. 13 de la Ley 426/94. Dicha normativa establece que está obligado a comunicar su ausencia y pedir el permiso para que asuma el presidente de la corporación legislativa.

Un absurdo, según abogado

El abogado José Casañas Levi señaló que era absurda la idea de que el imputado gobernador de Central, el cartista Hugo Javier González, ejerza desde su casa. ¿Y el secretario? ¿Y la parte administrativa? se preguntó. Dijo que a su criterio la función se cumple en la sede de la institución. Implícitamente al dictar arresto domiciliario, la jueza está indicando que no puede ir a su lugar de trabajo, acotó. Añadió que en todo caso la fiscalía debería presentar una aclaratoria sobre ese punto porque no tiene sentido, expresó el profesional experto en derecho penal.

No puede comunicarse con los funcionarios

El imputado gobernador de Central, el cartista Hugo Javier González, no solo tiene arresto domiciliario, sino también tiene la prohibición de comunicarse con los coimputados en el marco de esta causa. En ese sentido, están varios funcionarios de la institución departamental, como el director general de administración y finanzas, Javier Marcelo Rojas; la secretaria general, Lourdes Lezcano; el secretario de obras públicas, Armando Adolfo Soler; el asesor jurídico general, Édgar José Zaracho, y la funcionaria de la Dirección General de Administración y Finanzas, Modesta Valiente.

Es decir, el jefe departamental no podrá coordinar tareas con los funcionarios.

Ante toda esta situación, para los concejales departamentales Daniel Ferreira y Adrián Billy Vaesken, ambos liberales, la gobernación actualmente está acéfala. Afirmaron que el Art. 13 de la Ley 426/94 “Carta Orgánica del gobierno departamental” es contundente sobre los pasos a seguir en estos casos. Expresaron que Hugo Javier está obligado a comunicar su ausencia o bien a partir de la recepción de la medida judicial también se puede tomar como un hecho. A partir de ahí, asume como encargado de despacho el presidente de la junta el liberal dionisista Mario Aguilera por un periodo de quince días.

Aguilera, por su parte, expresó que para hoy está prevista una reunión con los demás ediles departamentales para definir el tema. Dijo que la decisión sobre el futuro de la gobernación, atendiendo la medida judicial, debe tomarse entre los 21 concejales.

juan.jara@abc.com.py

gladys.villalba@abc.com.py

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