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Despenalización de DD.JJ. falsas es una bofetada a la ciudadanía, dice Masi

Este artículo tiene 4 años de antigüedad
Sesión de la Cámara de Senadores.
Sesión de la Cámara de Senadores.Gustavo Machado

La senadora Desiree Masi (PDP) urgió a sus pares rechazar lo antes posible el proyecto de ley de la Cámara de Diputados que despenaliza las declaraciones juradas falsas. Dijo que esta aprobación fue una “bofetada” a la ciudadanía y dijo que el hartazgo de la gente hacia la clase política es una “olla de presión”.

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Durante la sesión ordinaria de la Cámara Alta, la parlamentaria opositora exhortó a sus colegas reunir los votos necesarios (al menos 23 de un total de 45) para ratificar la versión del Senado y rechazar los cambios introducidos por Diputados.

“Ayer una mayoría en la Cámara de Diputados le dio una puñalada a la ley de Declaraciones Juradas de funcionarios y una bofetada a la ciudadanía”, señaló.

“De verdad creo que algunos políticos no se dan cuenta el grado de crispación, de hartazgo que tiene la gente hacia la clase política, que nos incluye a todos”, advirtió Masi al señalar que este cansancio ciudadano puede repercutir negativamente en la democracia.

La legisladora dijo que el debate en la Cámara Baja fue “increíble” por los intentos de justificar que la Contraloría General de la República ya no pueda remitir a la Fiscalía los casos de omisión dolosa.

“Se burlaron. Dijeron que no se puede criminalizar el olvido o la amnesia. Dios mío. Dijeron que ellos son humanos y se pueden equivocar”, lamentó.

“Otro argumento es que no son contadores y se pueden equivocar. No pues compañeros. Se está provocando a limite de olla de presión a la ciudadanía”, advirtió la parlamentaria.

Masi dijo que en nuestro país los funcionarios públicos acostumbran a declarar propiedades pequeñas de G. 10 millones mientras “olvidan” sus propiedades de millones de dólares, de sus cuentas bancarias ocultas y sus cuentas en el exterior.

Señaló que si se aprueba la versión de la Cámara de Diputados se estará matando la ley que buscaba procesar a los funcionarios que se enriquezcan irregularmente.

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