En la misma causa que involucra al exejecutivo comunal Sosa Báez y a los esposos, Martínez -Espínola, también consiguió su sobreseimiento definitivo el exadministrador de la Municipalidad local, Vicente Torres.
En la casa de este último, durante el allanamiento en su vivienda realizado en noviembre del año 2020, el fiscal de la causa de ese entonces Rodolfo Hiram Colmán había encontrado en una de las habitaciones un cheque de G. 10 millones cargo Banco Nacional de Fomento (BNF), firmado por el ex intendente.
Sin embargo el juez argumenta que el Ministerio Público no ha reunido los elementos de prueba que lo incrimine para sostener una acusación contra el imputado.
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La causa posteriormente quedó a cargo del fiscal Darío Villagra. En ese sentido, el juez manifiesta en su AI N°284, que ordenó también el levantamiento de las medidas alternativas de la prisión preventiva que fue dictada por A.I. Nº 860 de fecha 10 de diciembre de 2020, en relación al exintendente Sosa Báez, quien tenía libertad ambulatoria y prisión domiciliaria de la exconcejal de Mbuyapey Martínez y de su esposo Espínola.
El magistrado aclara que dicha determinación asumió en la presente causa atendiendo a que el representante del Ministerio Público, Villagra, había solicitado en su momento prórroga ordinaria y extraordinaria para la presentación de pruebas. Sin embargo, transcurrió el tiempo establecido sin que pueda recabar todos los elementos de cargo y de descargo en contra de los imputados.
Los demás imputados, el exintendente Sosa, los esposos Martínez-Espínola, por más que tengan sobreseimiento provisional están ligados aún al proceso, porque la fiscalía señaló que falta aún realizar la pericia contable y administrativa en carácter de actos de investigación, a los documentos incautados de la Municipalidad de Acahay, del domicilio de la exconcejal Martínez y su esposo en Mbuyapey.
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Se solicita además pericia de tasación de inmuebles y construcciones, de las obras de infraestructura realizadas por el municipio de Acahay, durante el ejercicio del mandato 2016- 2021, obtención del dictamen pericial informático, cuya pericia fue ordenada por Resolución Fiscal de fecha 02 de noviembre del año 2021.
Se precisa también disponer del informe de la Subsecretaría de Estado y Tributación sobre el identificador RUC de los señores querellantes de esta causa, Melquiades Ayala Ortiz, Aldo Ayala González y Rubén Benítez Márquez, quienes son las víctimas del uso de su identidad y con el que se crearon las empresas fantasmas como proveedoras de la Municipalidad local.
Una vergüenza la justicia en Paraguay
Aldo Ayala González, uno de los afectados, manifestó que es una vergüenza nuestra justicia y adelantó que va apelar esta disposición del juez, y va solicitar que la causa sea remitida a la Fiscalía General, porque ya no confía en la justicia del departamento de Paraguarí.
“No puede ser que habiendo tantas evidencias, que no se haya trabajado para que pueda sostener una acusación y defender no solo la honorabilidad de los perjudicados, sino también el patrimonio de la humilde población como es Acahay”, dijo.
Refirió que es evidente que este caso se archivó no se trabajó y pasó el tiempo y no procesaron varias diligencias para poder sostener la acusación y ahora los involucrados en presunto desfalco a la comuna, están libres y la causa va “camino al oparei”. Además se estaría queriendo que los denunciantes absorban el costo de esta causa.
En ese sentido, dijo que va luchar hasta lo último, tiene confianza que la Fiscalía General pueda designar nuevos fiscales que se haga justicia.
