Testigos salpican a exdirectivos del Colegio de Escribanos

Dos testigos declararon ante el Ministerio Público en la investigación de posible lesión de confianza y apropiación que habrían perpetrado exdirectivos del Colegio de Escribanos al supuestamente no provisionar, desde el 1999 a 2021, lo percibido por la venta de materiales de uso notarial.

Jorge Miller Donna (izq.), actual titular del Colegio de Escribanos, junto al abogado Juan Claudio Gaona. Fue en ocasión de realizar la denuncia penal en la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción.
Jorge Miller Donna (izq.), actual titular del Colegio de Escribanos, junto al abogado Juan Claudio Gaona. Fue en ocasión de realizar la denuncia penal en la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción.virgilio vera

Declararon ante el fiscal Néstor Coronel, de la Unidad N° 5 Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), en la causa N° 20/2022 caratulada “Personas innominadas s/ H.P a determinar”, tras la denuncia realizada por los exmiembros de la Comisión Directiva del Colegio de Escribanos del Paraguay, Stella Mary Vergara, Sonia Patricia González, Ana María Gaona Riveros, Ana Manuela González Ramos, Roberto Wilfrido Escobar González y Ángel Francisco Alfonso, en fecha 15 de febrero de 2022.

El perito contable Librado Ramón Sánchez Duarte declaró como testigo que el Colegio de Escribanos del Paraguay, bajo la presidencia de de su actual titular, el escribano Jorge Miller Donna, le ha solicitado la verificación y análisis de las documentaciones que se refieren a los ingresos por ventas de materiales de uso notarial y los costos de adquisición de los materiales notariales de los periodos 5 de mayo de 1999 al 30 de noviembre de 2020.

“En base a las verificaciones y recálculos técnicos, haciendo reservas de otros antecedentes que pudieran existir he llegado a la conclusión preliminar que el Colegio de Escribanos no ha ingresado al Poder Judicial el 70% de las recaudaciones totales sobre las ventas de los materiales notariales”, declaró Sánchez Duarte.

El perito auditor explicó que de acuerdo a su análisis iniciado a mediados del año 2021, arrojó como resultado preliminar una deuda a la Corte Suprema de Justicia de G. 22.438.513.357, teniendo en cuenta que en ese momento no contaba con toda la información a la vista del periodo 1999 al 2005, así como otras documentaciones que podrían no haber sido revisadas, que actualmente se están reverificando en su totalidad en el marco del juicio civil de Rendición de Cuentas, en la cual he sido convocado nuevamente para elaborar el informe pericial, que a la fecha se encuentra próxima a culminarse.

Como conclusión pericial Sánchez indicó que “he constatado que las comisiones directivas de los periodos informados en el dictamen pericial preliminar periodo 1999 al año 2020, no han ingresado ni una suma de dinero a la Corte Suprema de Justicia”.

Acerca de la obligatoriedad de transferencia de las sumas de dinero, Sánchez declaró que “la Acordada N° 117/99 ordena transferir a la Tesorería de la Corte Suprema el 70% de los ingresos generados por la venta de materiales notariales, otras acordadas y actas de sesiones que en este momento no recuerdo, de esto se desprende la relevancia de la obligatoriedad”.

Despilfarro de recursos y ratifican no transferencia de dinero

La contadora Gloria Marilin Ramírez de Maqueda también declaró en la Fiscalía que trabajó para verificar dentro del depósito de archivos del Colegio de Escribanos del Paraguay las informaciones administrativas, bancarias, contables y de auditores, siempre relacionadas a periodos anteriores al 2021. Asimismo relató que verificó informaciones del sistema informático de la institución, software contable y sistemas de facturación, además de las informaciones presentadas a través del Sistema Marangatú del fisco. Básicamente, su labor consistió en validar las informaciones emitidas por la Contraloría y el informe del perito Librado Sánchez.

Para la contadora Ramírez de Maqueda la venta de materiales de uso notarial que tenía a su cargo el Colegio de Escribanos, puede considerarse una actividad comercial porque había un recargo sobre el precio de compra para la venta.

“Las ventas de materiales de uso notarial generaban utilidades, entre un porcentaje mínimo del 29% a un máximo de 84% que sería el promedio de la utilidad neta. En el primer periodo vendieron un millón y medio de copias, llegando a vender en el último periodo (2020-2021) aproximadamente 6 millones de copias. En total se comercializaron 43.500.000 copias, según contrato firmado.

La utilidad

Sobre el destino de la utilidad indicó que no se disponía en algo específico. Se llegó a tener un acumulado de utilidad hasta la fecha de G. 12.803.516.614. “Quiero aclarar que este monto se trata de la utilidad de la institución, en la que también se encuentran incluidos los beneficios obtenidos por la venta de materiales de uso notarial. Según lo que pude precisar, en el porcentaje destinado a la rendición de cuentas de la CSJ no se apartaban las utilidades, sino que se manejaba desde un fondo común”.

Las utilidades se reflejaban en el estado financiero del Colegio de Escribanos firmada por los directivos y el contador y posteriormente presentadas al Sistema Marangatú.

La deuda que mantiene el Colegio de Escribanos con la Corte Suprema no estaba provisionada en las cuentas del pasivo en ninguno de los periodos reclamados por la Corte. En el estado financiero del balance general, cuentas del pasivo, específicamente, debía estar las provisiones de los periodos mencionados, en este caso, no se vio reflejada la provisión por esta deuda, refirió.

Ramírez de Maqueda asimismo declaró que la obligación de provisionar la deuda con la Corte Suprema, era obligación del contador del Colegio de Escribanos, en este caso el Lic. Francisco Sánchez, quien como profesional, a pesar de que los directivos no reconocían la deuda, igualmente debía provisionarse. Finalmente, la responsabilidad también es solidaria del contador junto con el o los representantes de la institución”.

La contadora agregó que el Colegio de Escribanos pudo haber cumplido su obligación con la Corte Suprema en razón de que gozaban de liquides suficiente al momento de los reclamos del Poder Judicial. “Vale decir que la Corte Suprema de Justicia empezó a exigir el depósito de los beneficios obtenidos, al menos documentalmente registrado en archivos, a partir de 2014; anterior a eso, la Corte enviaba a su departamento financiero a tomar informaciones de los documentos vendidos en un formulario preparado por la Corte, a fin de tener a la vista dicha información”.

La CSJ le notificó al Colegio de Escribano de la creación de una cuenta judicial para depósito del importante referente al 70% establecido en la acordada de referencia, cuya cuenta tuvo apertura en el año 2015, pero como ya dije, no existe registros de pago alguno”.

Gastos exagerados en “asesoría”

Según las planillas verificadas, el contador Francisco Sánchez aparte de su función propia como jefe del área de contabilidad también cobraba por asesoría impositiva a los integrantes del gremio, a su vez la escribana Ana Manuela González Ramos también cobraba G. 4.400.000 en concepto de asesoría notarial. Aproximadamente se destinaba la suma de G. 200.000.000 en asesoría, en forma mensual, declaró Ramírez de Maqueda.

Antecedentes

En enero de 2022, la actual Comisión Directiva del Colegio de Escribanos del Paraguay que preside el escribano Jorge Miller Donna, denunciaron ante el Ministerio Público a anteriores directivos del gremio por los hechos punibles de lesión de confianza y apropiación. Solicitaron además el embargo preventivo de sus bienes hasta cubrir la suma de G. 49.901.686.269, que es el monto que reclama la Corte Suprema en su demanda al gremio de “rendición de cuentas” por no transferirle lo percibido por la venta de materiales de uso notarial, desde 1999 al 2021. Esta denuncia penal es patrocinada por el abogado Juan Claudio Gaona.

Posteriormente, en febrero de 2022, los miembros de las anteriores Comisiones Directivas del Colegio de Escribanos Stella Mary Vergara de Acuña, Sonia Patricia González Villalba, Ana María Gaona Riveros, Ana Manuela González Ramos, Roberto Wilfrido Escobar González y Ángel Francisco Alfonso Pérez, bajo el patrocinio del abogado Guillermo Duarte Cacavelos, realizaron otra denuncia penal contra los actuales directivos del gremio.

Acusaron que los actuales miembros de la Comisión Directiva que preside Miller Donna habrían incurrido en lesión de confianza al haberse allanado para reconocer una deuda a la que consideran prescripta de más de G. 20.000 millones en la demanda de rendición de cuentas llevada adelante por la Corte Suprema contra el Colegio de Escribanos, por la no transferencia de dinero obtenido por la venta de materiales de uso notarial.

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