Proyecto de ley de “muerte civil” busca que Godoy recaude en la Defensoría por cada objetor

Un polémico proyecto de ley que modifica la reglamentación del ejercicio del derecho a la objeción de conciencia al Servicio Militar Obligatorio y establece el servicio sustitutivo, busca asegurar que la Defensoría del Pueblo, la cual está a cargo del cartista Miguel Godoy, recaude con la declaración de la “muerte civil” a los objetores de conciencia que no cuenten con carné o certificación.

El defensor del Pueblo, Miguel Godoy (i), fue recibido ayer por el jefe del Comisoe Cnel. Ignacio Díaz, en su visita a la unidad militar.
El defensor del Pueblo, Miguel Godoy (i), y el jefe del Comisoe Cnel. Ignacio Díaz, en su visita a la unidad militar.Archivo, ABC Color

El proyecto de ley plantea la “muerte civil” a los objetores de conciencia que no cuenten con carné o certificación del cumplimiento de la objeción de conciencia, pago de la contribución establecida en la ley o certificación de insolvencia.

Propone que quienes no tengan dicho carné o la certificación de objetor no podrán hacer trámites para la obtención y/o renovación de pasaportes, acceso a becas del Estado y concursos para el acceso a cargos en la Función Pública.

La comisión de Asuntos Constitucionales plantea aprobar el proyecto de ley, mientras que la comisión de Defensa propone modificar la normativa y quitar el castigo para quienes no cuentan con el carné o la certificación de objetor.

Godoy viene haciendo un fuerte lobby en Diputados a favor del proyecto de ley presentado por Derlis Maidana (ANR, HC) y Jorge Ávalos Mariño (PLRA).

La Defensoría del Pueblo ya recaudó más de G. 1.700 millones de “contribución” de objetores de conciencia entre el 2020 y 2021, en plena pandemia por el covid-19. Además, en 2019 recibió Fonacide para fortalecer esta política pública.

Cámara Baja analizará ley de incentivo al transporte eléctrico

La Cámara de Diputados analizará hoy entre sus puntos del orden del día el proyecto de ley “De incentivos y Promoción del Transporte Eléctrico e Híbridos en el Paraguay”. La norma con media sanción del Senado tendrá sanción ficta el 1 de junio.

Originalmente, el proyecto de ley solamente incluía a los vehículos “cien por ciento eléctricos” entre los que recibirían ciertos beneficios, como la exoneración de impuestos a modo de promover su compra, sin embargo, el senador Stephan Rasmussen (PPQ) propuso ante el pleno también incluir a los híbridos, es decir, que tiene motor a combustión a la par de uno eléctrico.

El senador había argumentado durante el estudio que actualmente ya hay una ley de incentivo que está pronta a fenecer, pero que durante su “vigencia de casi 8 años, en el último año solamente 1,5% de toda la importación de vehículos fueron automotores eléctricos o híbridos y solamente el 0,5% de esos transportes fueron totalmente eléctricos”, dijo.

El plan regula la organización administrativa pública vinculada al transporte eléctrico, las competencias institucionales y su estímulo, dispone exoneraciones impositivas, incentivos y normas de políticas públicas para el uso del vehículo eléctrico como transporte de energía limpia.

La comisión de Presupuesto, presidida por el diputado cartista Tadeo Rojas recomienda al pleno rechazar el proyecto de ley. Sin embargo, las comisiones de Energía y Minería, Ciencia y Tecnología y Legislación recomiendan al pleno aprobar el proyecto de ley.

Regulación a criptoactivos

Un proyecto de ley que regula la industria y comercialización de activos virtuales, más conocido como criptoactivos, figura como octavo punto para ser tratado en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, convocada para esta mañana a partir de las 08:30.

El proyecto de ley que tendrá sanción automática el 1 de junio y cuenta con media sanción del Senado, pese a tener la oposición de los entes reguladores, propone regular principalmente la actividad de minería de los activos virtuales, estableciéndose como industrias electrointensivas.

Tanto el Banco Central del Paraguay (BCP) como Seprelad y otras instituciones pidieron más debate sobre el proyecto cuando fue estudiado en el Senado. Ahora las comisiones de Diputados sugieren dictámenes a favor y en contra de la normativa.

El proyecto en general establece como órganos reguladores para el establecimiento de granjas de minería de criptomonedas en nuestro país al Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Bienes y Activos (Seprelad) y el Banco Central del Paraguay (BCP).

Una de las modificaciones aprobadas en el plan original refiere que en vez de que el MIC otorgue licencias a las empresas interesadas en producir criptomonedas, simplemente llevarán el registro.

Esta propuesta legislativa fue planteada ante el plenario por el senador Rodolfo Friedmann (ANR, oficialista) y secundada por su colega Sergio Godoy (ANR, cartista).

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