El precandidato a la presidencia de la República y exministro de Hacienda Santiago Peña dijo que sí presentó la acción judicial para que la Subsecretaría de Tributación revele quién pidió datos sobre sus salarios, no es una molestia, sino que está preocupado sobre la vulnerabilidad que se mostró en la información privada de un ciudadano que está en actividad privada.

“Es una información cierta, pero fue utilizada de una fuente privada que tiene el Estado y compartida con un funcionario de alto nivel como el secretario del Presidente”, cuestionó.

Recordó que él trabajó por muchos años en políticas públicas y sabe la importancia de preservar la seguridad de la información. Por eso, dijo, sabe las consecuencias que tiene difundir estos datos.

Los montos transferidos a Santiago Peña por parte del banco del Grupo Cartes, en principio, era por poco más de G. 87 millones mensuales, para luego ir incrementándose a G. 350 millones en diciembre de 2018, en dos pagos. En enero de 2019, Santiago Peña recibe un monto mucho mayor de G. 1.513 millones en una sola transacción. El exministro aparece con posterioridad con otros dos pagos por valores superiores a los mil millones de guaraníes en 2020 y 2021, también en el primer mes de cada año, respectivamente.

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“¿Cuál fue el mecanismo que se vulneró?”, pregunta

“La acción la hice como un ciudadano común, no como precandidato, simplemente que se pueda identificar de dónde se divulgó la información, cuál fue el mecanismo que se vulneró”, dijo.

Dijo que teme que así como le tocó a él en otra oportunidad le toque a otra persona, y que le parece alarmante que se usen los mecanismos de control con fines electorales.

Mencionó que con esta causa lo que plantea es si como ciudadano hay algún mecanismo que lo cuide de esta exposición.

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“No hay ninguna irregularidad”

Se defendió diciendo que tiene las competencias para desempeñar el trabajo de directivo bancario, y que su salario es similar al de todos los directores de bancos, por tanto, “no hay ninguna irregularidad, yo vivo de mi trabajo, no vivo de la política”, señaló.

Al cuestionársele el hecho de que él al ser candidato sí está expuesto a que sus ingresos se divulguen, argumentó que la ley lo protege, y que hoy no tienen aún por qué ser difundidos sus ingresos, sino solamente si llega a ser funcionario y realiza su declaración jurada de bienes.

Al insistírsele que está expuesto a este tipo de situaciones porque se está postulando a la función pública y, por tanto, está expuesto al escrutinio público, insistió en que la ley protege a los individuos privados.

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“Utilizan información con un fin electoral”

Coincidió en que es una figura pública y está expuesto, pero “es muy diferente que el Estado utilice información cuidada con un fin electoral”, dijo en contrapartida.

Se le preguntó qué piensa sobre las personas que salen de la función pública con información importante y luego van al sector privado a utilizarla para ganar dinero.

Sobre el punto opinó que es “una tremenda ridiculez”. “Mientras el Estado no le permita a ese ciudadano ganar dinero, no le puede prohibir trabajar”, sostuvo.

“Esto se utiliza como un garrote político, pero analizando el fondo de la cuestión, las personas que dejan la función pública ¿acaso no pueden volver a trabajar en el sector privado?”, se preguntó.

Ejemplificó que hay lugares como Estados Unidos donde los abogados todos eran “exfiscales y exjueces”.

“Estado necesita nutrirse de gente formada”

Opinó que esta discusión genera daño, “porque el Estado también necesita nutrirse de gente bien formada que tiene que prestar servicio y el día de mañana tiene que volver a su trabajo, si no estamos alentando a venir, trabajar, robar, porque después ya no vas a poder trabajar”, expresó.

Al preguntársele cómo la Fiscalía actuó tan rápido en su denuncia y no reaccionó de la misma forma ante la denuncia sobre los movimientos económicos de empresas de Horacio Cartes, contestó que es un tema “que ustedes han instalado políticamente, es un garrote, nosotros estamos en contra del juicio político contra la fiscala general, y vemos un embate de sectores políticos que quieren cooptar la Fiscalía”, argumentó.