La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia está compuesta por los ministros Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera y Manuel de Jesús Ramírez Candia, quienes son los responsables de resolver la recusación planteada por la procesada Karina Elizabeth Mazacotte Widmer, que fue imputada en febrero de este año por lesión de confianza, declaración falsa y asociación criminal en la causa conocida como “factura clonadas”.
El Ministerio Público solicitó como medida cautelar arresto para la procesada, pero desde hace cinco meses Mazacotte Widmer, presentó varias chicanas que dilatan la audiencia de imposición de medidas a cargo de la jueza María Elena Cañete del Juzgado de San Lorenzo.
Primeramente, presentó un recurso de apelación de reposición en subsidio contra la providencia que convocaba a audiencia que fue rechazada por el Tribunal de Apelación conformada por los jueces Arnulfo Arias, Bibiana Benítez Faria y Andrea Vera Aldana.
Luego, la exjefa de Control Interno de la Gobernación de Central solicitó la nulidad del acta de imputación hecha por la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción a cargo de los fiscales de la causa, Rodrigo Estigarribia, Diego Arzamendia, Francisco Cabrera y Luis Said. Este incidente debió ser resuelto por los camaristas Gustavo Ocampos, Bibiana Benítez Faria y Arnulfo Arias, pero los tres fueron recusados.
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En comunicación con el juez Gustavo Ocampo, el mismo dijo que debido a dicha recusación aún no se pudo resolver la chicana planteada por Karina Mazacotte y que están “a la resulta de lo que resuelva la Sala Penal de la Corte”.
Solicitó facturas a nombre de ONG
Karina Elizabeth Mazacotte Widmer es funcionaria de la Cámara de Diputados y fue comisionada a la Gobernación de Central en 2019. De acuerdo a la manifestación del fiscal Rodrigo Estigarribia, la exjefa de Control Interno, entre los meses de agosto del 2020 y mayo del 2021, presuntamente, le habría encargado a la exfuncionaria de la Gobernación Modesta Valiente Escobar (imputada en la causa), pagarle a los funcionarios denominados “por transferencia” y solicitarles que emitan sus facturas a nombre de la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), así como de otras oenegés con las que operaba la Gobernación.
CIAP, cuyo presidente es Tadeo Álvarez (también imputado), recibió G. 5.105 millones de la Gobernación de Central, parte del fondo por emergencia sanitaria “Covid-19″. Las facturas, posteriormente, habrían sido utilizadas para justificar el millonario desembolso efectuado a favor de CIAP, por la administración del ahora exgobernador Hugo Javier González Alegre (ANR cartista), también imputado en la misma causa.
Los agentes del Ministerio Público tienen la sospecha de que Karina Mazacotte, conforme a los hechos y elementos de sospecha, sería inicialmente cómplice en los hechos punibles de lesión de confianza, declaración falsa y asociación criminal.
El Ejecutivo transfirió en diciembre de 2020 a la Gobernación de Central la suma de US$ 1.000.000 (G. 6.382 millones), fondo covid-19, cuyo propósito era generar fuentes de trabajo en el departamento Central durante la pandemia del covid. El exgobernador González Alegre volvió a transferir todo el recurso y entregó G. 5.105 millones a la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) y otros G. 1.276 millones al Consejo Regional de Salud, representado por el doctor Hugo Cabrera.
En la rendición de cuentas de la institución departamental aparecen facturas clonadas, de empresas fantasmas, entre otras groseras anomalías, mediante las cuales se intentó justificar el uso del dinero.