La Corte le da una “manito” a Bajac para trabar el inicio de su juicio oral y público por coima

La Sala Constitucional de la Corte le dio una mano al exministro Miguel Oscar Bajac, al admitir su acción de inconstitucionalidad y solicitar el expediente de cohecho pasivo agravado por el que está procesado, y por consiguiente, trunca el inicio de su juicio oral y público previsto para este viernes.

Óscar Miguel Bajac, exministro.
Miguel Óscar Ramón Bajac Albertini, exministro de la Corte Suprema de Justicia.Archivo, ABC Color

Por Auto Interlocutorio N° 1045 de fecha 27 de julio de 2022, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió dar trámite a la acción de inconstitucionalidad promovida por el exministro de Corte Miguel Oscar Ramón Bajac Albertini, para analizar la presentación del exmagistrado procesado por cohecho pasivo agravado (coima). La resolución de la Corte fue firmada por los ministros Antonio Fretes, César Diesel y Víctor Ríos.

La admisión de la demanda en la Corte planteada por el exministro está caratulada: “Acción de inconstitucionalidad promovida por Miguel Oscar Ramón Bajac Albertini en los autos caratulados: Rafael Luis María Ramírez Doldán y otros s/ tráfico de influencias (Ley N° 2523/04) y otros”, Año 2020, Nº 2747.

Al dar trámite a la acción de inconstitucionalidad promovida por Bajac Albertini, se libró ofició al Tribunal de Apelación en lo Penal, Segunda Sala de la Capital, a fin de que remita los autos principales. Una vez que el expediente sea remitido a la Corte, el juicio oral previsto para este viernes 29 de julio, a las 7:30, se verá truncado.

La defensa del exministro también planteó una reposición con apelación en subsidio contra la providencia que fija el inicio del juicio oral para este viernes. Argumentó para reponer, que estaba pendiente de resolución la acción promovida por Bajac.

Acción en la Corte

El exministro Bajac Albertini planteó acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional contra el Auto Interlocutorio (AI) N° 581 del 7 de octubre de 2020 y contra el AI N° 368, de fecha 17 de noviembre de 2020, por el cual la Cámara de Apelaciones confirmó íntegramente la acusación del Ministerio Público.

Por A.I. N° 581 de fecha 07/10/2020, el juez penal de garantías Yoan Paul López Samudio, resolvió en los puntos:

3) No hacer lugar el incidente de sobreseimiento definitivo, solicitado por el abogado de la defensa técnica del procesado Miguel Oscar Bajac.

4) Admitir íntegramente la acusación de fecha 21 de junio de 2019, formulada por los agentes fiscales Victoria Acuña Ricardo y Luis Lionel Piñanez García, con relación al exministro Bajac Albertini.

Por su parte, la Cámara de Apelaciones, Segunda Sala, por A.I. N° 368, de fecha 17/11/2020, resolvió en el punto 2) Confirmar el apartado 4) del A.I. N° 581 de fecha 07 de octubre de 2020 dictado por el Juzgado penal de garantías N° 11 a cargo de Yoan Paul López.

El tribunal colegiado

El Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Rossana Maldonado, como presidente; Fabián Weinsensee e Inés Galarza fueron los sorteados para llevar adelante el juicio oral y público que deben enfrentar el exministro de la Corte Suprema de Justicia Miguel Oscar Bajac y Rafael Luis María Ramírez Doldán, acusados por cohecho pasivo agravado (coima), por un presunto pedido de US$ 50.000 para emitir el voto en una causa.

La imputación

En diciembre de 2018, los fiscales Victoria Acuña y Luis Piñánez imputaron al exministro de la Corte Suprema de Justicia Miguel Óscar Bajac por un supuesto pedido de coima ocurrido en julio de 2018.

Bajac fue imputado por cohecho pasivo agravado (coima) y la medida también alcanzó al abogado Juan Carlos Ávila y el funcionario judicial Carlos Lesme, por cohecho pasivo pero en calidad de cómplices. Para todos ellos se había solicitado medidas alternativas a la prisión.

Esta investigación se inició en los primeros días del mes de julio cuando Neri Páez, representante de la empresa Cal Agro SA, denunció ante el fiscal Luis Piñánez, que estaba siendo víctima de una extorsión de parte del entonces ministro de la Corte Miguel Óscar Bajac, quien a través de funcionarios a su cargo le estaban pidiendo dinero para sacar un fallo a su favor de un viejo pleito judicial que llegó a la máxima instancia judicial.

Tras la denuncia se montó una entrega vigilada de dinero que tenía que recibir como adelanto el facilitador judicial que trabajaba para Bajac, Rafael Ramírez.

El 5 de julio de 2018 se pactó la entrega de US$ 10.000 en la plaza que está frente al Palacio de Justicia. Ramírez acudió al sitio y recibió el dinero, pero en ese momento fue detenido por agentes policiales. Todo fue filmado y grabado. Luego se descubrió que este facilitador trabajaba para Bajac, conformen a la imputación.

Según la denuncia, Bajac le solicitó a Nery Páez y Liduvina Rodríguez, dueña de la empresa Cal Agro SA, que le paguen una fuerte suma de dinero para que él y el ministro Raúl Torres Kirmser (ya fallecido) fallen a favor de ellos en el expediente caratulado “Cal Agro SA c/ INC sobre resolución de contrato e indemnización de daños y perjuicios”.

El modus operandi que les planteó supuestamente Bajac era el siguiente: tenían que reunirse con el abogado Juan Carlos Ávila, designado por el exministro, para firmar un contrato en el que el letrado los iba a representar en la presente causa y cuando la sentencia de la Corte saliera a favor de ellos les iban a abonar al profesional del derecho la suma de G. 3.700.000.000 en concepto de honorarios. Tanto Rafael Ramírez como Carlos Lesme eran los que siempre estaban en contacto con Páez y fue el primero de ellos quien le llamó para pedirle un adelanto de US$ 50.000, que luego se pactó en que iba a pagarse US$ 10.000.

Según la imputación: Este fue el monto de dinero que según los fiscales del caso señalan en su escrito de imputación que luego de recabar testimonios, documentos, audios y filmaciones autorizadas vía judicial, confirmaron los indicios en forma suficiente para sospechar que el exministro de la Corte Miguel Óscar Bajac en complicidad con los funcionarios judiciales Ramírez, Lesme y el abogado Juan Carlos Ávila, habrían solicitado la suma de G. 3.700 millones y US$ 50.000 a los representantes de la firma Cal Agro SA para dar su voto a favor de la demanda que ellos entablaron

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