Exasesora de Presidencia dice que aspira llegar a la Fiscalía

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Cecilia Pérez, abogada de Mauricio Espínola.
Cecilia Pérez, abogada de Mauricio Espínola.Gentileza

La exasesora política de la Presidencia, Cecilia Pérez, contó que aspira a llegar a la jefatura de la Fiscalía General del Estado. Mencionó que transparentó sus aspiraciones con el Presidente de la República, quien aceptó su renuncia.

A pocos días de renunciar a su cargo de asesora política de la Presidencia de la República, Cecilia Pérez admitió sus intenciones de encarar una campaña para convertirse en fiscala general del Estado.

Explicó que luego de su renuncia, seguirá trabajando en el sector privado para ganarse la vida, entre tanto empieza su proceso para la Fiscalía General del Estado.

Dijo que no sabe quién la reemplazará en el cargo de asesora de la Presidencia, pues ese cargo se creó con ella.

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Pecci: nada se sabe de instigadores de crimen

Entre otros puntos, analizó algunas aristas de la investigación sobre la muerte del fiscal Marcelo Pecci.

Señaló que hay varias hipótesis y los investigadores con datos más concretos van descartando las versiones.

Admitió que hasta donde sabe “no está claro quiénes son los instigadores del asesinato de Pecci”.

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“Fiscalía debe sufrir transformación profunda”

Con relación a su deseo de convertirse en fiscala general del Estado, opinó que “la Fiscalía General debe sufrir una transformación profunda, ha perdido credibilidad y confianza y eso hay que recuperar”. “Eso implica un compromiso patriótico de quienes vayan a trabajar, si llego, conmigo”, agregó.

Manifestó que es un compromiso sacar adelante el Ministerio Público desde que uno desembarca, hasta generar lineamientos. “Las cosas no van a cambiar de manera automática. Son muchos y varios los cambios comenzando por la transparencia y claridad administrativa en el manejo del presupuesto”, detalló.

Preparada para presiones

Con respecto a las presiones que eventualmente podría recibir estando en el cargo del jefa del Ministerio Público, recordó que siendo ministra del Poder Ejecutivo, tuvo que tomar decisiones difíciles con repercusión política.

“Tuve llamadas, pedidos de revertir medidas y jamás el Presidente me pidió que haga algo ni a favor ni en contra. El Presidente me dejó trabajar con independencia y no veo que haga lo contrario si llego al cargo”, expresó Pérez.

Agregó que cuando recibió presiones vinculadas a esquemas, ella contestaba con argumentos.

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Apoyo del Presidente

Con respecto a lo que le dijo el Presidente de la República sobre su aspiración a ocupar la Fiscalía, comentó que el mandatario le dijo que “siga adelante, porque él también está reclamando un proceso transparente, pero el proceso está en curso, hay que pasar por el Consejo y al conformarse la terna veremos. Hay que pasar el concurso”, indicó.

En cuanto a la postura que tomará en caso de llegar a la Fiscalía, puntualizó que se deben marcar líneas. “Por ejemplo, el caso de Roque Silveira, que entregó una ambulancia usada por suspensión condicional de procedimiento y su caso va a terminar con extinción de la acción penal. Pero está en el contexto de una frustración a la persecución penal de Darío Messer. Ahí no hay un concepto claro; hay casos en que la propia Corte está reclamando una saturación de esquemas que se llevan a juicio oral y no deberían, mientras otros como estos que deberían ameritar una discusión mucho más amplia y queda la sensación de que no pasó nada”, detalló Cecilia Pérez.

Advirtió sobre la importancia de “sentarse a trabajar con la Corte, porque las decisiones unilaterales del Ministerio Público van a tener una repercusión judicial necesariamente”.

“Debemos trabajar en coordinación y hay cuestiones que necesitan ajustes legislativos. En algunos casos se deben cambiar las reglas de procedimiento abreviado, determinar en qué casos se puede y en qué casos no”, analizó.

Resaltó que hay tipos penales con marco penal muy laxo, como seis meses por lavado de dinero y asociación criminal.

“Una persona procesada por asociación criminal vinculada al narcotráfico, pero que no está procesada propiamente por narcotráfico, sale en seis meses, porque el tipo base es de seis meses y la Constitución no permite que esté en prisión preventiva más tiempo”, explicó Cecilia Pérez.