El juez del tribunal unipersonal, Wilfrido Peralta, emitió en la madrugada del viernes un dictamen que atenta contra la libertad de prensa en el juicio que llevó adelante la exviceministra cartista, Marta González Ayala, contra la directora del diario ABC Color, Natalia Zuccolillo y el periodista Juan Carlos Lezcano.

El magistrado entendió que, pese a que la Contraloría General de la República declaró irregular la compra de la actualización del sistema Marangatú, el contrato que hubo entre la SET y el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) está dentro del contexto del marco de la ley sin quebrantar ninguna disposición legal.

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Al juez no pareció importarle todas las pruebas que le fueron arrimadas para evidenciar que la investigación hecha por ABC Color se realizó de forma correcta y con la documentación correspondiente.

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“Pasible de una denuncia ante el JEM”

Para Alejandra Peralta Merlo, doctora en Derecho y máster en Derechos Humanos, la situación que se dio en el Poder Judicial es pasible de una denuncia en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) al juez Wilfrido Peralta.

La abogada dijo que el magistrado obró contra una línea sobre la cual hay una línea jurisprudencial y una convención internacional, que es la defensa de los derechos de la prensa y de la información.

Además, explicó que no se trata de un fallo contra el diario ABC Color, sino contra la ciudadanía toda, que no podrá recibir más todo tipo de información porque tanto los medios de comunicación como los periodistas tendrán temor a este tipo de decisiones que atentan contra la libertad de prensa.

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“No vamos a recibir información sobre cómo, por ejemplo, los funcionarios públicos usan el dinero. Esto afecta al núcleo central de la democracia”, manifestó.

Por su parte, el abogado y analista Ezequiel Santagada, consideró que la decisión del juez Peralta se enmarca dentro de una “línea autoritaria”. “Sería uno de los mayores daños al sistema democrático paraguayo”, alertó.

En ese sentido, consideró que esto se trata de una “lucha ideológica entre el fascismo y el liberalismo”, en el sentido de usar el derecho penal como “garrote”. Además, entendió que el fallo del juez está dentro de una “matriz fascista”.