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Las siete personas que supuestamente alegaron discapacidad para ser contratadas en IPS y Petropar

Este artículo tiene 3 años de antigüedad
Fachada de la oficina regional de la Senadis en Villarrica.
Fachada de la oficina regional de la Senadis en Villarrica.Carlos Ávalos

VILLARRICA. Con certificados falsos de discapacidad, cinco personas consiguieron ser contratadas como funcionarios del Instituto de Previsión Social (IPS) de Villarrica y otras dos como operarios de Petróleos Paraguayos (Petropar). Ante estos casos, el Sindicato de Trabajadores con Discapacidad (Sitradis) presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público por falsificación de documentos. Estos son los siete presuntos falsificadores.

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El Sindicato de Trabajadores con Discapacidad (Sitradis) denunció que siete personas falsificaron certificados de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis) para conseguir puestos laborales en el Instituto de Previsión Social de Villarrica y en la alcoholera estatal Petropar.

Los responsables alegaron tener algunas dificultades físicas para poder acceder al trabajo y percibir un salario del Estado de forma irregular amparándose en la Ley 3585/08 que establece la obligatoriedad de la incorporación de personas con discapacidad en las instituciones públicas.

Una de las supuestas personas con discapacidad es la reconocida activista política del oficialismo colorado Shirley Antonela Cabrera Palacios (29), quien figuraba como auxiliar de admisión y documentación clínica del hospital regional del IPS en Villarrica con un salario de G. 2.289.324. La misma ingresó en la previsional en el 2020, pero fue recontratada en el 2022 ya con el certificado falso, que fue denunciado por la Senadis y de forma inmediata fue desvinculada del ente con un sumario administrativo interno.

Los otros involucrados son Carlos Saúl González Benítez contratado como fisioterapeuta, Pamela Soledad Riquelme Salina como bioquímica y las hermanas Carmen y Carolina Román Bruno.

 La activista política colorada oficialista Shirley Cabrera Palacios, quien habría falsificado un certificado de discapacidad para ingresar a trabajar en IPS.
La activista política colorada oficialista Shirley Cabrera Palacios, quien habría falsificado un certificado de discapacidad para ingresar a trabajar en IPS.

El coordinador zonal del IPS, Dr. Alfredo Lichi, se deslindó de responsabilidad y alegó que los contratos se realizan a nivel central en la previsional y que los certificados y otras documentaciones para el efecto son controlados allí.

“Esta gente encontró la forma de conseguir este certificado, probablemente alguien les proveyó, quien sabe por qué medio, pero no tienen ninguna discapacidad, probablemente nunca pensaron que el que les dio el certificado no los había inscripto en la Senadis y al momento de ser verificados, esta gente no figuraba en el sistema, no estaban inscriptos como discapacitados. Lastimosamente quisieron entrar por la ventana y les va costar”, expresó Lichi.

Imagen sin descripción

Todos fueron desvinculados en diciembre del 2022 y ya están siendo investigados por supuesta producción de documentos públicos de contenido falso por la Fiscalía de Fernando de la Mora, donde está asentada la oficina central de la Senadis.

Intentamos conversar con las personas denunciadas por la supuesta falsificación de documentos, pero no pudimos dar con ellas. Desde nuestra redacción estamos abiertos a recibir sus versiones sobre el hecho.

Personas con discapacidad “mau” en Petropar

En la alcoholera estatal también se registró un caso similar con dos funcionarios que también presentaron certificados falsos de discapacidad para obtener el puesto laboral, que también fueron denunciados por el Sitradis. En este caso fueron sindicados Nelson Román Bruno y Ever Joel Torres Toledo, quienes utilizaron las características de certificados de otras personas que sí padecen de discapacidad, para ingresar a la entidad.

Desde la Senadis repudiaron estos graves hechos en detrimento de las personas con discapacidad que sí necesitan realmente un puesto laboral, así como lo exige la Ley 3585/08. De la misma manera exigen celeridad en la investigación y el esclarecimiento del hecho.

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