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La fiscalía general del Estado anunció hoy, que la agente fiscal María Estefanía González tendrá la responsabilidad de investigar a un poderoso exministro de la Corte, de extracción colorada, Antonio Fretes. Hacemos un recorrido de varios de sus antecedentes negativos en casos sonados.
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Comenzamos de manera cronológica con una situación de mayo de 2019. Tres entes que siguen de cerca los procedimientos anticontrabando como el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Unión Industrial Paraguaya (UIP) y la Dirección Nacional de Aduana pidieron que la fiscala González sea removida de la Unidad anticontrabando.
La solicitud se produjo previa investigación por intentar liberar una carga de presunto contrabando. Aquel pedido de remoción y denuncia se hizo ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). En aquel momento, la exministra del MIC, Líz Cramer había afirmado que la fiscala, se extralimitó en sus funciones en situaciones que no le corresponden.
La denuncia tuvo sus consecuencias contra la fiscala, porque tres días después la fiscalía general del Estado resolvió desafectarla de sus funciones por intentar liberar un cargamento de 640 bolsas de azúcar supuestamente de ingreso ilegal.
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María Estefanía González votó en las internas coloradas cuando no debió hacerlo
Luego de las internas coloradas del 2021 para las municipales, salió a la luz, una lista de 41 fiscales que votaron antes del 7 de julio. Entre los que forman parte de la lista, apareció María Estefanía González.
Este comportamiento de la investigadora, viola las leyes vigentes, pues tienen prohibido estar afiliados y sufragar. Estos nombres pueden incluso ser consultados actualmente en el padrón de la ANR, disponible en la página web de la agrupación.
Las leyes vigentes prohíben a los agentes del Ministerio Público estar afiliados a cualquier partido político. Eso está señalado en el artículo 91 de la Ley Nº 1.562 (de la Fiscalía) así como el artículo 55 de la 834 (Código Electoral).
Un llamativo pedido de sobreseimiento definitivo
En noviembre del año pasado, en medio de una gran controversia sobre la propiedad de la familia Sopeña en Luque, la fiscala María Estefanía González solicitó el sobreseimiento definitivo para el oficial de Justicia Jorge Alberto Thomson Zarza, imputado por declaración falsa y producción de documentos públicos de contenido falso.
De acuerdo al antecedente, Thomson utilizó un mandamiento, presumiblemente apócrifo, para despojar de manera ilegal a la familia Sopeña.
González debía investigar DD. JJ. de Horacio Cartes, pero también ignoró pedido de allanamientos a sedes tabacaleras
Justo a finales del 2022, la cuestionada fiscala, había sido designada para indagar detalles sobre las inconsistencias en las Declaraciones Juradas del expresidente de la República, Horacio Cartes.
Sobre el punto, hace más de un año que ella tiene en su poder la carpeta abierta tras la denuncia presentada por supuesta declaración jurada falsa.
La denuncia contra Cartes fue presentada el 8 de octubre de 2022 por el titular del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, candidato de la Concertación a la presidencia de la República, y hasta fines del año pasado, el expediente prácticamente no se movía.
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Metrobus: González fue denunciada en medio de cajoneo de fallida obra
El 8 de marzo último, el abogado Jorge Rolón Luna presentó una denuncia en el Ministerio Público contra los fiscales que no agilizaban la investigación del fracasado metrobús y que cajonearon la causa por casi cinco años.
Esta fallida obra tuvo sus consecuencias nefastas durante el gobierno de Cartes y salpica a varios de sus ministros, uno de ellos Ramón Jiménez Gaona, que dirigía el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Una de las denunciadas fue justamente María Estefanía González, que en su momento dijo que tras la citación a indagatoria el caso no prescribirá y que continuarán con las pesquisas.
La denuncia alcanzó además a los fiscales Nathalia Silva, Alcides Corvalán y Esmilda Álvarez. El 23 de febrero último, González realizó una citación de indagatoria a los denunciados, para evitar que la causa prescriba.
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