El fiscal Juan Manuel Ledesma, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), solicitó prórroga extraordinaria de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo sobre la investigación de una supuesta lesión de confianza de G. 18.300 millones, que tuvo lugar durante la administración del ahora exgobernador de Central, Hugo Javier González (ANR, cartista), imputado y con arresto domiciliario por esta y otra causa.
Este pedido fue concedido el pasado 17 de marzo por los jueces Bibiana Benítez, Gustavo Ocampos y Arnulfo Arias, miembros del Tribunal de Apelación Penal de Delitos Económicos de la Capital.
Ledesma justificó el pedido y dijo que a la fecha están pendientes los informes finales de la pericia de verificación de obras, el resultado del informe de asistencia jurídica internacional formulado en el marco de la “Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal”.
También está pendiente el informe técnico de cruces de llamadas de los números investigados, informe técnico de extracción de análisis de datos con autorización judicial de los aparatos electrónicos, como el celular y laptop de los imputados, Tadeo Álvarez, titular de la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), firma que recibió millonarios desembolsos de la Gobernación, además de Félix Grau y Modesta Escobar.
El camarista, Arnulfo Arias, quien votó a favor de la prórroga, señaló que “El fiscal pide prórroga extraordinaria en Ia presente causa, exponiendo los motivos que considera, para justificar su requerimiento. Los mismos fueron expuestos precedentemente y considero que, teniendo en cuenta la multiplicidad de imputados, la complejidad de la causa y la necesidad de agotar medios probatorios necesarios, a fin del esclarecimiento del hecho investigado, corresponde el otorgamiento de la prórroga requerida”.
Los otros hechos investigados son producción de documentos no auténticos, apropiación y asociación criminal, y fueron imputadas 49 personas, que actualmente cuentan con diferentes medidas cautelares impuestas por el juez José Agustín Delmás.
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Esta es la segunda imputación que enfrenta el exgobernador por delitos relacionados a corrupción en la administración pública, teniendo en cuenta que ya había sido procesado por el uso de “facturas clonadas”.