Prosigue la audiencia preliminar por supuesta “megatragada” en Caja Bancaria

Por segunda ocasión se desarrolló este miércoles 29 de marzo la audiencia preliminar para los acusados por lesión de confianza José Antonio Caballero Bobadilla, Miguel Ramón Oro Domínguez, Ángel Ramón Chamorro Ortíz y Xavier Alberto Hamuy Campos Cervera, directivos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines, presuntamente perjudicada por más de 2 billones de guaraníes. La primera audiencia preliminar se realizó el 22 de marzo pasado.

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La audiencia preliminar prosigue este jueves 30 de marzo a las 9:30. La fiscala de la causa es la agente Stella Mary Cano.

Extinción de la acción penal

En la audiencia preliminar las defensas de los acusados plantearon varios incidentes, entre ellos la extinción de la acción por el transcurso del plazo señalado en el Art. 25 inc. 11 del Código Procesal Penal, que dispone: “cuando, luego de resuelto el sobreseimiento provisional, no se ordene la reapertura de la causa y la prosecución de la investigación dentro del plazo de un año”.

Argumentan que la Fiscalía solicitó la reapertura de la causa luego de 1 año de haberse cumplido el plazo del sobreseimiento provisional que fue el 26 de julio de 2022. Sin embargo, la orden del juzgado a cargo de la jueza Lovera Brítez que dispuso la “reapertura del procedimiento” surge de la Resolución AI N° 658 del 8 de agosto de 2022, es decir, 11 días posteriores al transcurso de 1 año dispuesto por el Art. 25 del CPP.

Nulidad de la acusación

Los acusados asimismo solicitan la nulidad de la acusación y alegan que los directivos de la Caja de Jubilación Bancaria han adquirido un seguro médico por un precio superior y que eso se fue incrementando durante los años 2015-2019, diciendo al respecto que esta fundamentación no fue presentada en la imputación por el Ministerio Público.

Sobreseimiento definitivo

Presentaron este incidente sobre la base de que el fundamento de la acusación radicada por el Ministerio Público es el aumento del costo del seguro médico Asismed, pero alegan que este aumento se debió a la alta complejidad que ofrece a todos sus afiliados este seguro médico, como así también el aumento de la póliza de cobertura.s.

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Recusación contra el perito

La recusación con expresión de causa promovida contra el perito Javier González Pérez. El recusante invoca como alegato fundamental el temor de que el recusado procesa de un modo determinado, tal como lo hiciera en otro caso en el que hace referencia. Agrega que la recusación de los peritos se rige por las mismas disposiciones establecidas para fiscales y magistrados conforme lo establece nuestra norma procesal.

La acusación de la Fiscalía

La investigación penal por lesión de confianza se inició con la denuncia que realizó Isidro Colmán Moreno, en fecha 20 de noviembre de 2019, acerca del supuesto hecho punible que supuestamente perpetraron los hoy acusados José Antonio Caballero Bobadilla, Miguel Ramón Oro Domínguez, Ángel Ramón Chamorro Ortiz y Xavier Hamuy Campos Cervera, presidente y miembros del Consejo de Administración de la Caja Bancaria, respectivamente.

El escrito de la Fiscalía agrega: “Que los mencionados acusados han incurrido en hechos y actos administrativos irregulares, que en la mayoría de los casos constituyeron observaciones que fueron señaladas bajo advertencia por parte de entes contralores como el Banco Central del Paraguay, Contraloría General de la República, Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, como así también auditorías internas de la Caja Bancaria, las cuales no fueron consideradas en tiempo y forma por la Administración de la Caja, constituyendo así una conducta omisiva, de los mismos, lo cual ocasionó un grave perjuicio patrimonial a la institución”, señala la acusación.

Uno de los 18 puntos desarrollados por el perito contable Lic. Javier González, propuesto por la Fiscalía, demuestra en su análisis del punto 1 sobre la variación que se ha visto con respecto a los gastos de seguro médico desde el año 2015 hasta el 2019, resultando en la suma de G. 37.449.119.291, y ello se ha reflejado en el punto 18 como parte del perjuicio patrimonial o daño patrimonial a la Caja de Jubilaciones, el cual ha tenido una consecuencia negativa en la situación financiera de la Caja.

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Los gastos en seguro médico aumentaron en demasía a partir del año 2016, que según informe en el año 2015 ascendió a la suma de G. 18.310.320.000, en el año 2016 se ha incrementado en la suma de G. 26.250.878.285, en el año 2017 se incrementó en la suma de G. 41.145.786.334, en el año 2018 se incrementó en la suma de G. 53.554.931.419 y en el año 2019 en la suma de G. 55.759.439.291. El total de la variación es de G. 37.449.119.291, solamente por los gastos de seguro médico.

En resumen, la conclusión del perito indica que el superávit al 30 de junio de 2015 fue de G. 965.943.000.000, y el déficit al 31 de diciembre de 2017 fue de G. 1.529.373.705.982, con lo que determinó que el daño patrimonial total a la Caja de Jubilados Bancarios ascendía a G. 2.495.216.705.982 (dos billones, cuatrocientos noventa y cinco mil millones, doscientos diez y seis millones ochocientos veinte mil), haciendo un total general de dos billones quinientos treinta y dos mil seiscientos treinta y cinco millones ochocientos sesenta y nueve mil trescientos sesenta y tres guaraníes (G. 2.532.635.869.363)”.

La querella también agrega que la Contraloría General de la República en su última Auditoría (CGR 843/18) afirma que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines no reveló en los Estados Contables al 31/12/2018, las reservas matemáticas producto del balance actuarial que presenta un déficit de G. 1.529.373.705.982 (un billón quinientos veinte y nueve mil trescientos setenta y tres millones setecientos cinco mil novecientos ochenta y dos guaraníes), incumpliendo la exigencia de la Ley 2856/06 de la Caja de Jubilaciones.

El perito de la querella adhesiva es el Lic. Francisco Centurión.