Denuncian a Efraín Alegre ante Fiscalía por supuesto desvío de US$ 37 millones del MOPC

El senador colorado Martín Arévalo, del movimiento Honor Colorado, bajo patrocinio del abogado Jorge Miguel Ayala López, presentó este martes por la mañana una denuncia en el Ministerio Público contra los exministros del MOPC Efraín Alegre y Cecilio Pérez Bordón, del periodo de Fernando Lugo, por supuesta lesión de confianza por desvío de unos US$ 37 millones.

En el escrito presentado por el senador colorado se señala que, según la auditoría del Poder Ejecutivo sobre el periodo 2010-2011, tiempo en que Alegre era titular del MOPC, se constataron numerosos hechos punibles cometidos.

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En su denuncia, el senador enumera que los extitulares de Obras Públicas cometieron supuestamente ilícitos contra el medio ambiente, contra la prueba documental, producción de documentos no auténticos, lesión de confianza y cobro indebido de honorarios, e igualmente sugiere la investigación de presunto enriquecimiento ilícito, soborno, cohecho pasivo y cohecho pasivo agravado.

Estos surgieron como conclusión de la Auditoría de Revisión Especial, hecha en cumplimento de la Resolución de la AGPE N° 149/11 correspondiente al ejercicio fiscal 2010 y al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2011, tiempo en que Efraín Alegre fue nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 02/08, cumpliendo funciones desde el 15 de agosto de 2008 y hoy candidato a presidente de la República y el general de brigada Cecilio Pérez Bordón, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo N° 6.761/2011 desde la fecha 17 de junio de 2011.

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Lo que reveló la auditoría a la gestión de Efraín Alegre y de Cecilio Pérez

Los hechos punibles se desprenden del total de 41 puntos señalados en la auditoría; uno de ellos describe la adquisición de combustible en el ejercicio fiscal de 2010 por valor de G. 30.656.992.574 y de G. 26.986.268.800 entre enero y junio de 2011. Se agrega en este punto los controles mínimos sobre consumo y utilización del combustible, pues los vehículos en su mayoría tienen desperfectos.

Así también, se señala el incumplimiento de la resolución del MOPC 1.349/09, con la recepción de cemento asfáltico por valor de G. 7.868.344.547 sin la participación de la auditoría interna de la cartera de Estado.

Además, se detectaron 102 máquinas y 28 camionetas utilitarias cuyo valor de adquisición asciende a G. 68.139.742.134, de los cuales solo seis máquinas y 21 camionetas utilitarias tenían título de propiedad. En otro punto se señalan G. 7.087.376.887 para mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipos, que se realizó supuestamente sin un plan de gasto.

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Por otra parte, se detectaron legajos de pagos de salarios incompletos en los cuales el objeto del gasto de jornales totalizó la suma de G. 3.182.988.744, en los que no se presentó la totalidad de la documentación exigida, según establece la Contraloría General de la República (CGR).

Así también, obras inconclusas por valor de G. 35.675.367.833. En este punto se detalla que no se ejecutaron las penalidades, multas, así como que tampoco las empresas con convenios modificatorios entregaron obras en fecha. Estos hechos se debían remitir a la asesoría jurídica para el trámite correspondiente y a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

En otro apartado se menciona la planta asfáltica deficiente en báscula y se amplía con que se recibieron 3.560 toneladas de asfalto según actas de recepción, equivalentes a G. 11.256.391.519; sin embargo, las plantas que recibieron el producto señalaron desperfectos.

Asimismo, la auditoría detectó el incumplimiento del manual de rendición de cuentas de la CGR, por monto de G. 88.482.652.009, pues no cuentan con la documentación exigida por el reglamento del ente veedor del Estado.

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Senador pide que auditores testifiquen

Arévalo solicitó al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, que se llame a una declaración testifical a los responsables que redactaron y firmaron el documento denominado “Auditoría de Revisión Especial en cumplimento de la Resolución de la AGPE N° 149/11″.

Al mismo tiempo, el congresista señaló la importancia de que el Ministerio Publico arbitre los medios para poder realizar una pericia contable forense a los periodos aludidos en el documento para esclarecer e individualizar a los responsables y, en caso de existir elementos, formular una imputación contra los mismos.