El juez de Garantías Julián López fijó para el jueves 18 de mayo, a las 9:30, la audiencia preliminar para la ex presidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Delia Patricia Samudio Torrás y su esposo José Costa Perdomo, acusados por el caso “agua tónica”, ocurrido al inicio de la pandemia por covid-19, en el año 2020.
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Esta es la octava convocatoria que hace el magistrado, para intentar sustanciar la diligencia, y se da luego de que la semana pasada la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declare inadmisible el recurso de reposición que planteó la defensa en contra de la resolución del máximo tribunal que había declarado inadmisible una apelación general planteada por la acusada de lesión de confianza.
Según la acusación presentada por los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, bajo la administración de Patricia Samudio, Petropar adquirió, por la vía de la excepción, de la firma proveedora Solumedic SA, 3.000 tapabocas KN95, 5.000 botellas de agua tónica y otros insumos, por un total de G. 359.700.000.
Esta suma fue transferida a una cuenta de la empresa Racole SA para el pago parcial de una deuda de Costa Perdomo, esposo de la entonces funcionaria estatal, siempre según el relato de los agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción.
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Los directivos de la empresa Solumedic SA igualmente acusados por el caso Liz Adolfina Chamorro Ferreira y Víctor Ramón Cabañas Fernández devolvieron al Estado los G. 359.700.000, situación que la defensa pretende utilizar para argumentar la supuesta inexistencia de daño patrimonial.
Ante la posible estrategia de la defensa de Samudio de pedir la extinción de la causa y, por ende, el sobreseimiento definitivo de los acusados, alegando que el monto del perjuicio que sufrió el Estado ya fue devuelto en su totalidad por la empresa Solumedic SA, la fiscala Liliana Alcaraz indicó que la devolución del dinero se dio después de la apertura de la presente causa.
La agente del Ministerio Público remarcó que para la Fiscalía la causa se debe discutir en un juicio oral, aunque los directivos de la empresa Solumedic SA Liz Adolfina Chamorro Ferreira y Víctor Ramón Cabañas Fernández hayan devuelto al Estado los G. 359.700.000.
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Los acusados alegan que el supuesto perjuicio patrimonial causado con la supuesta compra irregular de agua tónica, que asciende a la suma de G. 359.700.000, ya fue reparado. En consecuencia, aseguran que ya no hay motivos para la persecución penal, por lo que plantearon una excepción por falta de acción.