1 de septiembre de 2026

La expresidenta de Petropar Delia Patricia Samudio Torrás y su esposo José Manuel Costa Perdomo, condenados por lesión de confianza, seguirán presos. Un Tribunal de Apelación confirmó la decisión dictada en el caso “agua tónica”.

Un Tribunal de Sentencia condenó a 4 años de prisión a la expresidenta de Petropar Delia Patricia Samudio Torrás, y a su esposo José Costa Perdomo a 3 años y 9 meses. Ambos cometieron lesión de confianza al adquirir agua tónica de forma irregular, en el marco de la pandemia por covid-19 en 2020, ocasionando un perjuicio patrimonial a la estatal de unos G. 360 millones.

Un Tribunal de Sentencia condenó a 4 años de prisión a la expresidenta de Petropar Delia Patricia Samudio Torrás, y a su esposo José Costa Perdomo a 3 años y 9 meses. Ambos cometieron lesión de confianza al adquirir agua tónica de forma irregular, en el marco de la pandemia por covid-19 en 2020, ocasionando un perjuicio patrimonial a la estatal de unos G. 360 millones.

La sentencia del tribunal que juzga a la extitular de Petropar Patricia Samudio y su esposo, José Costa Perdomo, acusados por presunta lesión de confianza en el caso “agua tónica”, se conocerá recién mañana. El Ministerio Público pide que sean condenados a 4 años y 3 años y nueve meses, en ese orden; por un perjuicio de casi G. 350 millones a la petrolera estatal en el 2020.

El Ministerio Público solicitó una pena de 4 años de privación de libertad para la expresidenta de Petropar Delia Patricia Samudio Torrás y de 3 años y 9 meses de prisión para su esposo, José Costa Perdomo. Esto en el marco del juicio que afronta el matrimonio por lesión de confianza por la compra irregular de agua tónica, en el marco de la pandemia por covid-19 en el año 2020, ocasionando un perjuicio patrimonial a la estatal de casi G. 360 millones.

La extitular de Petropar Patricia Samudio Torrás y su esposo José Costa Perdomo declararán este lunes ante el Tribunal de Sentencia que juzga la causa por presunta lesión de confianza en el caso “agua tónica”, al inicio de la pandemia por covid-19. Según la acusación de la fiscalía, el perjuicio causado a la petrolera estatal con la compra irregular es de casi G. 360 millones.