1 de septiembre de 2026

La expresidenta de Petropar Delia Patricia Samudio Torrás y su esposo José Manuel Costa Perdomo, condenados por lesión de confianza, seguirán presos. Un Tribunal de Apelación confirmó la decisión dictada en el caso “agua tónica”.

La Coordinadora de Abogados del Paraguay (COAPY) presentó un urgimiento a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, solicitando la resolución de varios recursos planteados que traban la prosecución de procesos por corrupción, incluso la ejecución de condenas en causas emblemáticas. Las compras de los tapabocas de oro y agua tónica, son los principales.

La expresidenta de Petropar Petropar Patricia Samudio y su esposo José Costa Perdomo, tienen fianza personal de G. 440 millones cada uno a cambio de seguir con medidas alternativas a la prisión hasta tanto quede firme la sentencia del caso “agua tónica”. La pareja fue condenada a 4 años, y 3 años y 9 meses de cárcel, respectivamente, por lesión de confianza.

La Cámara de Apelaciones confirmó la condena a 4 años de cárcel de la extitular de Petropar Patricia Samudio, y a 3 años y 9 meses para su esposo, José Costa Perdomo, por lesión de confianza en la compra irregular de “agua tónica” en marzo de 2020. El perjuicio patrimonial ocasionando a la estatal asciende a casi G. 360 millones.

La Cámara de Apelaciones declaró inadmisible el recurso planteado por la defensa de la extitular de Petropar Patricia Samudio y su esposo José Costa Perdomo, y confirmó la fianza personal de G. 440 millones para cada uno, de tal modo que sigan con medidas alternativas a la prisión hasta tanto quede firme la sentencia. En primera instancia fueron condenados a 4 años y 3 años y 9 meses de cárcel, por el caso “agua tónica.

Un Tribunal de Sentencia condenó a 4 años de prisión a la expresidenta de Petropar Delia Patricia Samudio Torrás, y a su esposo José Costa Perdomo a 3 años y 9 meses. Ambos cometieron lesión de confianza al adquirir agua tónica de forma irregular, en el marco de la pandemia por covid-19 en 2020, ocasionando un perjuicio patrimonial a la estatal de unos G. 360 millones.