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Tráfico de influencias, estafa, cohecho pasivo y soborno son solo algunos posibles delitos que podrían haberse cometido en el polémico caso de los “ocupantes vip” de la finca 916 del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), según lo confirmó el abogado Manuel Riera Escudero. “Cualquier cosa pudo haber sido”, sostuvo.
El especialista señaló que la Fiscalía, en su carácter de defensor de la sociedad y los intereses sociales, tiene la “obligación” de investigar qué hubo detrás de este proyecto, más allá de que la Procuraduría recupere las tierras que pertenecen al Estado y hoy tienen varias mansiones.
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“Este mecanismo de desafectar leyes del sector público para pasarlos a otro sector público como la municipalidad con la intención de que finalmente termine en el sector privado es muy delicado”, consideró para ABC Cardinal.
“Se me hace cuesta arriba que hayan invertido tanto dinero en tierras cuya legitimación no esté amparada de alguna manera en algún tipo de documento que ofrezca cierta credibilidad”, planteó el expresidente del Colegio de Abogados.
El mismo señaló además que es difícil que una persona, con la capacidad económica de los “ocupantes vip”, pueda ser engañada por terceros. “Podrá engañarse a un tonto, pero no a personas que hacen inversiones así”, consideró.
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Despojo: no se necesitaba una ley, dice el abogado
Por otra parte, aseguró que, considerando el derecho público, el Estado no necesitaba una ley para desafectar estas tierras que le pertenecen a un organismo del Estado, pese a ser una propiedad privada del Ministerio de Defensa.
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En ese sentido, agregó que el Estado podía vender estas tierras, pero para ello existe un mecanismo fijado para vender los bienes de este.
“Creen que por ley se puede hacer todo y no es así (...) Los ocupantes van a tener que exhibir los documentos que amparan su ocupación y si no los exhiben serán desalojados. Pero si lo hacen, vamos a saber en virtud de qué estaban actuando con tanta impunidad”, sentenció.