Manuel Riera

Manuel Riera, presidente del Colegio de Abogados del Paraguay (CAP), se refirió este jueves al proceso de selección para ministro de la Corte Suprema de Justicia y dijo que desde el Consejo de la Magistratura se debería dar a conocer cómo fue la votación de cada uno de los consejeros en relación a las audiencias públicas, ya que están los números pero no sus nombres. Indicó que hay muchísima disparidad entre estos y sostuvo que se debería cuestionar el proceso.

El Colegio de Abogados del Paraguay solicitó al presidente del Consejo de la Magistratura, Óscar Paciello Samaniego, que, en nombre de la transparencia y al derecho a la información pública, proporcione las puntuaciones otorgadas por cada consejero a cada uno de los 18 postulantes en las audiencias públicas del concurso de terna para la Corte Suprema. El Consejo solamente proporcionó públicamente los promedios que resultaron de las puntuaciones que otorgaron a los concursantes.

El Colegio de Abogados del Paraguay emitió un comunicado remitido al presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en el cual acompaña la acusación por mal desempeño de funciones que realizó el abogado Marciano Daniel Lobo Corbeta, contra la jueza penal de garantías Rosarito Montanía y el fiscal antidrogas Eduardo Royg Acha, por haber autorizado una escucha telefónica presuntamente ilegal, en el caso de la primera, y por haber solicitado dicha autorización, en el caso del agente fiscal.

Ante la escasa cantidad de candidatos para ministro de la Corte, el presidente del Colegio de Abogados del Paraguay (CAP), Manuel Riera, indicó que existe una desconfianza hacia el Poder Judicial en una perspectiva institucional. Igualmente, refirió que agotarán las instancias para un juzgamiento de postulantes y resaltó que el presidente del CM es el personaje a apuntar para la transparencia del proceso de elección.

Desde el Colegio de Abogados del Paraguay (CAP) remarcaron que el reglamento de Seprelad que obliga a reportar actividades sospechosas “rompe” el secreto profesional, por lo que es inconstitucional. Anunciaron que recurrirán a las instancias correspondientes para revertirlas. Igualmente, dieron a entender que fueron dispuestas para cumplir con la recomendación de GAFI.