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El Ministerio Público presentó hoy sus pedidos de condena contra los siete acusados por la provisión de documentos falsos al exfutbolista brasileño Ronaldo de Assis Moreira, Ronaldinho Gaúcho, y su hermano Roberto, en la última etapa de sus alegatos finales, iniciados el viernes último.
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Entre los acusados se encuentan un agente de la Policía Nacional, un funcionario de Dirección Nacional de Migraciones y algunos gestores.
Estas personas integran el grupo de 14 acusados por el Ministerio Público por el caso. Los demás han sido beneficiados con la suspensión condicional del procedimiento en una audiencia preliminar realizada el 5 de noviembre del 2021, ante el juez penal de garantías Gustavo Amarilla.
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La participación de los acusados en el caso Ronaldinho, según la Fiscalía
La pena más elevada fue requerida para dos acusados, uno de ellos es el funcionario de Migraciones de Puerto Falcón, Bernardo Guzmán Arellano Domínguez, quien según la Fiscalía, manejaba al dedillo lo que debía hacerse, utilizaba a su hijo (Wilson Guzmán Arellano Duarte) como nexo con el grupo e indicaba al grupo cuánto se tenía que cobrar por la documentación falsa, de acuerdo a la “cara del cliente”.
Asimismo, el Ministerio Público solicitó una condena de 4 años de cárcel para el suboficial inspector Cirilo Gustavo Amarilla Cañete, quien presentaba servicios en Informática del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional.
El uniformado, según la acusación, recurría al coacusado Vicente Martínez para que este busque a los potenciales clientes del esquema de falsificación de documentos y habría proporcionado los “números flotantes” que fueron insertos en los documentos entregados a Ronaldinho y su hermano.
A su vez, Martínez era el encargado de captar a los clientes para la organización criminal y según la Fiscalía, contactó con la coacusada Stella Marys Lugo para conseguir potenciales clientes.
Stella Marys es vecina de las primeras detenidas con relación al caso y está sospechada de haber retirado los pasaportes de las titulares de los pasaportes para su adulteración y posterior entrega a Wilmondes, Ronaldinho y su hermano.
Cuando explotó el caso pidió G. 6 millones a Vicente Martínez para pagar abogados, según reveló el Ministerio Público en sus alegatos finales.
Estas personas integran el grupo de 14 acusados por el Ministerio Público por el caso. Los demás han sido beneficiados con la suspensión condicional del procedimiento en una audiencia preliminar realizada el 5 de noviembre del 2021, ante el juez penal de garantías Gustavo Amarilla.
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Las penas requeridas por el Ministerio Público
El viernes último, los fiscales Alejandro Cardozo y Cristian Ortiz explicaron detalladamente la participación de cada uno de los acusados en las distintas etapas de la comisión del ilícito y solicitaron se declare la reprochabilidad de todos por distintos delitos contra la prueba documental. Hoy, la fiscala Alicia Sapriza se sumó al equipo para la presentación de los pedidos de pena, que detallamos a continuación.
- Bernardo Guzmán Arellano Domínguez: 5 años por coautoría en asociación criminal y producción mediata de documentos públicos de contenido falso y complicidad en uso de documentos públicos de contenido falso.
- Iván Francisco Ocampos Miño: 5 años por coautoría en asociación criminal y producción mediata de documentos públicos de contenido falso y complicidad en uso de documentos públicos de contenido falso.
- Gerardo Sebastian Medina Gómez: 4 años de pena privativa de libertad, por coautoría en asociación criminal y producción mediata de documentos públicos de contenido falso y complicidad en uso de documentos públicos de contenido falso.
- Cirilo Gustavo Amarilla Cañete, suboficial inspector: 4 años por coautoría de asociación criminal y producción mediata de documentos públicos de contenido falso; y complicidad de uso de documentos públicos de contenido falso.
- Vicente Javier Martínez Moreno. gestor: 3 años por complicidad en la comisión de los delitos de asociación criminal y en producción mediata de documentos públicos de contenido falso.
- Wilson Guzmán Arrellano Duarte: 2 años de pena privativa de libertad con suspensión de la ejecución de la condena por complicidad en asociación criminal, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.
- Stella Marys Lugo: 2 años de cárcel con suspensión de la ejecución de la condena por complicidad en asociación criminal y en producción mediata de documentos públicos de contenido falso.
Este juicio, a cargo del Tribunal de Sentencia presidido por Inés Galarza e integrado por Víctor Medina y Federico Rojas prosigue los próximos 5 y 6 de diciembre, con alegatos finales de los defensores.
Dalia López, la gran ausente
La gran ausente en este juicio es la empresaria Dalia López, sindicada como principal artífice de la provisión de la documentación apócrifa al astro del fútbol, quien permanece prófuga de la justicia desde el inicio del proceso, en marzo del 2020.
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La mujer había anunciado que Ronaldinho venía a Paraguay para la presentación del “Móvil de la salud de las niñas y los niños”, cuya meta era brindar asistencia médica gratuita a niños carenciados en todo el país. López dijo representar a la fundación Fraternidad Angelical.
El astro del fútbol mundial también presentaría su libro “Crack en la vida”. Dicho evento estaba previsto para el 6 de marzo de 2020, en el Hotel del Yacht y Golf Club Paraguayo, donde Dinho y su hermano se hospedaron.
Dalia López no solamente recibió a Ronaldinho Gaúcho y a su hermano Roberto en el aeropuerto, sino también les acompañó en las distintas actividades que hizo en el país, tal como entrevistas a medios de comunicación y hasta cuando el intendente de la Municipalidad de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez lo declaró visitante ilustre de Asunción.
Según la acusación del Ministerio Público por pedido de la empresaria Dalia López, prófuga desde abril de 2020, el grupo criminal a mediados de diciembre de 2019 realizó las gestiones ante la Dirección General de Migraciones para obtener la radicación paraguaya de Ronaldo y Roberto de Assis Moreira, así como para los esposos brasileños el empresario Wilmondes de Sousa Lira y Regina Oliveira Moura, con base en documentos públicos adulterados en los datos biográficos.
De acuerdo al Ministerio Público Dalia López fue quien entregó las documentaciones paraguayas falsas (cédulas de identidad y pasaportes) a Ronaldinho y a su hermano, de acuerdo a reveladores mensajes de texto enviados por la ahora prófuga a la testigo Regina Oliveira, quien en oportunidad de declarar ante la Fiscalía reveló la participación de la empresaria e hizo entrega de su celular, donde constan los mensajes de texto y de audio de Dalia, informando paso a paso de las gestiones que realizaba.
El 26 de febrero de 2020 De Sousa Lira ingresó al Paraguay utilizando los documentos paraguayos falsos, (pasaporte emitido a nombre de Víctor Manuel Cabrera), y el 4 de marzo de 2020, hicieron lo propio Ronaldinho y su hermano Roberto, quienes utilizaron pasaportes adulterados.
Ronaldinho y Roberto fueron procesados por presunto uso de documentos de contenido falso y el 7 de marzo del 2020 fueron detenidos en el hotel Sheraton y derivados a la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, donde estuvieron presos hasta el 7 de abril del mismo año. Ese día los hermanos fueron beneficiados con el arresto domiciliario, medida que cumplieron en Hotel Palmaroga de Asunción.
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El 24 de agosto del 2020, los hermanos quedaron libres del proceso que enfrentaron en Paraguay. El juez Gustavo Amarilla hizo lugar al pedido de la Fiscalía de suspensión condicional del procedimiento para Ronaldinho pero condenó a 2 años de pena privativa de libertad, con suspensión a prueba de la ejecución de la pena, a Roberto de Assis Moreira, por el uso de documentos públicos de contenido falso.
Como reparación del daño social ocasionado, el exastro del fútbol mundial pagó 90.000 dólares, de los cuales US$ 60.000 serán destinados a la lucha contra el covid-19 en el Hospital de Clínicas y US$ 30.000 serán para la campaña “Todos por Bianca”, para el tratamiento de atrofia muscular espinal de la beba.
Por su parte, Roberto de Assis pagó US$ 110.000 como reparación social del daño ocasionado, que serán destinados al Ministerio de Justicia para que la cartera de Estado los utilice en la lucha contra el covid-19 en las cárceles de todo el país, con la adquisición de insumos y equipos de bioseguridad.
Wilmondes Sousa Lira, quien se fugó el 5 de diciembre del 2020 del edificio “The One”-ubicado en Avenida Santa Teresa y Gumercindo Sosa- donde cumplía arresto domiciliario por disposición del Tribunal de Apelación, permanece igualmente con paradero desconocido.
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