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En la causa abierta por venta de cargos en el Instituto de Previsión Social (IPS), la jueza penal de garantías N° 1 de feria Clara Ruiz Diaz Parris dispuso dos medidas distintas al ratificar la prisión preventiva de la procesada Zulma Verónica Villalba Colmán y otorgar arresto domiciliario a Jorge Manuel Aquino Riveros.
Zulma Villalba, abogada, de 30 años, quien viene cumpliendo la medida cautelar en la Comisaria N° 12 de Mujeres, dispuesta por Auto Interlocutorio (AI) Nº 184 del 13 de enero de 2.024, deberá permanecer en el este lugar por el plazo de quince días hábiles, y no habiendo disposición en contrario, pasará al Centro Penitenciario de Mujeres “Casa del Buen Pastor”, u otro establecimiento.
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La causa analizada es la N°221/2024, caratulada “Fátima Patricia Agüero Stehlik y otros s/ estafa y otros”.
Ratificación de la prisión para Villalba Colmán
La jueza Ruiz Diaz Parris argumentó que la funcionaria del IPS Zulma Villalba Colmán se encuentra imputada por los hechos punibles de estafa previsto en el art. 187 del Código Penal, y asociación criminal previsto en el art. 239 del Código Penal (CP). Es decir, estamos ante un concurso de hechos punibles conforme al art. 70 del C.P, lo cual eventualmente aumentaría la expectativa de pena, lo que agrava la situación de la procesada, refirió.
También consideró la magistrada que la defensa técnica no ha logrado desvirtuar lo dispuesto en el art. 243 del Código Procesal Penal (CPP), peligro de fuga.
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“A mas de ello, en cuanto el art. 244 del CPP (peligro de obstrucción), se tiene que la causa se encuentra en un estado incipiente y de investigación, donde se siguen colectando las pruebas a los efectos de llegar a la verdad real de los hechos, y la imputada podría influir en los coimputados informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente”, señaló la jueza Ruiz Diaz Parris.
La ratificación de la prisión preventiva fue dispuesta por AI N°77 del 25 de enero de 2024.
Medidas de arresto domiciliario para Aquino
Por otro lado, en la misma causa, la jueza Clara Ruiz Diaz Parris, hizo lugar la revisión de medidas cautelares solicitada por el imputado Jorge Miguel Aquino Riveros (28 años), quien fue beneficiado con el arresto domiciliario. Por A.I. Nº 34 del 12 de enero de 2.024, se había dispuesto la prisión preventiva del imputado, en la Comisaría 10° Metropolitana.
Aquino, detenido por presunta participación en el esquema de estafa es hijo del abogado Ramón Aquino, quien representa a Juan Carlos Galaverna.
En la noche del allanamiento en la vivienda donde fueron encontradas las evidencias, Ramón Aquino se jactaba ante los intervinientes de la influencia a través de Galaverna. La casa es propiedad del mencionado abogado. La otra involucrada, Zulma Villalba, sigue detenida.
La jueza Ruiz Diaz Parris señala en su resolución que “habiéndose desvirtuado el peligro de fuga, la prisión preventiva ya no tiene sustento jurídico, pues no se dan los requisitos establecidos en el art. 19 de la Constitución Nacional y el art. 242 del Código Procesal Penal, es por ello que debe de analizarse la medida cautelar más idónea a los efectos de asegurar el debido proceso”.
La magistrada sostiene que la obstrucción a la justicia se encuentra aún latente , y es por ello que la medida más idónea es la del arresto domiciliario, según dispuso por el A.I. N° 76 del 25 de enero de 2024.
Obligaciones impuestas al imputado Aquino
El juzgado impuso al procesado las siguientes medidas:
- Arresto domiciliario, que deberá cumplir en la casa ubicada en las calles Overava N° 1.095 casi Primer Presidente del barrio Mbocayaty de la ciudad de Asunción, bajo control aleatorio de la Comisaría 10° de Asunción Jurisdiccional de su domicilio;
- Prohibición de salir del país sin previa autorización del juzgado;
- Prohibición de cambiar de domicilio sin autorización del juzgado;
- Obligación de comunicar a este juzgado el cambio de cualquier otro dato relevante de su persona de los comunicados en autos como ser número de teléfono etc.;
- Obligación de comparecer a la Audiencia Preliminar, de conformidad al Art. 352 del C.P.P. la cual será señalada oportunamente y a todas las citaciones que le sean notificadas por el juzgado de la causa,
- Caución personal de Ramón Alberto Aquino Mora y de Andrea Ivanna María Aquino, hasta cubrir la suma de G. 100.000.000, cada uno; y
- Fianza real del inmueble ofrecido hasta cubrir la suma de G. 906.010.0402, debiendo presentar todos los documentos justificatorios en el plazo máximo de diez días hábiles, todo esto bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento de alguna de las medidas antes mencionadas las mismas serán revocadas.
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La imputación por la presunta venta de cargos para el IPS
La imputación fue presentada el 11 de enero de 2024 por la fiscala de Luque Sandra Ledesma en contra de María Lujan Aguilera Chaparro (funcionaria del Instituto de Previsión Social), Fátima Patricia Agüero Stelhik, ex abogada de la senadora Zenaida Delgado, José Manuel Agüero Stelhik y Jorge Miguel Aquino Riveros, cuya vivienda fue allanada el 10 de enero.
Según la agente del Ministerio Público estas personas habrían solicitado dinero y reclutando a personas a cambio de conseguirles contratos, recategorizaciones y nombramientos en el Instituto de Previsión social, engañando a las víctimas, ya que les hacían creer que tenían los contactos para otorgar dicho servicio.
Además los cuatro imputados formarían parte de un esquema dedicado de cobrar bajo engaño a las personas que desean pertenecer al plantel de funcionarios del IPS, de acuerdo al relato de la fiscal Sandra Ledesma en el acta de imputación presentada este miércoles.
La agente fiscal solicita al Juzgado de Garantías que ordene la prisión preventiva de los imputados, alegando la existencia del peligro de obstrucción a la presente investigación y del peligro de fuga de los cuatro indagados, teniendo en cuenta la expectativa de pena por los hechos imputados.
Entrega vigilada para recategorización en el IPS
La Abg. Fátima Patricia Agüero Stelhik fue aprehendida en la noche del martes 9 de enero de 2024 en un operativo de entrega vigilada en el estacionamiento de la Costanera de Asunción, ubicada en las calles Benjamín Constant y Montevideo; tras recibir la suma de G. 6.000.000 a cambio de conseguirle a un profesional una recategorización dentro del IPS.
El operativo fiscal policial encabezado por la agente Sandra Ledesma inició la intervención una vez que la letrada ingresó a la camioneta del profesional, quien le entregó a Agüero Stelhik la suma de dinero que habían acordado previamente en una conversación telefónica.
Antes de la la letrada descienda del rodado de la victima fue detenida por la comitiva fiscal policial y los intervinientes incautaron los billetes que tenía en su poder, totalizando G. 6 millones, que fueron previamente fotocopiadas por orden del juez de Garantías de turno Raúl Florentín.
Por su parte José Manuel Agüero Stelhik, hermano de Fátima Patricia, habría participado en la comisión de los hechos punibles de estafa y asociación criminal, prestando servicio en cuanto al traslado de la letrada para llegar hasta el lugar donde la víctima entregó el dinero.
Funcionaria del IPS involucrada en el esquema
En cuanto a la imputada María Luján Aguilera Chaparro la fiscala Sandra Ledesma señala que es esposa del imputado José Manuel Agüero Stelhik, sería funcionaria del IPS y la que estaría proveyendo datos de la previsional para obtener la lista de las personas que desearían ingresar como funcionarios en la institución.
En el acta de imputación se resalta que la misma sería parte del esquema que colaboraba con la Abg. Fátima Agüero para cobrar a personas que serían engañadas con la esperanza de obtener un contrato, un nombramiento o una recategorización en la previsional.
Sobre el imputado Jorge Miguel Aquino Riveros el Ministerio Público señala que habría otorgado permiso para que dentro de su vivienda sea llevado a cabo la reunión con varias personas, con el supuesto fin de realizar enrolamiento y venta de contratos para puestos laborales dentro del IPS a cambio de sumas de dinero en efectivo.
El investigado sería parte del esquema de ofrecer bajo engaños la venta de contratos, nombramientos o recategorizaciones en el IPS, colaborando en la logística del esquema prestando su domicilio para que las personas interesadas en ingresar en la previsional acudan hasta dicha vivienda, donde las víctimas serian enroladas y firmarían supuestamente las documentaciones para obtener los beneficios.
Denuncia contra esquema de estafa
La causa tuvo su origen a partir de la denuncia formulada por la jefa del Departamento de Asuntos Legales del IPS, acompañada de un pendrive que contiene filmaciones y fotografías que guardan relación con el presente hecho.
De las imágenes analizadas, así como los relatos de la representante legal del IPS y el denunciante en contra de la Abg. Fátima Agüero, surge la hipótesis de la comisión de los hechos punibles de estafa y asociación criminal.
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También fueron detenidos e imputados
En la noche del jueves 11 de enero y la mañana del viernes 12 de enero se llevaron a cabo otros cuatro procedimientos, en los que la comitiva encabezada por la fiscala Sandra Ledesma, logró la detención de Zulma Verónica Villalba Colmán, funcionaria de la previsional y sindicada por los denunciantes como la “reclutadora” del esquema de estafa y la administradora del dinero que recaudaban.
También fue detenido fue Eduvigis Espínola, que es funcionario activo del IPS, quien sería el coordinador del grupo de estafadores, de acuerdo a las víctimas.