/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/abccolor/U3GMVTO43ZGXRP2OBVVYPDUCTE.jpg)
Cargando...
Poco antes del mediodía de este jueves se dio por terminada la audiencia preliminar a los 14 acusados en el caso denominado A Ultranza, que inició el 12 de setiembre de 2023, ante la jueza penal de garantías especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía, que tras analizar incidentes de las defensas y los argumentos del Ministerio Público, deberá resolver en las próximas horas si la causa se analiza en juicio o no.
Las diversas defensas plantearon a lo largo de los meses más de cincuenta incidentes relacionados a nulidad de las actuaciones, nulidad de la imputación, así como exclusión e inclusión probatorias, entre otros más, que en la recta final de la audiencia preliminar fue contestando hasta hoy el fiscal de la Unidad Especializada en Lucha Contra el Narcotráfico Deny Yoon Pak.
Lea más: A Ultranza: inician audiencia preliminar a 14 acusados a poco más de 6 meses de la acusación
Durante el desarrollo de la diligencia a lo largo de cinco meses, el fiscal de narcotráfico Deny Yoon Pak sostuvo su acusación contra cada uno de los primeros 14 acusados, pues en esta causa hay más de 50 imputados, entre ellos Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, preso en Viñas Cue, y el uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, quien continúa prófugo.
Unite al canal de ABC en WhatsApp
Los acusados son Conrado Ramón Insfrán Villar (33), hermano de Tío Rico, que está asistido por el abogado Rodrigo Alfonso Resquín; Alberto Koube Ayala (51) y su hermana Fátima Irene Koube Ayala (42), miembros del grupo Tapyracuái SA; Job Von Zastrow Masi (54), que recibe asistencia legal del abogado Pablo Villalba, y Luis Fernando Sebriano González (48), supuestos colaboradores de Marset, el primero como piloto y el segundo en logística.
Lea más: A Ultranza: Corte rechaza hábeas corpus planteado por Tío Rico
Otros acusados en la megacausa
También a Liz Fabiola Taboada Gamarra (29), pareja del presunto narcopiloto prófugo Gilberto Sandoval, que está defendida por el abogado José Enrique García; María Noelia Colmán Alarcón (30), pareja de Alberto Koube, y Reina Mercedes Duarte Aguilera (42), alias Merchi, nexo entre Marset e Insfrán. Además, Tadeo Moisés González Zárate (30), accionista de la firma Total Cars y del Grupo San Jorge SA; su hermano Alexis Vidal González Zárate (39) y la pareja de este, Irma Vergara (40), alias Menchy, ka pareja es defendida por el abogado Nelson López.
Los procesados Alberto y Fátima Koube, así como Noelia Colmán, pareja del primero, reciben asistencia legal del equipo jurídico conformado por los abogados Rodrigo Alvarez, Mario Bobadilla, Diego Tuma y Carlos Jara Verón.
Lea más: Prisión preventiva para Santoro, vinculado al presunto narco Marset
Además del exdiputado Juan Carlos Ozorio Godoy (ANR), quien está siendo asistido por el defensor público Carlos Arce, que colaboró a través su cargo en la cooperativa San Cristóbal para el lavado de activos; José Enrique Gamarra Villalba (32), cuya defensa la ejerce la abogada Eva de White, quien habría ocultado los bienes, y Diego José Cubas (33), supuesto piloto.
Intentaron iniciar preliminar cuatro veces
Este será el quinto intento por llevar a cabo la diligencia en la que la magistrada debe resolver si la causa se eleva o no a juicio oral. La misma debió hacerse en marzo, pero las abogadas Corazón Corrales y Lilian Corvalán, defensoras de Liz Fabiola Taboada, recusaron a la jueza Montanía, quien tras ser confirmada fijó nueva fecha para el 20 de junio, pero se pospuso nuevamente hasta el 26 de junio. En ambas ocasiones se suspendió otra vez a pedido de las defensas.
La cuarta suspensión fue el 22 de agosto, debido a que el anterior abogado defensor de Ozorio renunció y le designaron al defensor público Carlos Arce, quien solicitó acceso a la carpeta fiscal.
Lea más: Diego Marset fue detenido en un condominio cerrado de Foz
A Ultranza: histórico megaoperativo
El 22 de febrero del 2022, alrededor de las 9:00, trascendió la ejecución de lo que se denominó el operativo “A Ultranza Py” por parte del Ministerio Público y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), que contaron con el apoyo de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), la Europol y la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) de Uruguay.
En la primera jornada se llevaron a cabo varios allanamientos en el distrito de 25 de Diciembre del departamento de San Pedro, así como en las ciudades de Mariano Roque Alonso, Itauguá, Luque y otras del departamento Central, así como en el distrito de Santísima Trinidad de la capital del país.
Lea más: A Ultranza: jueza dicta bloqueo de bienes ligados al clan Insfrán
Primero fue detenido Conrado Ramón Insfrán Villar, en San Pedro; Job Von Zastrow Masi, quien cayó en Luque; Luis Fernando Sebriano González, también detenido en Luque; los hermanos Alberto y Fátima Irene Koube Ayala, detenidos en Santísima Trinidad en la empresa “Grupo Tapyracuái SA”, María Noelia Colmán Alarcón, pareja de Alberto y detenida en Asunción, mientras que Liz Fabiola Taboada fue apresada en Itauguá.
Lea más: Megaoperativo: cien allanamientos para anular grupo narco que envía cocaína a Europa
Todos estos operativos fueron dirigidos por los fiscales de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico, Deny Yoon Pak -director de la causa A Ultranza-, Fabiola Molas, Isaac Ferreira, Elva Cáceres, Osmar Segovia, Lourdes Bobadilla, Marco Amarilla y Lorena Ledesma.
La investigación relacionada a una mega red de narcotráfico de la cual está señalado como líder el uruguayo prófugo Sebastián Enrique Marset Cabrera y en territorio paraguayo Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, detenido en Brasil el jueves 9 de febrero, se inició en 2019, tras varias incautaciones de cargamentos de cocaína en Europa.
Hasta el momento son 50 los procesados, de los cuales solo 24 están detenidos, entre ellos Miguel Ángel Insfrán, y los demás son sospechosos de haber colaborado en el esquema de lavado de dinero. Entre los prófugos está Sebastián Marset. En cuanto a los bienes incautados, el valor asciende a unos US$ 240 millones.