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La jueza de Garantías Alicia Pedrozo ratificó la prisión preventiva de María Luján Aguilera Chaparro, funcionaria del Instituto de Previsión Social (IPS) procesada por presunta estafa y asociación criminal en el esquema de “venta de cargos” dentro de la previsional.
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Si bien la defensa ofreció una fianza real de G. 224 millones, consistente en un inmueble ubicado en la ciudad de Luque; y una fianza personal de la señora Andrea Paola Almirón Caballero, por el monto que el juzgado determine; la magistrada concluyó que siguen vigentes tanto el peligro de fuga como el peligro de obstrucción a la investigación.
La resolución del Juzgado de Garantías señala que la procesada seguirá con prisión preventiva en el Departamento Judicial Femenino de la Policía Nacional, donde cumple la medida cautelar desde el pasado 12 de enero, luego de ser imputada por la agente fiscal Sandra Ledesma.
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Según la imputación, María Luján Aguilera Chaparro, esposa del también procesado José Manuel Agüero Stelhik y funcionaria del IPS, es la que habría proveído datos de la previsional para obtener la lista de las personas que desearían ingresar como funcionarios en la institución.
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Arresto para otros dos por “venta de cargos” en IPS
Por otro lado, la jueza Alicia Pedrozo resolvió revocar la prisión preventiva y ordenar el arresto domiciliario del abogado y docente Carlos Barreto Ocampos y la contadora Jennifer Karina González González, quienes también formarían parte de la estructura de fraude y están procesados por presunta estafa y asociación criminal.
Barreto Ocampos cumplirá la medida cautelar en una vivienda ubicada en el distrito de Carapeguá, Departamento de Paraguarí. El juzgado le impuso además una fianza personal del señor Juan Barreto Núñez por G. 200 millones y tiene prohibición de salir del país y de cambiar de domicilio sin autorización judicial.
A su vez, Jennifer González cumplirá el arresto en un domicilio ubicado también en el distrito de Carapeguá, departamento de Paraguarí, tiene una fianza personal de la señora Felicita Ocampos de Barreto por la suma de G. 200 millones y no puede salir del país ni cambiar de domicilio sin autorización del juzgado a cargo de la presente causa penal.
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Los dos procesados que ahora cumplirán arresto domiciliario fueron imputados por la fiscala Sophia Galeano, por presuntamente formar parte de un esquema de venta de cargos y también recategorizaciones dentro del Hospital Central del IPS, así como en otros entes del Estado paraguayo, como la Entidad Binacional Yacyretá.