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Este martes se realizó la audiencia de imposición de medidas, de los últimos detenidos en el caso conocido como “venta de cargos en IPS”, a la enfermera de la previsional Fátima Adelaida González, así también para el abogado y docente Carlos Barreto Ocampos y la contadora Jennifer Karina González González, estos dos últimos serían parte de la estructura de fraude. Todos ellos imputados por estafa y asociación criminal.
La jueza Penal de Garantías Nº 3 Clara Ruiz Díaz dictó la prisión preventiva, en el caso de las mujeres primeramente permanecerán por el plazo de 15 días en la comisaría 12ª Asunción (De mujeres) y luego pasarán, si no hay disposición contraria, al Buen Pastor y en el caso de Barreto, primero en la comisaría 3ª de Asunción y de ahí a la penitenciaría de Emboscada.
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Los tres fueron imputados por la fiscala Sophia Galeano, por presuntamente formar parte de un esquema de venta de cargos y también recategorizaciones dentro del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS), así como en otros entes del Estado paraguayo.
Otro procesado en este mismo caso que corrió la misma suerte es José Genaro Santacruz Frutos, coordinador de servicios del Hospital del IPS, que estaba siendo rastreado por los investigadores. Sin embargo, cayó detenido cuando se presentó en la comisaría 3ª Central de Luque para radicar una denuncia sobre el extravío de su celular. Se presume que Santacruz sería el principal articulador del esquema fraudulento montado.
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La fiscala de la causa, Sandra Ledesma, prosigue con los procedimientos con la finalidad de obtener mayores elementos que evidencien la modalidad bajo la cual actuaban los investigados, que a la fecha totalizan 10 personas. En ese sentido, se cuentan con los celulares de los mismos, que más adelante serán sometidos a una pericia informática de extracción de datos.
Seis procesados por venta de cargos
En lo que va de la investigación sobre la venta de cargos en el IPS, a cargo de la fiscala Sandra Ledesma, hay seis imputados, entre ellos la abogada Fátima Patricia Agüero Stelhik, exabogada de la senadora Zenaida Delgado, y su hermano José Manuel Agüero Stelhik, considerados como eslabones importantes.
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También están procesados Jorge Miguel Aquino Riveros y María Luján Aguilera Chaparro, esta última funcionaria de la previsional. Igualmente, está investigada Zulma Verónica Villalba Colmán, exfuncionaria del IPS y sindicada como “reclutadora” y administradora del dinero recaudado por el esquema.
Aquino –a cuya residencia la gente acudía en masa para solicitar cargos– es el único de los diez procesados beneficiados con arresto domiciliario, pese a que es investigado por los mismos delitos. El joven es hijo del abogado del exsenador colorado Juan Carlos Galaverna, Ramón Aquino, quien se jactó de sus influencias durante el allanamiento a su residencia.
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Otro que está imputado es Eduvigis Espínola, funcionario activo del IPS, sobre quien se sospecha sería el coordinador del grupo de estafadores, según la denuncia de las víctimas.
Todos los nombrados fueron imputados por Ledesma por estafa y asociación criminal, y cumplen prisión preventiva, medida cautelar que fue dictada tanto por la jueza Penal de Garantías Lici Sánchez como por la jueza Penal de Garantías Diana Carvallo.
Investiga unos 60 nombres
José González, director jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS), reafirmó hoy que además de la red de “venta” de cargos, han encontrado indicios de un esquema de venta de medicinas y de “funcionarios” pagados por una ONG. Refirió que se está indagando en una lista de 60 nombres de personas presuntamente implicadas en la red de estafas investigada por el Ministerio Público.
“No tenemos todavía acreditado ese tema de las contrataciones hasta ahora. Los casos que saltaron son personas que supuestamente fueron estafadas, que pagaron y no consiguieron su contrato. Ahora vamos a hacer el cruce de información con el listado de 60 personas que tenemos y, también con el listado de personas que firmaron las planillas (unas 800 personas)”, sostuvo González en conversación con ABC Cardinal.
“Vamos a ver qué servicios prestaron a la institución, si son asegurados, si fueron nombrados, si fueron contratados”, añadió.
El abogado indicó que serían unas 800 personas aproximadamente las estafadas por este esquema. A la fecha, hay seis imputados -tres de estos funcionarios o exfuncionarios del IPS- por el Ministerio Público.